Quieren echar del INTA a la científica que investigó el impacto de agroquímicos en personas

La investigadora Virginia Aparicio, del INTA-Balcarce, enfrenta un sumario y podría ser exonerada tras participar de un estudio que detectó agrotóxicos en el cuerpo de 73 argentinos, entre 2 y 10 plaguicidas en sangre y hasta 18 en materia fecal, además de glifosato en todas las muestras.
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(Agencia) Aparicio es ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Agrarias, investigadora independiente del Conicet y desde hace dos décadas trabaja en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), donde desarrolla investigaciones vinculadas con suelo, agua y plaguicidas. “Se nos prohibió difundir los resultados”, aseguró esta científica, una de las personas con mayor conocimiento en la investigación de agrotóxicos en el país, en referencia a las muestras obtenidas de los 73 voluntarios argentinos que participaron del proyecto internacional SPRINT (“Transición Sostenible de Protección Vegetal”), luego de encontrar mezcla de agrotóxicos en sangre, orina y materia fecal.
“Encontramos plaguicidas en matrices animales, vegetales y humanas. Durante el proyecto medimos más de 200 agrotóxicos diferentes en muestras de suelo y agua, pero también en sangre, materia fecal y orina. Tenemos una idea de la ruta de los plaguicidas, las combinaciones que cuidan al cultivo, pero estamos sometidos a una alta exposición y de lo cual se sabe muy poco porque es crónica”, explicó la científica.
El problema es que no solamente fue censurada sino que por participar del proyecto SPRINT enfrenta un sumario administrativo en su contra y la posibilidad de ser exonerada de la Administración Pública Nacional. El conflicto ya había comenzado a hacerse público en 2023, cuando el INTA suspendió la presentación de los resultados argentinos y posteriormente decidió retirarse del proyecto.
Su defensa denuncia presiones y persecución con el objetivo de silenciarla a ella y a la investigación. “El glifosato es lo que conocemos como Roundup, en su marca comercial, que es un herbicida que se utiliza inicialmente con el cultivo de la soja transgénica, entonces es resistente: vos podés matar malezas sin matar al cultivo. Hay una tesis doctoral que demuestra que ese herbicida pasa al tallo y al trigo, e ingresa a nuestro cuerpo por la alimentación”, agregó la investigadora.
Uno de los aspectos previstos por el proyecto Sprint era que los participantes pudieran acceder a sus propios resultados. El trabajo con personas había sido sometido previamente a una comisión de ética en Europa y luego a la evaluación correspondiente en cada país. Allí se establecía que quienes participaran podían solicitar información sobre sus resultados individuales. Cuando las muestras comenzaron a regresar de Europa, Aparicio consultó a los 73 participantes si querían conocer sus datos. Sólo una persona respondió que ya no estaba interesada. Para el resto, elaboró informes individuales con los valores obtenidos en sangre, orina y materia fecal.
En paralelo, comenzó a organizar una reunión virtual para presentar los resultados generales. Mientras realizaba un posdoctorado en España, con una beca del CONICET, coordinó el encuentro junto con el equipo de comunicación del INTA. La intención era que la reunión tuviera carácter institucional y permitiera explicar los resultados de manera responsable. La reunión estaba pactada para el 21 de junio de 2023. Pero cuando ya estaba organizada y las invitaciones habían sido enviadas, una decisión del Consejo Directivo del organismo dispuso que debía suspenderse. “Como ya había mandado la invitación a la reunión y los datos, muchos de los voluntarios se empezaron a organizar entre ellos. Yo les advertí a mis superiores. Igual me prohibieron esa reunión”, relató. El 27 de septiembre de ese año, en el marco de la Cumbre Científica de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA 78), fueron presentados en una conferencia virtual desde Nueva York parte de los resultados de Sprint.
El 7 de diciembre, tres días antes de la asunción de Javier Milei, el entonces presidente del INTA, ingeniero Mariano Garmendia, firmó la Resolución 1081/2023, que dispuso el cierre de la participación argentina en el proyecto Sprint. La resolución fue adoptada por el Consejo Directivo del INTA, integrado por representantes del sector público y del sector privado: Sociedad Rural Argentina (SRA), Federación Agraria Argentina (FAA), Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) y Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA). Según Aparicio, ese mismo órgano interviene ahora en el proceso que podría derivar en su exoneración.
Frente al trámite administrativo que atraviesa, el concejal de General Pueyrredón por el partido Potencia, Gabriel Petruccelli, presentó una nota solicitando que Aparicio pudiera explicar ante los integrantes de la comisión de salud del Honorable Concejo Deliberante los alcances de su trabajo científico, la metodología utilizada y los resultados obtenidos en el marco del proyecto internacional SPRINT. Sin embargo los concejales del oficialismo y de la Libertad Avanza rechazaron esta solicitud.
Ante esa negativa, la investigadora se reunirá este jueves en el Concejo con los integrantes de los bloques de Fuerza Patria, el peronismo y Potencia, aunque se realizará por fuera de la Comisión de Salud y, por ese motivo, no quedará formalizada a través de un acta de la comisión.
Aparicio lleva más de dos décadas trabajando en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Desde 2020 coordinó la participación argentina en Sprint, un proyecto internacional financiado por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea (UE), que estudió la distribución de 206 plaguicidas en matrices ambientales, humanas, animales y vegetales en once países. Ingresó al INTA en 1997, mientras estudiaba, y en 2004 pasó a planta transitoria. La carrera, el doctorado y el posdoctorado los hizo mientras trabajaba en el organismo. Desde fines de 2024, su rutina cambió: enfrenta un sumario administrativo que podría derivar en su exoneración.

















