El Juzgado de Familia N° 3 de Mar del Plata hizo lugar a una acción cautelar presentada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, para proteger los derechos de las personas alojadas en la residencia geriátrica David de Mar del Plata, donde recientemente se conoció el caso de un cuidador que maltrataba a los residentes.

ANDAR en Mar del Plata

(Agencia) El organismo, en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, tomó conocimiento a través de los medios de comunicación del caso de violencia de un cuidador hacia mujeres alojadas. A partir de este hecho, el equipo de la CPM realizó una inspección en el lugar durante la cual entrevistaron a las personas alojadas, se relevaron y documentaron las condiciones materiales, de seguridad e higiene, se accedió a documentación administrativa y a historias clínicas.

Durante la jornada de monitoreo se registraron diversas vulneraciones de derechos y se reunió información vinculada a los casos de violencia que se encuentran actualmente bajo investigación penal. Asimismo constataron irregularidades administrativas como la falta de documentación, falta de habilitación sanitaria actualizada y obstáculos para acceder a información institucional.

También se advirtió el deterioro edilicio, lo reducido de los espacios disponibles, la falta de accesibilidad, la ausencia de espacios al aire libre y riesgos para un posible caso de evacuación. Además había cámaras con sonido en todos los espacios, incluso consultorios, lo que impide la confidencialidad de las entrevistas y consultas.

Por otra parte, se registró la muerte de residentes sin notificación ni intervención de órganos judiciales, insuficiente cantidad de personal de cuidado que afecta la autonomía y atención de las personas alojadas. Se detectaron casos de desatención clínica, falta de rehabilitación y ausencia de intervenciones médicas adecuadas. En el lugar se incumplían las leyes sanitarias: las historias clínicas estaban incompletas y faltaban registros de intervenciones y de consentimiento informado.

Ante esto la CPM presentó un habeas corpus ante el Juzgado de Familia N° 3 de Mar del Plata, que hizo lugar a las medidas urgentes solicitadas. La jueza Amalia Dorado consideró que debía realizar “todos los actos necesarios para asegurar la integridad de las personas (…) más aún teniendo en cuenta la población vulnerable de la que se trata”, y determinó que de lo informado “surgen elementos que dan cuenta de una situación de vulneración actual de derechos de las personas alojadas en la institución referida, vinculada a las condiciones materiales, de higiene, de atención sanitaria y de privacidad del establecimiento, así como a la insuficiencia de personal de cuidado, circunstancias que, en el marco de la vulnerabilidad propia del colectivo de personas mayores allí alojadas, resultan susceptibles de agravar su situación de restricción a la libertad ambulatoria y de configurar tratos incompatibles con la dignidad humana”.

En su resolución ordenó suspender los ingresos a la residencia David hasta regularizar su situación sanitaria y administrativa, pidió información sobre la capacitación del personal, involucró a la Municipalidad de General Pueyrredón en el seguimiento del caso y que se garanticen espacios de privacidad para la atención profesional de las personas alojadas en el geriátrico.

Este caso continúa demostrando la urgente necesidad de reforzar los controles de estas instituciones y proteger los derechos fundamentales de las personas adultas mayores.