Plomo en sangre, enfermedades en la piel y en las vías respiratorias, degradación del suelo e infraestructuras urbanas desbordadas. Basurales, agrotóxicos e inundaciones. Derecho a un ambiente digno es, en el último tiempo, uno de los principales reclamos de las escuelas y organizaciones territoriales que participan del programa Jóvenes y Memoria: una escuela rural de Chascomús, otra en el barrio Ejército de Los Andes y una organización de Haedo al borde del río Mujica son algunos de los equipos de investigación que trabajaron el tema en esta convocatoria del programa de la Comisión Provincial por la Memoria. Más de 3 mil jóvenes ya pasaron en estos primeros días del encuentro de cierre en Chapadmalal.

ANDAR en Chapadmalal

(Agencia Andar) La Escuela de Educación Secundaria 7, extensión Manantiales 2070, está ubicada a 30 kilómetros del casco urbano de Chascomús; por su ubicación geográfica es considerada una escuela rural. Rodeada de campos destinados a la producción agrícola extensiva. “Según investigaciones previas, en Argentina se fumigan a diario decenas de escuelas rurales sin tener en cuenta el efecto contaminador a la salud de sus habitantes y el medio ambiente”, se especifica en el proyecto “Paren con los agrotóxicos”, que las y los estudiantes de la EESN 7 presentaron en el XVII encuentro de cierre de Jóvenes y Memoria.

“En 2016, la asamblea Paren de fumigarnos logró que se sancione una ordenanza que regularice el uso de agroquímicos; se establecía, por ejemplo, la imposibilidad de fumigar a 1.500 metros de las casas; sin embargo, los aviones siguen fumigando, no respetan tampoco la imposibilidad de fumigar los días de viento o lluvia”, relata Nicolás, uno de los jóvenes de la EESN 7. Y agrega: “Trabajamos este tema porque nos afecta directamente, nuestra escuela está en zona de fumigaciones. Justo ahora, el campo que está pegado a la escuela no está arrendado pero durante mucho tiempo estuvimos expuesto a los agroquímicos”. El riesgo sigue estando.

La situación de la EESN 7 de Chascomús no es única, según el Movimiento agroecológico de La Plata, 700 mil niños, niñas y adolescentes “son fumigados en horarios de clase mientras ejercen su derecho a la educación en las escuelas rurales del país”. Nicolás recuerda el olor y la quemazón al respirar después de una reciente fumigación: “A nivel de la salud, estos agroquímicos producen enfermedades respiratorias, circulatorias, casos de cáncer. Pero, además, el glifosato en contacto con el agua genera un efecto mortal para la fauna. Quema la tierra que tarda años en eliminar el contenido tóxico de estas fumigaciones”.

En el documento de la convocatoria al 1º encuentro regional de pueblos y ciudades fumigadas se describe que, en la región capital de la Provincia 8 de cada 10 muestras de lluvias presentan distintas concentraciones de atrazina y glifosato, mientras que de una serie de estudios realizados sobre 38 alimentos (frutas, hortalizas, cereales y oleaginosas) fueron hallados 82 agrotóxicos distintos, de los cuales el 44 por ciento son cancerígenos.

El glifosato, el principal y más conocido de estos agroquímicos, fue considerado cancerígeno para los seres humanos por la Organización Mundial de la Salud.

Nicolás señala que la regularización de los vuelos de fumigaciones sería un avance porque, por lo menos, evitaría la exposición al veneno, pero también sabe que la solución de fondo es mutar hacia un modelo productivo seguro para la salud y el medioambiente. “La agricultura ecológica propone un modelo sustentable en el tiempo, no permite el uso de químicos que modifiquen el ADN vegetal ni tenga elementos tóxicos”.

Mientras tanto el modelo hegemónico impuesto por el agronegocio sigue degradando los suelos y contaminando los cursos de agua. “No sólo hay una multinacional como Monsanto detrás que tiene mucho poder sobre el Estado, y el mismo Estado permite esto porque prefiere una producción extensiva que maximice ganancias aunque sea a costa de un modelo sustentable de producción”, cierra Nicolás.

Contaminación y vivienda: la doble exclusión

La cámara inicia su recorrido en uno de los edificios del barrio Ejército de los Andes, popularmente llamado Fuerte Apache, y acompaña el camino hasta la Escuela de Educación Técnica 4 de Tres de Febrero. En ese travelling, la cámara se detiene en los focos de basura, en las precarias condiciones edilicias del barrio, en las calles anegadas, en las cloacas rebalsadas.

“Nos preocupa porque el colegio al que concurrimos está en el barrio y nos preocupa la seguridad tanto nuestra como de nuestras familias en relación a las enfermedades que se puedan contraer por la proliferación de la basura y el agua sucia”, explican los estudiantes de la Técnica 4 en el proyecto presentado en esta convocatoria de Jóvenes y Memoria. “A medida que avanzábamos en la investigación íbamos notando la ausencia del Estado para poder garantizar no sólo la recolección de residuo y la infraestructura del barrio”, cuenta Leonel. Y Lautaro agrega: “Hay reclamos al Estado municipal desde hace años, pero nunca hubo respuesta”.

En el sector norte de la localidad de Ciudadela, partido de Tres de Febrero, Fuerte Apache es un complejo habitacional de 26 manzanas donde viven aproximadamente 100.000 personas distribuidas en 13 nudos (edificios de 10 pisos), 50 tiras (edificios de 3 pisos) y monoblocks. En cada una estas construcciones hay 2 ó 3 containers para depositar residuos y que deberían ser vaciados, por la empresa recolectora, dos veces por semana. “Eso no se cumple y los días de lluvia ni siquiera entran los camiones. Pero aun cuando cumplieran con ese cronograma la verdad es que esa frecuencia no alcanza”.

“Ante la falta de recolección de residuos, los volquetes rebalsan y la basura que se acumula trae un montón de problemas para la salud, además de los olores y la presencia de roedores”, precisa Lautaro. A esta crisis ambiental se le agrega un dato aún más alarmante y que da cuenta de la situación de abandono por parte del Estado: desde hace un tiempo, la salita sanitaria del barrio está cerrada por falta de doctores.

La contaminación es parte de la crisis habitacional, la infraestructura del barrio se vio saturada por las demandas habitaciones y una población que va en aumento. “Son viviendas sociales que no tienen mantenimiento, muchas de las estructuras edilicias están deterioradas, algunas incluso con peligro de derrumbe. Las bombas de agua no dan abasto, las cloacas rebalsan y, los días lluvias, el barrio se inunda”, cierra Leonel.

En las periferias de los grandes centros urbanos, la contaminación aparece estrechamente vinculada con la pobreza y la falta de acceso a la vivienda. El problema ambiental también es un problema político que debe pensarse en términos de la inseguridad social que sufren los sectores más vulnerables de la sociedad. Un ejemplo de esta situación de precariedad fue el proceso de suburbanización, como resultado de la emergencia habitacional y que llevó a los sectores populares a habitar tierras sobre las cuencas de los arroyos.

El Ranchito es una organización territorial de Haedo que trabaja con niños, niñas y adolescentes de la comunidad que está conformada entre los barrios Obrero, Unión y Fuerza, y Néstor Kirchner. Barrios atravesados por un brazo de la cuenca Matanza-Riachuelo. “Vivimos entre inundaciones y aguas contaminadas”, sintetizan Micaela y Ezequiel del Ranchito.

La cuenca Matanza-Riachuelo es una de las más contaminadas del mundo, afecta a unos 5 millones de personas y atraviesa 14 municipios. En ese territorio funcionan también millares de industrias que arrojan sus residuos en los cursos de agua. En 2004 vecinos demandaron al Estado nacional, de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 44 empresas por daños y perjuicios a raíz de la contaminación del riachuelo. En 2006 la Corte Suprema intimó a los demandados a que presenten un plan de saneamiento. Más de 10 años después, poco se avanzó mientras tanto las empresas, que siguen contaminando, apenas son multadas.

“Los enfermeros de la salita nos contaban que muchas de los pacientes que reciben presentan forúnculos o sarpullidos que son por el uso de agua contaminada. Y muchos tienen también plomo en sangre”, detalla Ezequiel. En el informe de 2017, la autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo determinó que hasta un 40% de la población que vive en la zona presenta plomo en sangre.

Junto al peligro de las inundaciones y el contacto con agua contaminada, el proyecto de investigación de El Ranchito señala, además, que la exposición al río Mujica se complementa con otros dos focos de contaminación: basurales y torres de alta tensión. “Vivimos con el miedo a las enfermedades o las inundaciones que se llevan todo”, concluye Ezequiel.

Agrotóxicos, desechos industriales y basurales. Un mercado sin regulación y un Estado ausente: el derecho a un ambiente digno es para, amplios sectores de la sociedad, una deuda de la democracia. Y es parte de esa agenda política que, año a año, escuelas y organizaciones territoriales de toda la provincia llevan al encuentro de cierre en Chapadmalal.