La Asociación Civil de Familiares Detenidos en cárceles federales (ACIFAD) presentó una denuncia contra el Grupo Clarín por un informe televisivo que, vulnerando derechos y garantías constitucionales, difundió imágenes de niños, niñas y adolescentes del Bajo Flores a quienes sindicaban como “peligrosos” y condenaban públicamente sin ninguna prueba que acredite los delitos que les imputaban. Lejos de ser una excepción, los medios de comunicación vienen criminalizando a los jóvenes de los barrios populares. En noviembre pasado, por un informe similar sobre el barrio Carlos Gardel, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) realizó una presentación ante la Asesoría de Menores e Incapaces del Departamento Judicial de Morón; y, en esta oportunidad, acompaña la nota de ACIFAD.

ANDAR en los medios

(Agencia) Recientemente el programa del canal Trece, “Nosotros a la mañana”, emitió un informe sobre la supuesta banda a la que pertenece Brian González, indicado por los medios de comunicación como el homicida de Brian Aguinaco, aún cuando no exista sentencia ni pruebas que acrediten su participación en el hecho. A partir de esa condena mediática, el informe buscó mostrar cómo operaría la banda del barrio de Bajo Flores; otra condena que, como la anterior, carece de validez y fundamentación, que sólo se sustenta en versiones, en dichos. Otra condena que sólo parece legitimarse en el sentido común mediático, un sentido construido sin respetar derechos y garantías constitucionales, y demostrando una vez más la falta de ética profesional e insensibilidad social de vastos actores de la comunicación.

En respuesta a este informe televisivo, la Asociación Civil de Familiares Detenidos en cárceles federales (ACIFAD) —con la adhesión de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y el Centro de Estudios de Políticas Criminal y Derechos Humanos— presentó una denuncia contra el Grupo Clarín por  “serias vulneraciones de derechos y garantías de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA) pertenecientes al barrio de Bajo Flores”.

En el escrito se detalla que la difusión de los rostros de jóvenes con sus nombres y redes sociales, sin ningún tipo de consentimiento de ellos ni sus padres, “afectó la libertad, intimidad y dignidad de esos chicos”, y significa la violación de los estándares legales vigentes en materia de protección y promoción de los derechos y garantías para la Niñez, a nivel nacional como internacional.

A su vez, durante la publicación de estas imágenes, los periodistas sindicaban a estos jóvenes como “peligrosos”, como los pibes “que tienen aterrado el barrio de Bajo Flores”. Estos discursos estigmatizantes, que no descansan sobre la base de ninguna prueba, refuerzan un estereotipo que construye desde hace tiempo el nuevo enemigo social: los jóvenes de los barrios más pobres. Esto es la criminalización de la pobreza. Y, lamentablemente, no es un caso aislado sino todo lo contrario. Estos discursos estigmatizantes y discriminatorios marcan la agenda de los grandes medios de comunicación.

Por un informe similar realizado en el barrio Carlos Gardel, y a raíz de una presentación de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), la titular de la Asesoría de Menores e Incapaces de Morón, Elena Borthiri, denunció los hechos en el Juzgado de Familia Nº 6. En su fallo, el tribunal reconoció que la difusión de imágenes que permitirían revelar la identidad de NNyA es contraria a la legislación vigente y resolvió que debían tomarse las medidas necesarias para resguardar los derechos a la intimidad y dignidad de los involucrados.

Frente a este nuevo hecho denunciado por ACIFAD, y acompañando su reclamo, la CPM remitió una nota al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) expresando su preocupación ante las graves y serias vulneraciones de los derechos y garantías de NNyA del barrio de Flores de la Ciudad de Buenos Aires. Y advirtió que “el análisis simplista —por parte de los medios de comunicación— de los acontecimientos, tiende a criminalizar a un sector de la sociedad a través de estereotipos basados en prejuicios y fomenta un discurso vindicativo que reclama mayor presencia del Estado en su faz represiva”.

Estos discursos revisten, en sí mismo, de gravedad institucional no sólo porque vulneran los derechos de NNyA reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales sino porque, al mismo tiempo, contribuye desde los medios de comunicación a sostener una política criminal que se basa exclusivamente en la persecución y hostigamiento de los sectores más vulnerables de la sociedad. Política criminal que sólo ha generado más violencia y más violaciones a los derechos Humanos.

Aún más preocupante, resulta que estos informes televisivos, donde se señalan como “peligrosos” a los jóvenes de los barrios pobres, aparezcan en un momento donde determinados sectores políticos y de la sociedad reclaman que se baje la edad de imputabilidad. Como también, se señaló incansablemente, la baja de la edad de imputabilidad no soluciona los problemas de inseguridad sino que los agrava.