El 31 de agosto de 1986, tras una extensa convocatoria, un congreso constitutivo reunido en Mar del Plata fundaba el Sindicato Unificado de Trabajadorxs de la Educación (SUTEBA). En un encuentro realizado ayer en La Plata, se celebraron los 35 años de historia del sindicato marcados como reconocen sus dirigentes por la lucha en defensa de la escuela pública y el derecho social a la educación. Participaron del acto funcionarios del gobierno nacional y provincial, referentes y organismos de derechos humanos, entre ellos la Comisión Provincial por la Memoria. Balance y desafíos de estos 35 años. “La educación debe ser el eje principal de un país que quiere ser justo y soberano”, dice la secretaria de derechos humanos de SUTEBA, Patricia Romero.

ANDAR en la educación

“Durante todos estos años defendimos y seguimos defendiendo el derecho social a la Educación, con el compromiso intacto con nuestros pibes y pibas, y con toda la Comunidad Educativa para transformar la realidad y construir una Patria justa, libre y soberana”, expresó el secretario general de SUTEBA Roberto Baradel, durante el acto que se realizó este 31 de agosto para celebrar los 35 años del sindicato que hoy tiene unos 100 mil afiliados y afiliadas en toda la provincia de Buenos Aires.

El encuentro, que se realizó presencialmente en La Plata y que se pudo seguir también de vía remota, contó con la participación del Ministro de Educación de Nación Nicolás Trotta, su par bonaerense Agustina Vila, las ministras provinciales Mara Ruiz Malec y Estela Díaz, autoridades nacionales y provinciales, referentes y organismos de derechos humanos, entre ellos la Comisión Provincial Por la Memoria (CPM).

En diálogo con ANDAR, la secretaria de derechos humanos de SUTEBA Patricia Romero señaló que fue un día emotivo y de celebración para evocar 35 años de una lucha consecuente con los ideales que forjaron el sindicato: “El camino que hicimos fue en la defensa de la escuela pública y el derecho social a la educación. Una lucha por una escuela para forjar el futuro de nuestros pibes y pibas, por condiciones dignas paras los trabajadores y trabajadoras de la educación, por capacitaciones, infraestructura y salarios. De todo esto hablamos cuando hablamos de defensa de la escuela pública”.

Además de la presencia de las autoridades nacionales y provinciales, Romero destaca particularmente la participación de referentes y organismos de derechos humanos. “Es un recorrido que hicimos con el ejemplo de lucha de las Madres, Abuelas y los organismos de derechos humanos. Siempre tuvimos presente nuestra historia reciente, como camino para la defensa de los derechos humanos, tanto fue así que, en el congreso constitutivo de 1986, se dejó una silla vacía en la mesa, que representaban a los 30 mil desaparecidos”, recuerda Patricia Romero.

“Una de las políticas gremiales centrales es la temática de derechos humanos en las aulas, hacer de la escuela un espacio real de transmisión y resignificación de la memoria con verdad y justicia. Por eso también destaco tantos años del programa Jóvenes y Memoria de la CPM, recuerdo que ya en los primeros años articulábamos desde las seccionales de SUTEBA para hacer llegar los materiales y gestionar las inscripiciones para que docentes y estudiantes sean parte de ese programa. Es decir, los derechos humanos más que un compromiso, son constitutivos del SUTEBA”, agrega.

Hitos de 35 años de lucha

Tras una extensa convocatoria a distintos sindicatos distritales, delegados y delegadas de toda la provincia reunidos en el congreso constitutivo que se realizó en Mar del Plata fundaban el 31 de agosto de 1986 el Sindicato Unificado de Trabajadorxs de la Educación. “El SUTEBA se gestó en la lucha contra la dictadura, que tuvo su expresión más contundente en el primer Paro Docente a la dictadura el 1º de junio de 1983”, describe el comunicado del sindicato por los 35 años de historia.

En octubre, mes de la identidad, el Sindicato va a lanzar el registro único unificado de trabajadores de la educación de la provincia de buenos aires detenidos y desaparecidos. Hasta el momento, se estima que son más de 600 les docentes desaparecides durante la dictadura cívico-militar.

Desde su fundación hasta el presente, la secretaria de derechos humanos de SUTEBA, Patricia Romero, evoca varios momentos emblemáticos de la lucha de los y las trabajadoras de la educación: la marcha blanca en 1988, la marcha federal contra el neoliberalismo en 1994, los 1003 días de la Carpa Blanca frente al Congreso de la Nación en esa misma década y las dos marchas educativas en los cuatro años que gobernó la alianza Juntos por el Cambio en Nación y Provincia.

“En esos inicios, tuvimos que enfrentar las consecuencias económicas de los 90, que venían a profundizar las políticas de desmantelamiento de la dictadura. Las banderas de esa lucha fueron las mismas que en la marcha del 88: la defensa de la escuela pública, igual salario docente en todo el país, el reconocimiento de la educación como un derecho social y no como un servicio, y que el Estado no se deshaga de la responsabilidad de sostener la educación pública”, recuerda Romero.

“El neoliberalismo siempre aplicó políticas de destrucción de la identidad de nuestros pueblos, y siempre señaló a la educación y las organizaciones sindicales de quienes defendemos a les trabajadores y la educación pública”, agrega la referente gremial.

La derogación de la Ley Federal de Educación, la sanción de las leyes de paritaria nacional y financiamiento educativo, son sólo algunas de las conquistas que enumera Romero en la conversación. “Una vez que logramos una ley, como decía Stella Maldonado, es nuestro decálogo de lucha, pero todavía hay que lograr que cada punto de la ley se cumpla, eso es responsabilidad del Estado. La educación debe ser el eje principal de un país que quiere ser justo y soberano”.

Desafíos: la escuela de la pospandemia

“La Pandemia cristalizó las grandes diferencias sociales, los pibes que perdieron el vínculo con la escuela son los pibes más golpeados en estos últimos cuatro años, esa franja de pobreza estructural, a la cual no nos podemos resignar, son pibes con derechos vulnerados. Nosotros tenemos el compromiso de ir a buscarlos y necesitamos el compromiso del Estado para que estos pibes sepan que los queremos en la escuela, reingresando y finalizando los estudios”, describe Patricia Romero.

La escuela ya no es la misma de la pre-pandemia, se modificaron las prácticas pedagógicas y las metodologías de trabajo, ya es imposible de hablar de una escuela sin instrumentos tecnológicos. “En el plenario de secretarios generales de SUTEBA votamos abrir un debate provincial para pensar la que escuela que queremos y que necesitamos. Para pensar y proyectar las leyes y políticas públicas que, con la vuelta definitiva a los establecimientos, vamos a necesitar en los territorios para contener las trayectorias educativas de nuestros estudiantes, necesarias para ir a buscar a los pibes que se cayeron del sistema educativo a pesar de este esfuerzo del docente”, señala.

Junto a las enormes dificultades y desigualdades con que se atravesó la pandemia en las escuelas, Romero reconoce que hubo una escuela de pie porque los y las trabajadoras de la educación y los sindicatos se pusieron al hombro compromiso con la escuela y les pibes.

“Miramos al futuro con la esperanza de que el país vuelva a ponerse de pie, tras las consecuencias del macrismo y la pandemia. Hay un gobierno que vuelve a hacer de los derechos humanos una política real, que considera la educación como un derecho y la inversión que se está haciendo nos da mucha esperanza para reconstruir la escuela como lugar de referencia y conocimiento”, agrega Patricia Romero.

¿Cómo espera que sea esa escuela pública? “Democrática, latinoamericana y con una profunda perspectiva de género”. Y plantea algunas de las demandas para construir esa escuela: una nueva ley de financiamiento educativo para llegar a 8 puntos del PBI; una ley de formación docente, con capacitación permanente, en servicio y de calidad; hacer real la aplicación de la Educación Sexual Integral en todos los niveles y una ley de conectividad para superar la brecha digital que está determinada por la pertenencia social.

“Puede haber docentes y sus sindicatos que tengan como horizonte de construcción, del hacer docencia, la construcción de una escuela popular, democrática, emancipadora, con perspectiva de género, pero eso sólo puede cristalizarse si hay un gobierno que entienda que el Estado debe ser el garante de la educación”, concluye Romero.