La Asamblea de vecinxs contaminadxs de La Plata, Berisso y Ensenada organizades contra la contaminación de Copetro, empresa que calcina carbón de coque, el combustible que se utiliza en la industria de la fundición de aluminio, acero y otros metales, convoca este próximo miércoles 8 a concentrar frente a la Municipalidad de Ensenada para elevar sus denuncias. Exigen el cese de la actividad industrial que es sostenida desde hace 40 años y que contamina el agua del Río de La Plata, el suelo y el aire. Bajo el lema Basta Copetro los y las organizadoras invitan a participar a toda la comunidad el próximo 8 de septiembre a realizar un Semaforazo en la entrada del Puerto de La Plata, Caccino y Ortíz de Rosas, Ensenada- 06 am, para luego movilizar al Municipio de esa localidad.

ANDAR en Ensenada

(Agencia) Copetro es la única planta del país que calcina y exporta carbón de coque, un subproducto de la destilación de petróleo, proveniente de la Refinería de YPF de La Plata y de otra de Luján de Cuyo, Mendoza. De acuerdo a la Ley 11459, o Ley provincial de radicación industrial, vigente desde 1993, está clasificada como industria de 3ª categoría, es decir, aquella que por su peligrosidad representa “un riesgo para la seguridad, salubridad e higiene de la población u ocasiona daños graves a los bienes y al medio ambiente”.
En efecto, la instalación de una empresa de este tipo en una zona urbana constituye una ilegalidad. La industria opera en el Puerto La Plata, cuyo consorcio de gestión está integrado por representes del gobierno de la provincia de Buenos Aires; los municipios de Ensenada, Berisso y La Plata; y sectores empresariales y sindicales. Desde 2016, uno de sus miembros es Marcelo Jaworski, Director General de Oxbow Argentina.

Natalia Pendas es miembro de la Asamblea de vecinxs contaminadxs que se conformó en el 2019 retomando la lucha contra la industria multinacional de combustión de coque Copetro iniciada en 1982 por la Asociación Barrio Campamento. Ese mismo año presentaron un nuevo recurso de amparo contra el Organismo para el desarrollo sustentable -OPDS, y la industria Copetro luego de realizar un estudio de manera particular, a cargo del Dr. Juan Carlos Bidegain en base a muestras tomadas de los domicilios de vecinos, que los residuos y hollín que se encontraba asentado en superficies y el aire, contenían materiales pesados de la destilación del petróleo altamente perjudiciales para la salud humana, animal, la flora, el agua.

“Nosotros no contamos con estudios epidemiológicos en la zona porque los municipios no brindan esa información, el OPDS tampoco informa sobre la calidad del aire que estamos respirando y eso es información pública que debería ser accesible para cualquier ciudadane. El organismo viola este derecho también y el Acuerdo Regional de Escazú”, explica Natalia Pendas al ser entrevistada por ANDAR. Cabe recordar que dicho acuerdo garantiza el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la Justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe y que Argentina se convirtió en el décimo país en ratificar el texto adoptado en 2018 en el distrito costarricense de Escazú por 22 países de la región. El texto -formalmente denominado por Naciones Unidas como Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe- sólo entrará en vigencia cuando obtenga la ratificación de 11 de los estados firmantes.

“Fuimos siguiendo todos los canales burocráticos que demanda el conflicto. Hemos reclamado en los municipios de Berisso y Ensenada, en los consejos deliberantes. Hay centenares de denuncias en el OPDS, centenares de antecedentes de los y las vecinas de Barrio Campamento de juicios por daños y perjuicios que han resultado favorables. Pero hay que decir que se otorgaron indemnizaciones irrisorias, hubo vecinos que han cobrado 100 mil pesos luego de 20 años de espera. Eso no repara lo dañado. La Asamblea considera que ese no es el camino. Gracias a los avances a las luchas y leyes ambientales podemos recurrir al Principio precautorio, que plantea que ante la presunción de que una actividad es contaminante, perjudicial para la salud y el ambiente, esa actividad debe cesar hasta que se compruebe que no nos afecta. Sin embargo en estos 40 años hemos estado corriendo detrás de la zanahoria y tenemos que ser los y las vecinas las encargadas de demostrar que Copetro contamina y esto debe ser al revés. Es la empresa la que debe demostrar que su actividad no es contaminante para el medio ambiente y es el Estado quien debe controlarlo. Pero es el Estado que viola los derechos ambientales de las y los vecinos porque trabajan por y para las grandes corporaciones”, remata Pendas, miembro de la Asamblea de vecinxs contaminadxs de La Plata, Berisso y Ensenada contra la contaminación de Copetro.

En febrero pasado presentaron un recurso de amparo ante el Juzgado en lo Contencioso y Administrativo N° 3 de La Plata, a cargo del juez Francisco Terrier, por mediación ambiental. El mismo contó con unas 3 mil adhesiones, entre ellas la del intendente de Berisso, Fabián Cagliardi. El Juez dictaminó una medida pre cautelar de cese de operaciones de carga y descarga de trenes y buques, actividades que levantan polvaredas de hollín del coque y que se esparce con los vientos por todo el territorio.

“Cuando eso se descarga se levanta una nube de material pesado o particulado que, según como viene el viento, cae en Berisso o en Ensenada. A La Plata llegan las micropartículas, que es el residuo que se encuentra en los aerosoles y es lo que ingresa con mayor rapidez al torrente sanguíneo a través de las vías respiratorias. Esto que respiramos puede provocar diversas afecciones respiratorias, infecciones oculares, alergias en la piel. También está asociado al desarrollo de diferentes tipos de cáncer”, concluye.