El pasado 13 de julio el titular de la Unidad Fiscal 4 de Pilar Germán Camafreita solicitó al Juzgado de Garantías 7 departamental –a cargo del magistrado Walter Seattone- el dictado de la prisión preventiva para los imputados Rolando Ángel Alvisi y Michelle Esther Gómez Marrero, por graves delitos cometidos en la administración de una comunidad terapéutica clandestina llamada Nuevo Camino, ubicada en Presidente Derqui, partido de Pilar. Además de Alvisi y Marrero –que ya están aprehendidos-, hay otros ocho imputados por estafas reiteradas, ejercicio ilegal de la medicina, privación ilegítima de la libertad y otras conductas ilegales. En marzo de este año, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, denunció graves violaciones a los derechos humanos en la comunidad terapéutica clandestina Priorizar, perteneciente a los mismos dueños y que funcionaba en el partido de Moreno. El organismo interviene en la causa como particular damnificado institucional.

ANDAR en la justicia

(Agencia) La causa penal se inició en 2023 con la denuncia de dos de las víctimas de la falsa comunidad terapéutica Nuevo Camino, de Pilar, que durante años promocionó tratamientos para personas con consumos problemáticos, proveyendo fármacos sin personal médico idóneo ni prescripción de recetas, y manteniendo a las personas alojadas sin la posibilidad de abandonar la internación de acuerdo a su voluntad. La Comunidad funcionaba sin habilitación municipal ni del Ministerio de Salud, no se respetaban los preceptos de la ley de salud mental ni la ley del paciente.

Los denunciantes declararon las agresiones físicas padecidas, la violencia, amenazas, la prohibición para recibir visitas de sus familiares y el suministro y aplicación de medicamentos sin recetas, diagnóstico ni tratamiento indicado por profesional médico, entre otras torturas y tratos degradantes y vejatorios, así como los de otras personas allí internadas.

Ahora, y tras una gran acumulación de pruebas, la fiscalía 4 de Pilar, interinamente a cargo de Germán Camafreita, solicitó la medida de prisión preventiva para los principales imputados Rolando Ángel Alvisi y Michelle Esther Gómez Marrero, acusados por organizar la asociación ilícita que estafó a las familias de los usuarios de la falsa comunidad terapéutica, y que además los sometió a tratamientos farmacológicos sin profesional médico y psiquiátrico, los privó de su libertad y les aplicó sistemáticamente la violencia como forma de organizar el régimen de vida.

Según la fiscalía, “tanto Rolando Alvisi alias ‘Rolo’, director del lugar, Marrero Gómez como su mano derecha y administradora y el resto de los operadores (…) actuaron en forma conjunta para llevar a cabo las acciones relatadas y su responsabilidad encuentra sustento en los numerosos testimonios”.

La instrucción judicial determinó que al menos 38 personas fueron víctimas de esta organización delictiva: personas con problemas de adicciones o de salud mental cuyas familias pagaban todos los meses un servicio de asistencia que la comunidad no brindada. Además de carecer de habilitación legal, el lugar no reunía los mínimos requisitos para su funcionamiento: “inexistencia de profesionales de la salud y de un equipo interdisciplinario, la ausencia de control médico y psicológico de los pacientes, así como las deficientes condiciones edilicias, de seguridad, higiene, salubridad y alimentación, y la falta de protocolos de actuación ante emergencias, constatándose asimismo condiciones de hacinamiento”, enumera el fiscal.

Muchas de las víctimas declararon sobre el uso ilegal de fármacos como parte del falso tratamiento: los operadores suministraban de medicamentos ocultos en una bebida conocida por las mismas víctimas como “jugo loco”. La “ingesta era impuesta de manera compulsiva, valiéndose de violencia física y verbal mediante coacciones bajo la amenaza de un mal mayor como castigo (tales como ser sumergirlo a una piscina con agua helada y mantenerlos en la intemperie), todo ello sin intervención, tratamiento, prescripción ni supervisión de profesionales médicos”, señala la fiscalía.

La causa fue impulsada por la Asociación de Reducción de Daños de Argentina (ARDA), por cuyo intermedio llegó el caso a conocimiento de la Comisión Provincial por la Memoria que, en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, monitorea las comunidades terapéuticas. En marzo de este año, el organismo realizó una inspección en otra comunidad, ubicada en Moreno, que pertenecía al mismo dueño

En ese sentido, la investigación fiscal también remarca que luego de la clausura de la pretendida comunidad terapéutica Nuevo Camino, y a pesar de conocer el proceso penal que se seguía en su contra, Rolando Alvisi continuó con acciones de similar modalidad defraudatoria pero con otros operadores, conformando una nueva asociación destinada a desarrollar los mismos delitos.

Para ellos, la fiscalía incorporó fragmentos de aquella intervención de la CPM ante un juzgado de Familia de Moreno y en sede penal por la posible comisión de delitos en la comunidad terapéutica Priorizar. Se trata de una de las instituciones alternativas que Alvisi creó para continuar ofreciendo falsos tratamientos de recuperación frente al consumo de drogas y otras problemáticas vinculadas a la salud mental. “El nuevo nombre de fantasía no tenía otro fin que generar una apariencia de legitimidad, verificándose suficientes motivos para sospechar en la continuidad de las acciones ilegítimas que se desarrollaban en Nuevo Camino”, destaca la fiscalía.

Es precisamente esta persistencia de Alvisi y Marrero en continuar con acciones delictivas lo que llevó al pedido de prisión preventiva para los organizadores de esta asociación ilícita por el evidente riesgo de fuga y de entorpecimiento probatorio.

Existe para el Ministerio Público Fiscal elementos suficientes que hacen presumir que, de otorgárseles la libertad a los imputados, tratarán de entorpecer la labor de la justicia y la investigación.

Para la CPM resulta fundamental el pedido de prisión preventiva para los principales imputados de la causa, teniendo en cuenta las dificultades sistemáticas y persistentes para avanzar desde el fuero penal, con investigaciones y condenas para quienes realizan negocios con la salud mental y vulneran los derechos de sus víctimas luego de promocionar sus servicios mediante simulaciones, ardides y publicidad falsa.

El Ministerio de Salud debe fiscalizar rigurosamente estas comunidades clandestinas  y llevar adelante un relevamiento y ordenar las clausuras definitivas o completar el trámite de habilitación para que se respeten los derechos de los usuarios.