La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires (CPM) -a través del Programa de Justicia y seguridad  democrática- presentó un oficio solicitando copias de la causa y la aplicación de la Resolución Nº 1390 por el caso del joven Damián Fernández, de 18 años, asesinado por un policía que supuestamente perseguía a dos ladrones en el barrio 9 de julio de San Martín. El agente policial que disparó y otra agente que estaba en el auto están en libertad.

ANDAR en San Martín

(Agencia)  Entre 7 y 9 disparos escucharon los vecinos del barrio 9 de julio de San Martín en la noche del 8 de diciembre. Salieron del arma de un  policía que bajó a los tiros del patrullero mientras perseguía a dos jóvenes que minutos antes habían bajado de un auto blanco. Una de las balas mató a Damián Fernández que era testigo de la escena mientras disfrutaba de la noche con amigos del barrio. Otra agente policial se quedó en el patrullero sin hacer nada. Los policías pertenecen al Comando de patrullas Comunitaria de la policía bonaerense (CPC) y de acuerdo a lo que constató la titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Nº 1 de San Martín, Alejandra Mercedes Alliaud, se trata de los sargentos José Israel Andrade -el que hizo los disparos que mataron al chico- y Griselda Verónica Martínez.

La fiscal pidió la inmediata detención de ambos, como responsables del delito de “homicidio agravado” por la condición de policías, pero la jueza Elena Gabriela Persichini Marco los dejó en libertad hasta que los peritajes a cargo de los expertos de Gendarmería Nacional determinen fehacientemente que los casquillos 9 milímetros encontrados en la escena del crimen se corresponden con el arma que llevaba el sargento Andrade. En cuanto a su compañera, los cargos podrían ser por su pasividad frente a los disparos de Andrade, encubrimiento o falso testimonio, ya que los dos dijeron que fue “un tiroteo”, cuando todos los testigos coincidieron en que los disparos sólo partieron de la 9 milímetros del sargento.

Damián Fernández es sobrino de Emilio Lugo, titular de la Secretaría de Deportes del Movimiento Evita de San Martín, que recurrió a los responsables de la Campaña Nacional contra la violencia Institucional para que sigan el caso.

Desde el Programa de Justicia y Seguridad democrática de la CPM se presentó un oficio solicitando copias de la causa y la aplicación de la Resolución Nº 1390, que tiene como objetivo brindarle prioridad y asegurar objetividad a la investigación de delitos presuntamente cometidos por funcionarios estatales. En ese sentido, el artículo 1º dispone que “el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires a través de cada uno de sus integrantes, deberá máximo atención y especial importancia en lo que se refiere al ejercicio de sus atribuciones, a los hechos delictivos como tortura, apremios ilegales (…) que afecten el interés colectivo, como asimismo a los delitos cometidos por funcionarios público en el ejercicio de sus atribuciones”.

Tal como lo establece el artículo 2 de dicha Resolución,  la investigación deberá ser instruida personalmente por los fiscales titulares y sus auxiliares, no pudiendo delegarse ninguna instancia de la instrucción en personal policial.