Vanessa Gómez Cueva fue sorprendida, a comienzos de febrero, por una comisión del Área de Personas Desaparecidas y Prófugas de la Policía Federal que la sacó de su casa con el pretexto de un trámite judicial pendiente. En vez de unas pocas horas, la diligencia se convirtió en una compulsiva e inmediata expulsión del país. A dos meses de la deportación, no obstante, Vanessa y su abogado Juan Villanueva luchan por retrotraer la orden de Migraciones desde el intricado plano judicial. Al mismo tiempo, un relator sobre migraciones de la CIDH le requirió explicaciones al Estado argentino, y Amnistía Internacional lanzó una campaña con la exigencia de que se revierta la orden de expulsión.

ANDAR en Buenos Aires

(Agencia) Vanessa Gómez Cueva tiene 33 años y más de la mitad de su vida transcurrió en Argentina, donde tuvo a sus tres hijos –niños de 2 y 5 años y una niña de 14-, se recibió de enfermera en La Plata donde además realizó cursos de especializaciones y, hasta febrero pasado, trabajaba cuidando personas mayores.

Hoy la mujer intenta adaptarse a su nueva vida en la ciudad de Lima, Perú, adonde fue trasladada compulsivamente y mediante un procedimiento plagado de irregularidades, y ni siquiera le permitieron despedirse de sus hijos de 5 y 14 años.

El motivo de la expulsión, de acuerdo a la solicitud de la Dirección Nacional de Migraciones y la orden emanada del Juzgado en lo Contencioso Administrativo 5 a cargo de la jueza María Alejandra Biotti, fue una vieja cédula de notificación de expulsión dejada en 2015 en un domicilio en el que Vanessa ya no habitaba desde hacía tiempo.

Es decir, ni aquel año ni en febrero pasado la joven pudo saber acerca de la orden de expulsión, originada en base a una condena penal por infracción a la ley de drogas por la cual ya había sido liberada.

En diálogo con ANDAR, el abogado que representa a Vanessa, Juan Villanueva, explicó las múltiples dificultades que implica la resolución favorable de este caso teniendo en cuenta las irregularidades procesales y hasta los delitos cometidos por la comisión de la Policía Federal que la sacó de su casa mediante ardid, antes de subirla a un avión con destino a Lima.

Sin embargo, el abogado está convencido de que la movilización y visibilización social, además de la presión local de organismos de derechos humanos y de instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional, pueden llegar a lograr que, al menos, por un “extraño sentido del honor, los funcionarios de Migraciones y las instancias judiciales que intervienen en el caso decidan en algún momento arreglar esta animalada, este grosero error del que nadie quisiera hacerse cargo”.

En este sentido, Villanueva enumeró: “Primero, la Policía Federal con la mentira; luego, la llevan –con su niño de 2 años- a una sede policial en la que yo mismo constaté que no había ni luz ni agua; los efectivos ni siquiera sabían de qué juzgado había emanado la orden; de allí la llevan al aeropuerto de Ezeiza y la alojan en un sótano hasta que la obligan a subir al avión. Y esto sólo es el comienzo de las irregularidades y delitos cometidos”.

Cabe destacar que Vanessa no estaba prófuga ni fue hallada en el momento de la comisión de un delito: se trata de los efectos que paulatinamente genera la aplicación del decreto 70/2017, orientado a la expulsión de extranjeros sin considerar motivos ni garantizar derechos de defensa.

La CPM ya ha advertido sobre estos procedimientos administrativos con plazos exiguos, sin asistencia jurídica gratuita y con el grave efecto estigmatizante sobre sectores vulnerables. En el informe anual 2018 se señaló que el decreto “instaura el estatuto de la deportación sin juicio que habilita la persecución”.

El mismo viernes 1 de febrero –día de detención de Vanessa- por la madrugada, el abogado Villanueva presenta ante un Juzgado Criminal Correccional en turno una acción de habeas corpus, que es rechazado a las pocas horas bajo pretextos tan endebles como la afirmación de que con la expulsión no la separaban de sus hijos.

Por la mañana del sábado apela el rechazo y mientras tanto el abogado se dirige a Ezeiza donde ya habían trasladado a Vanessa. La apelación también es rechazada, y dos días después Villanueva se presenta ante el Juzgado Contencioso Administrativo 5 –que había autorizado el pedido de expulsión solicitado por Migraciones- donde interpone una medida de amparo para frenar la expulsión.

Allí toma contacto, por primera vez, con el expediente de la deportación: no se consignaba ningún estudio socioambiental sobre Vanessa y sus hijos; se afirmaba, falsamente, que había recibido una condena por trata de personas; asimismo, se consignaba que la joven había solicitado la reunificación familiar con un esposo argentino, también inexistente; nunca fue notificado un defensor de Niñez; entre otras irregularidades en el expediente.

El amparo fue rechazado in limine por considerarlo extemporáneo por parte de la magistrada, a pesar de que, al momento de la presentación efectuada por Villanueva, ella le había manifestado que le permitiría dar curso a una apelación: “Claramente en ese interín hubo algún llamado o intervención directa de Migraciones”.

De allí que, rechazado el habeas corpus en sede criminal correccional y dejado pendiente el amparo en lo Contencioso Administrativo para frenar la expulsión, las vías judiciales llegaron a un punto de estancamiento ya que Vanessa, efectivamente, fue sacada del país con orden de prohibición perpetua para reingresar al país. Ahora el abogado tramita un recurso extraordinario ante Casación y, en caso de ser denegado, lo hará ante la Corte Suprema.

“Por otra parte, el viernes 8 de febrero me reuní con el director de Migraciones, con el director de Inmigración y con el director de Extranjero Judicializado y les conté el caso en profundidad, les mostré las irregularidades. Me dijeron que normalmente no reconsideran estos casos pero, visto el estado público del caso de Vanessa y las irregularidades mencionadas, me dijeron que hiciera una presentación formal y que ellos iban a ver cómo lo podían resolver. Aún no se resolvió nada”, detalló el abogado.

“Ahora estoy empezando a trabajar en una cautelar para presentar ante  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Creo que es importante la intervención de ese organismo. Y quiero destacar que el relator de migraciones ante  la CIDH vino la semana pasada al país, le conté el caso de Vanessa y a partir de allí él se reunió con Migraciones e Inmigración Nacional. Les pidió explicaciones sobre el caso de Vanessa. Hay que ver hasta cuándo quieren seguir con esto. Ya tienen presión por varios lugares. Deberían reconocer el error”, manifestó.

También Villanueva valoró el aporte que realiza Amnistía Internacional en la búsqueda de visibilizar la injusta expulsión y exigir, mediante una intensa campaña, que se retrotraiga la orden judicial para que Vanessa pueda regresar y continuar con su vida en Argentina junto a sus hijos.