En la primera audiencia del juicio oral por el homicidio de Gabriel Blanco en la comisaría 2º de San Carlos, La Matanza, testimoniaron sus familiares y y tanto la fiscalía como la querella expusieron sobre la responsabilidad de los imputados. La Comisión Provincial por la Memoria actúa como veedora del proceso.

ANDAR en la Matanza

 (Agencia) “El relato de la noche en que asesinaron a Gabriel termina con un patrullero llegando a la casa de la familia para decirles que había decidido ahorcarse en la comisaría. Por supuesto que el ahorcamiento en comisaría es una de las prácticas más extendidas de los casos de violencia institucional, de torturas y homicidio”, señaló Margarita Jarque, directora del programa de Litigio Estratégico de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que realiza la veeduría del juicio y presenció la primera audiencia acompañada por Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo e integrante del organismo.

Tanto la fiscalía como el abogado de la familia de Gabriel expusieron en esta primera audiencia del juicio sobre la responsabilidad de los tres imputados acusados por torturas seguidas de muerte -el subcomisario Rubén Darío Suárez, el suboficial Ariel Emiliano Gómez y el oficial Pablo Balbuena- y del comisario inspector Claudio Horacio Hundayn y el subjefe de la comisaría Daniel Omar Dos Santos, por encubrimiento agravado en relación a los hechos cometidos contra la victima.

“Los testigos que prestaron declaración hoy, que son los familiares de la víctima, explicaron con claridad el momento en que le entregaron el cuerpo de Gabriel en su casa todo arreglado para el velatorio, sin antes permitir reconocerlo en la morgue. Allí, encontraron todas las evidencias de las torturas que había sufrido: moretones, hundimiento en la frente, marcas de las esposas con las cuales lo tuvieron detenido y la falta de siete piezas dentales”, explica Margarita Jarque y detalla que “para ratificar eso se realizó una reautopsia y se hicieron una serie de pericias que descartan que Gabriel se haya podido suicidar con un cable de luz en la celda, como aseguraban los policías”.

En la jornada declararon la madre de Gabriel, Carmen Cuomo, la compañera de aquel momento, Yolanda Griselda Silveira, y su cuñado, Sebastián Fabián Abreú. Todos los testigos coincidieron en la reconstrucción de los hechos, reconociendo un previo hostigamiento de la policía a Gabriel, la imposibilidad de comunicación con la víctima durante su corta detención -a Gabriel se lo llevaron detenido la noche del 1 de marzo y lo devuelven a su familia muerto durante la madrugada del día siguiente-, la ausencia de motivo de detención previa a su muerte y el reconocimiento de golpes severos en el cadáver.

Además de la CPM, estuvieron presentes en el juicio los abogados y miembros de la APDH La Matanza, que viene acompañando a los familiares desde el inicio de su lucha. Pablo Pimentel, presidente de la organización, señaló: “llegamos a este juicio en condiciones totalmente desfavorables porque los policías que estaban detenidos preventivamente les dieron la detención domiciliaria, sumado al pedido de revisión de la reautopsia y la reconstrucción de los hechos”. Pedimos a los poderes, funcionarios y organismos que sigan de cerca este juicio para evitar que quede impune el asesinato de Gabriel”.

Asimismo, la abogada de la CPM refirió: “Esperamos que todas estas pruebas también sean auspiciosas para el resultado de la condena de quienes ejercen esta violencia en general sobre los cuerpos y cargándose la vida de los sectores mas pobres, jóvenes y pobres”.

Gabriel Blanco tenía 21 años, trabajaba armando escenarios y haciendo otras changas por los barrios del conurbano y vivía junto a su compañera Yolanda y su hijo, cuando fue detenido a unas cuadras de su casa. Su negativa a trabajar para la policía de la zona lo había convertido en blanco de hostigamiento sistemático. Además de una relación conflictiva con un policía de la zona que “un día lo corrió a Gabriel hasta casa, persiguiéndolo borracho con un cuchillo”, según relató en la audiencia el padre de la víctima, Teólfilo Blanco. En marzo de 2007 fue detenido por agentes de la comisaría 2° de San Carlos. Luego de ser brutalmente golpeado, su cuerpo apareció sin vida en una puesta en escena que sugería que el joven se había suicidado en la celda.  

La CPM se presentó como veedora del juicio a fin de detectar y denunciar prácticas judiciales que pudieran resultar vulneratorias de los derechos de las partes y los testigos, tal como lo viene haciendo en los últimos años en casos de violencia institucional. Del mismo modo, esta acción contribuye con la posibilidad de desarrollar acciones de difusión y promoción.

Participación en los juicios

En los últimos años la CPM ha participado como veedora de una serie de juicios por violencia institucional como el de Fabián Gorosito, en donde la institución presentó una denuncia contra los integrantes del Tribunal Oral Criminal Número 5 de Morón que absolvieron en agosto de 2013 a los 11 policías juzgados por su asesinato. A través de su veeduría, la CPM consideró que los jueces de la causa actuaron en forma “parcial”, e incurrieron en serias irregularidades que configuran causales de destitución por mal desempeño de sus funciones.

En el mismo sentido, la Comisión participó del juicio Reina Maraz Bejarano, una mujer indígena y pobre acusada del asesinato de su marido. Por medio de la presentación de un amicus curiae y de la veeduría del juicio el organismo de derechos humanos permitió la visibilización y promoción del caso y el derecho a la palabra de la imputada en su propia lengua.

También durante el año pasado, la CPM participó del juicio contra Leonel Luna en Quilmes, un joven de 16 años acusado de homicidio en una causa fraguada que culminó con la absolución del imputado.

“Realmente cada una de estas intervenciones arrojó un resultado diferente. Hay tribunales que son mas abiertos a esta participación y la valoran más, a otros les cuesta un poco más recepcionarlo, pero creemos que es un ejercicio de control por parte de la sociedad que no solamente es interesante, sino que muchas veces es necesario para que la impunidad no se plasme en estas causas de violencia institucional, violencia estatal”, expresó Margarita Jarque.

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