Prohíben nuevos ingresos en tres comisarías clausuradas que alojaban mujeres en condiciones inhumanas

La Comisión Provincial por la Memoria, en su calidad de Mecanismo local de Prevención de la Tortura, presentó una acción colectiva de habeas corpus en favor de las personas detenidas en los calabozos de las comisarías tercera de Berazategui, sexta de Quilmes- Ezpeleta y Tercera de Florencio Varela. El Tribunal en lo Criminal N°1 de Quilmes hizo lugar a la presentación tras verificar el agravamiento de las condiciones de detención y prohibió el ingreso de nuevas personas detenidas a esas dependencias y ordenó el traslado de quienes estaban allí alojadas.
ANDAR en Quilmes
(Agencia) Los jueces Fernando Celesia, Analía Reyes y María Cecilia Maffei, a cargo del TOC N° 1 de Quilmes dieron curso a una presentación de la Comisión Provincial por la Memoria que, tras inspeccionar varias dependencias policiales de mujeres en distintos puntos de la Provincia, denunció diversas situaciones relevadas en las jornadas de monitoreo que realiza en su calidad de Mecanismo local de Prevención de la Tortura, la principal de ellas el alojamiento de personas por periodos prolongados en comisarías clausuradas.
En su fallo los jueces del Tribunal prohibieron el ingreso de nuevas personas a las comisarías tercera de Berazategui, sexta de Quilmes- Ezpeleta y tercera de Florencio Varela, ordenaron el traslado urgente de las mujeres allí alojadas a Unidades penitenciarias o Alcaldías y notificaron a las dependencias ministeriales y judiciales correspondientes para la toma de otras medidas.
Según la información aportada por el Centro de Operaciones Policiales (COP) del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, la Comisaría 3ra de Berazategui ya se encontraba clausurada judicialmente, al igual que la 6ta de Quilmes que también tenía clausura administrativa (según resolución del Ministerio de Seguridad) y la Comisaría 3ra de Varela tiene cupo para 4 personas, aunque al momento de la inspección de la CPM había 7 personas alojadas, una sobrepoblación del 75%.
En las tres comisarías el organismo denunció el incumplimiento de estándares básicos de derechos humanos en contexto de encierro y sobre todo de parámetros nacionales e internacionales en materia de género.
El hacinamiento se combina con la presencia de elementos altamente inflamables y la ausencia de estrategias o plan de contingencia y elementos para combatir incendios. También se relevó un régimen de vida de aislamiento extremo, las 24 horas en espacios reducidos, sin luz natural y falta de ventilación, una situación que se agrava más teniendo en cuenta que se limita severamente el contacto con familiares, allegados y la defensa técnica. La falta o deficiente asistencia de salud también ha sido uno de los hechos de tortura y malos tratos más denunciado por las personas detenidas.
De las entrevistas que el organismo realizó a las mujeres en las comisarías se desprenden relatos de hechos de requisas vejatorias por parte de personal policial: ya sea en los ingresos a los establecimientos o en los operativos del GAD (Grupo de Apoyo Departamental).
El tribunal reconoció lo denunciado e incluso advirtió que muchas de las circunstancias denunciadas por la Comisión Provincial por la Memoria – como la falta de agua en las celdas, de calefacción, la ausencia de ventilación, la falta de suministro de elementos de higiene, el deficiente estado de los sanitarios, entre otras- fueron reconocidas por la propia autoridad a cargo de cada comisaría durante las audiencias judiciales.

















