En las últimas horas la justicia ordenó la detención de 15 funcionarios/as del Servicio Penitenciario Bonaerense, 8 mujeres y 7 varones, involucrados en los hechos de torturas, malos tratos y abuso sexual ocurridos el 3 de junio en la Unidad Penal N° 51 de Magdalena. Cuatro mujeres fueron golpeadas, rociadas con gas pimienta arrojado a corta distancia sobre la cara, les practicaron un submarino húmedo y fueron abusadas sexualmente, entre otras torturas perpetradas por agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense incluyendo las autoridades del penal. Una de ellas, sin asistencia psicológica, intentó suicidarse a pocas horas de los hechos. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, se constituyó en la Unidad inmediatamente, se entrevistó con las víctimas y realizó la denuncia penal y administrativa. El Ministerio de Justicia había pasado rápidamente a disponibilidad a los responsables. El organismo participa en la causa como particular damnificado institucional.

ANDAR en Magdalena

(CPM) La detención, solicitada por el fiscal platense Álvaro Garganta y ordenada por el juez de Garantías Juan Pablo Masi, alcanza a 15 funcionarios/as, entre ellos las autoridades de la Unidad: la jefa de vigilancia y tratamiento Daiana Belén Balmaceda, la sub jefa de vigilancia María Belén Toledo, la jefa de requisa, Antonela Belén Cingolani, la encargada de turno Agustina Ailen Orona, la inspectora de Vigilancia, Florencia Anahí Ortiz, y Daiana Ayelen Villafañe, Raquel Noemí Boccardo, Gisela Mailin Iguaran, Carlos Miguel Tocci, Juan Manuel Villena, Miguel Ángel Eduardo Villotta, Facundo Sebastián Medina, Lucas German Dama, Carlos Alberto Salice, Juan Antonio Juanena. Además de las altas autoridades del penal, hay entre los imputados personal de Sanidad, integrantes del Grupo de Intervención ante Emergencias (GIE) y de la Brigada Penitenciaria Contra Incendios (BPCI).

En calidad de autores y/o partícipes necesarios, los/as 15 penitenciarios/as están acusados de los delitos de tortura, abuso sexual con acceso carnal, gravemente ultrajante y agravado por haber sido cometido por personal de fuerzas de seguridad durante sus funciones (con relación a dos víctimas).

La noche del 3 de junio, mientras las calles se llenaban de mujeres manifestando contra la violencia, en el penal se desató una represión a partir de una pelea entre dos mujeres. Un grupo de penitenciarios ingresó a uno de los pabellones de la planta alta arrojando gas pimienta y encerró a las detenidas en las celdas, donde quisieron revisarlas. Como varias se negaron a desnudarse frente al personal masculino del Grupo de Intervención ante Emergencias (GIE), les arrojaron gas pimienta directamente en la cara, las sacaron a golpes del lugar y las llevaron a distintos espacios de la Unidad.

En ese marco, tal como lo describe el requerimiento de las detenciones, los agentes involucrados ejecutaron “de manera deliberada y coordinada una serie de actos destinados a castigar a las internas por los hechos ocurridos y por los reclamos formulados, así como a intimidarlas, quebrantar su resistencia y afirmar el dominio ejercido sobre ellas, imponiéndoles graves sufrimientos físicos y psíquicos”.

“Besame las botas”, le ordenaba la jefa de Penal de la Unidad Daiana Balmaceda a sus víctimas, mientras dirigía las torturas con golpes, les sumergían la cabeza en una pileta de agua (práctica conocida como submarino húmedo), las asfixiaban apretando la cara contra colchones impregnados con el gas pimienta y las amenazaban e insultaban. En ese escenario de violencia dos de las mujeres fueron víctimas de abuso sexual. A pesar de las graves lesiones, el informe de enfermería de ese día lo ocultó.

De acuerdo al fiscal los acusados “infringieron castigos fuera de todo protocolo de contención (…) aprovechando la situación de vulnerabilidad en que se encontraban las mismas -sobre las que tenían un poder asimétrico de hecho en virtud de encontrarse privadas de la libertad-“.

Entre las pruebas recopiladas en la instrucción que respaldan el pedido de la fiscalía hay documentos y constataciones médicas, videograbaciones, constataciones en el lugar de los hechos y declaraciones de las víctimas, de personal de sanidad, de otras personas privadas de su libertad e incluso del personal penitenciario que coinciden en describir con detalle la gravedad de los hechos: esposamientos con pateras, dejar a las víctimas inmovilizadas boca abajo, con frío, durante horas en las leoneras y la exaltación de las jefas y sus expresiones: “Vamos!!! Que sepan que el Penal lo manejamos nosotras”, alentaba la jefa para continuar con las torturas contras las mujeres detenidas. Y sentenciaba: “Esto es Magdalena… acá mandamos nosotras”. De acuerdo a los testimonios de la causa, una de las víctimas de violencia sexual gritaba “ya está, ya está, déjenme” mientras las torturas se extendían en el tiempo.

A la mañana siguiente, luego de ser sometidas durante varias horas a golpes, torturas y abuso, tres de las víctimas fueron trasladadas a otras unidades con todos sus bienes personales rotos, rasgados por los propios penitenciarios con un elemento cortopunzante y mezclados con basura. Y la que permaneció en el lugar, sin ninguna asistencia psicológica, intentó suicidarse devastada subjetivamente por lo sufrido.

Tras conocer los hechos, la Comisión Provincial por la Memoria, en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, se constituyó en la Unidad, se entrevistó con las víctimas en las unidades donde fueron trasladas y con las compañeras que fueron testigo de las torturas y permanecían en Magdalena. Con toda la información el organismo realizó la denuncia penal que dio inicio a la causa que ahora tiene 15 funcionarios/as penitenciarios/as imputados/as y detenidos/as.

La CPM interviene en la causa como particular damnificado institucional y acompaña a las víctimas. En el marco de la denuncia administrativa, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires había separado preventivamente a diez de los/as penitenciarios/as involucrados/as.