Con motivo del reclamo que la comunidad Iwi Imemby viene realizando en pedido de tierras aptas para su desarrollo, la Defensoría Nacional del Pueblo convocó a una reunión entre autoridades nacionales, provinciales y municipales y organismos de derechos humanos a fin de darle cause a la resolución del problema. La Comisión Provincial por la Memoria participará del encuentro que se realizará el próximo lunes 9 de marzo.

ANDAR en pueblos originarios

(Agencia) La comunidad Iwi Imemby -Hijos de la Tierra- vivía en Salta pero fue expulsada y ahora reside en Buenos Aires. Habitan el barrio “El Peligro” en La Plata y se encuentran a la espera de tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano, lo que implica que “las tierras que debe recibir la comunidad por el despojo sufrido en el año 2003,como hecho de repertorio. Dichas tierras tienen que ser aptas para poder desarrollarse económica y culturalmente, ya que la Comunidad pertenece al Pueblo Ava Guaraní y de acuerdo a su cultura es un pueblo agricultor”, explicó Mariana Katz, directora del programa de Pueblos Originarios y Migrantes de la Comisión por la Memoria dela provincia de Buenos Aires.

En este marco, el próximo lunes 9 de marzo se realizará la segunda reunión de la mesa de diálogo convocada por la Defensoría del Pueblo de la Nación, al que asistirán representantes de la comunidad,  integrantes de los programas de Litigio Estratégico y  Pueblos Originarios y Migrantes de la CPM, miembros de la UNLP y representantes de distintas áreas de los gobiernos Nacional, Provincial y Municipal.

La CPM viene acompañando y asesorando a la comunidad Iwi Imemby en su reclamo de tierras aptas y suficientes exigiendo el respeto de los derechos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales a los pueblos indígenas.

La comunidad Iwi Imemby vivía en Oran, Salta, pero hace diez años que se encuentra viviendo en el Paraje El Peligro de la ciudad de La Plata. En 2003, la empresa “SEABORD CORPORATION”, propietaria del Ingenio San Martín del Tabacal, consideraba que las tierras en donde se asentaba la Comunidad eran de su propiedad, por lo que solicitó una orden de desalojo al Juez Oscar Blanco, quien autorizó  la medida violando los derechos territoriales y  de debido procedimiento legal.

Según un informe realizado por el programa Pueblos Originarios de la CPM: “La empresa adquirió ‘tierras fiscales’ aledañas para la plantación de soja y al momento de ejercer la posesión, la empresa toma conocimiento de que las tierras adquiridas no estaban libres de ocupación, por lo tanto realizaron denuncias de ‘usurpación’ y ocurren los hechos que se mencionaron precedentemente”.

A partir de 2012 la comunidad logró organizarse para reclamar por sus derechos y en septiembre de 2014, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas le entregó a la comunidad el registro de inscripción de su personería jurídica al RENACI, asentado en la resolución N° 751.

A partir de este logro la comunidad pudo realizar la petición de fondo del conflicto: la devolución de tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano. El pedido de la comunidad se basa en que para que se efectivice el derecho que ellos tienen a la tierra se debe considerar el derecho de los niños, niñas y adolescentes de la comunidad a su territorio, que implica poder desarrollar su identidad cultural.