Familiares de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, junto a organizaciones sociales y políticas, marcharán mañana a Puente Pueyrredón en un nuevo aniversario de la masacre de Avellaneda. En el marco del expediente que busca determinar si existió una orden y coordinación represiva de altos funcionarios del gobierno nacional, la justicia federal convocó a declaración indagatoria al ex subsecretario de Inteligencia, Oscar Rodríguez, sin embargo no pudieron aún notificarlo porque no encuentran su domicilio. En las últimas horas, a partir de una presentación realizada por la abogada de las familias, la Cámara Federal de La Plata ordenó al Ministerio de Seguridad de Nación que se abstenga de obstaculizar y hostigar la movilización de mañana. Como ocurre desde la implementación del protocolo antipiquetes, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, dispondrá de un equipo de monitoreo del despliegue de las fuerzas de seguridad.

ANDAR en Avellaneda

(Agencia) “Tememos que se haga la indagatoria y después digan que estos hechos ya están prescriptos”, confesó a ANDAR la abogada de las familias Paula Alvarado Mamani, sobre el pedido para que la justicia resuelva la cuestión de fondo: declarar estos hechos como crímenes de estado y evitar así la prescripción de la causa.

A 24 años de la masacre de Avellaneda, cuando el 26 de junio de 2002 Maximiliano Kosteki y Darío Santillán fueron asesinados durante la represión a grupos piqueteros que pretendían cortar el Puente Pueyrredón, la causa federal que investiga a los responsables políticos de aquel ataque tuvo novedades: el ex subsecretario de Inteligencia durante el gobierno de Eduardo Duhalde, Oscar Rodríguez, fue convocado a prestar declaración indagatoria en el marco del expediente que busca determinar si existió una orden y coordinación represiva de altos funcionarios del gobierno nacional.

Aquel día, desde el celular del ex funcionario salieron tres llamadas al ex comisario Alfredo Fanchiotti, condenado como autor material de los asesinatos en 2006. Sin fecha fijada aún, porque no pueden dar con su domicilio, Rodríguez será indagado por el artículo 294 del Código Procesal Penal que establece que “cuando hubiere motivo bastante para sospechar que una persona ha participado en la comisión de un delito, el juez procederá a interrogarla”, según explicó Paula Alvarado, abogada de la familia Santillán y de Mara Kosteki, hermana menor de Maxi. Además, la letrada presentó varios recursos para que la manifestación prevista para el viernes 26 pueda concretar la caminata sobre el Puente Pueyrredón, y finalmente la sala III de la Cámara Federal de La Plata falló a favor. “El año pasado no se pudo, ahora volvemos a subir al Puente”, comentó la letrada con alegría.

Los camaristas Carlos Alberto Vallefin y Roberto Agustín Lemos Arias ordenaron al Ministerio de Seguridad de la Nación “que arbitre las medidas necesarias a fin de instruir a las fuerzas de seguridad para que se abstengan de realizar actos de hostigamiento, bloqueo o dispersión de las actividades pacíficas a realizarse los días 25 y 26 de junio del corriente año en las inmediaciones de la Estación Ferroviaria Darío Santillán y Maximiliano Kosteki y sobre la estructura del Puente Pueyrredón”, así lo indica el fallo que habilitó el habeas corpus colectivo.

“El Ministerio de Seguridad me había contestado que jamás las fuerzas federales estuvieron en la provincia en estos 24 años”, comentó indignada Alvarado Mamani. En su escrito había planteado que el acto cultural y la subida al puente del 26 se los puede considerar como sitios de memoria, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Me aceptan la competencia, me aceptan el juzgado, pero el Ministerio de Seguridad dice que no tienen ninguna orden y nunca tuvieron, por eso mandé fotos e interpuse también una medida de acción declarativa contra el Ministerio, para tratar el 26 de hacer la caminata sobre el puente, porque todas estas actividades implican un poco de justicia reparativa”, explicó sobre la jornada cultural, evocativa y política que se realizará en la ex estación Avellaneda, ahora rebautizada Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. La marcha sobre el Puente es, precisamente, aquella movilización cuya represión derivó en la masacre de la cual se cumplen 24 años. En aquella oportunidad el reclamo era de un aumento en los subsidios para los desocupados, más alimentos para los comedores populares y un incremento general del salario.

Crímenes de Estado

“Bueno, mire Nora, fue un enfrentamiento de pobres contra pobres, quédese tranquila”, le dijo el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires Felipe Solá a Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, durante una conversación telefónica el mismo 26 de junio de 2002. Esa fue la versión oficial que el gobierno de Eduardo Duhalde hizo circular cuando los heridos aún seguían llegando al hospital Fiorito, tras aquella feroz represión y cacería de militantes de la que participaron las policías Federal, Bonaerense, además de la Prefectura y la Gendarmería. Y ratificó la hipótesis de las familias Kosteki y Santillán sobre la existencia de un plan de los gobiernos nacional y provincial para enviar una señal ejemplificadora en medio de una situación de altísima conflictividad social, que respondiera a la demanda del poder político y económico de castigar la acción directa que cortaba calles y rutas.

La madre de Maximiliano Kosteki, Mabel Ruiz, hizo la primera denuncia sobre las responsabilidades intelectuales de los funcionarios políticos. Esa causa —la número 14.215/03 que lleva como carátula Ruckauf Carlos, Duhalde Eduardo, Solá Felipe s/homicidio simple— estuvo archivada y aunque fue reabierta hace 11 años por la Justicia Federal nada parece indicar que alguno de los acusados deba preocuparse.

“Desde el 2025 no había movimiento en la causa, en 2024 me habían dicho que ordenaban la declaración testimonial de Fanchotti, pero que había que mandar un oficio al Cuerpo Médico Forense, que nunca se envió, entonces vuelvo a pedir eso, y que se resuelva sobre la cuestión de que sean declarados crímenes de estado, es decir la imprescriptibilidad de los hechos”, dijo la abogada. Por eso denunció el retardo en la justicia, pero cuando el asunto llega a la Cámara de Casación le responden que el expediente se está moviendo y no le hacen lugar al planteo por retardo de justicia.

“Justo cuando me responden que no me hacen lugar, sale el proveído de la situación de la indagatoria de Oscar Rodríguez. Y a los pocos días reiteran el pedido al Médico Cuerpo Forense por Fanchiotti, por la carta que me había escrito en el 2024, en la que pedía beneficios a cambio de dar información”, precisó Alvarado Mamani.

Como el Cuerpo Médico Forense no responde, la abogada de las víctimas de la masacre de Avellaneda reclama todos los días. Mientras tanto la Cámara Electoral todavía no pudo encontrar el domicilio de Oscar Rodríguez. Sin embargo, más importante aún es que las responsabilidades políticas de los asesinatos de Kosteki y Santillán sean declaradas como imprescriptibles, en tanto crímenes de Estado.

“Nuestro planteo es que hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos y por eso fue un crimen de Estado, pero tampoco la fiscal (Paloma Ochoa) comparte el enfoque”, agregó. Sin embargo, la causa sigue abierta porque, en definitiva, en los tribunales de Comodoro Py nadie quiere pagar el costo político de volver a cerrarla.

Quieren salir, quieren volver

Al ex cabo de la Policía Bonaerense, Alejandro Acosta, le concedieron la libertad condicional, y esa decisión fue apelada por Alvarado Mamani tantas veces que ahora el planteo se encuentra en la Suprema Corte de la Provincia. En tanto, al ex comisario Alfredo Fanchiotti se la vienen negando. Quizá por eso intentó contactar a la abogada para proponerle negociar su libertad. “Pretendía que nosotros no apelemos cuando él presenta su pedido de excarcelación a cambio de contar cosas, sin precisar cuáles, nosotros obviamente nos opusimos igual y hasta ahora todas las instancias se la han denegado”, precisó la abogada. El punto es que Fanchiotti pretendía un encuentro a solas, pero la respuesta fue que el juez Lijo lo llame a prestar declaración testimonial y lo que tenga que decir lo haga en este ámbito.

“Duhalde quiere ser candidato”, suelta Leo Santillán en diálogo con ANDAR, sobre las intenciones políticas del ex presidente. Para el hermano menor de Darío, este fue un año intenso, donde se mezclan dos realidades: la constancia en mantener el espíritu militante de Darío y Maxi, y la lucha contra la impunidad de los responsables de la masacre. “Hace dos meses también salió Duhalde, en la UNLA, hizo la presentación de un libro sobre su gestión como gobernador, y nosotros fuimos a escracharlo”, recuerda. “Está intentando la vuelta, se quiere presentar como candidato. Eso la verdad que indigna bastante, pero sabemos que no es nuevo, en diferentes momentos desde que pasó la masacre ha intentado salir de vuelta de las sombras, pero nosotros como familiares, después también las organizaciones hemos salido a repudiarlo. Ya hace dos años y medio que Acosta, el otro de los responsables materiales que fue condenado a perpetua, le otorgaron la libertad condicional. Son contrastes, por un lado esto y por otro la lucha que venimos llevando, respecto a la reivindicación de la figura de Darío y de Maxi”, resume Leo.

Los Santillán eran tres, quedaron Leonardo y Noelia. Leo cuestiona el “cajoneo” de la causa por parte del juez Lijo. “Nunca pensamos que iba a pasar lo que pasó en ese momento, pero nosotros lo venimos sosteniendo como familia, acá hubo una premeditación y una planificación para que se dé una represión, para que se pueda hacer una casa de brujas, para acordar con las organizaciones sociales, principalmente piqueteras, que era el sector más dinámico de aquellos años, que estaban en la calle constantemente”, agrega.

Santillán evoca que “veníamos de la crisis del 2001, con los 30 asesinados, y el 26 de junio hubo un intento de un plan para culpabilizar a las organizaciones de insurrección, de sedición, una planificación que no prosperó, es lo que señalamos desde siempre, acá lo diferente y lo más fuerte es que quien está hablando de responsables políticos y de que hubo un orden de mando es Fanchotti, pero si no lo llaman a declarar no se puede avanzar en eso”. Sin embargo, la otra cara de la moneda ilumina el rostro de Leo. “Entendemos que lo de Darío y Maxi se ha instalado socialmente en el imaginario popular, y eso está bueno, pero nos falta la otra parte. Ante la impunidad que se le garantiza a estos tipos, a nosotros nos quedan las acciones en las calles, la acción directa, así como lo hicimos con Duhalde hace diez años también lo hicimos con Felipe Solá, lo hicimos con Aníbal Fernández, y así con Juan José Álvarez, con Genoud”, recuerda. Y afirma que, “a pesar de la desmovilización que ha surgido desde la asunción de Milei, no nos ha quitado las ganas de justicia, aunque haya una justicia clasista y adversa, como lo que hace el juez Lijo, que el año pasado estaba procesando a compañeros que estaban al frente de comedores. Entonces, más allá de toda la impunidad que rodea la causa, estamos bastante enteros como familia, como compañeros”.

Leo piensa que “todo lo que pasó ese día, la manera en que lo asesinan a Darío socorriendo a la Maxi, termina siendo un ejemplo, profundiza en cuanto a los valores que tenía Darío y en cuanto a los valores que se construyen desde la organización, hace ya 24 años que venimos luchándola, pero poder estar con un grupo humano de compañeros y compañeras que se ponen a disposición nuestra como familia nos hace bien, nos fortalece, yo estoy bastante movilizado, un poco más tranquilo”.