La Liga Argentina por los Derechos del Hombre sostiene que la jubilación de Smart confirma la impunidad de los condenados por delitos de lesa humanidad que es sostenida por la Corte Suprema y la Cámara Nacional de Casación Federal.

ANDAR en la justicia

(LADH) Desde hace años que denunciamos que el Poder Judicial consiente tres modalidades de la impunidad: la biológica, que se realiza con la demora por años y años de las causas y juicios orales (el que hoy termina en Mendoza duró tres años y el de la Esma ya bate todo récord) y hace que los terroristas de Estado mueran sin condena; la del Poder Económico, que tiene como pruebas la declaración de «libres de culpa y cargo» de Blaquier, Massot y otros empresarios que formaron parte del poder real que ejecutó el plan de exterminio para imponer un modelo de país que hoy brilla con Macri; y en tercer lugar la impunidad de los condenados que descansa en la infintamente demorada confirmación de las sentencias, de modo tal que accedan a privilegios injustos para estos delitos como la prisión domiciliaria, el “dos por uno” y hasta la consagración de beneficios económicos como la jubilación de Smart.

“El represor Jaime Smart cobrará una jubilación de privilegio por su actuación de juez de Cámara en un tribunal especialmente creado a principios de los ’70 para tratar denuncias contra militantes sociales perseguidos. El beneficio para Smart, cuya condena por delitos de lesa humanidad cometidos durante su gestión como ministro bonaerense durante el terrorismo de Estado y recibida hace cinco años aún no está firme, fue habilitado por la Corte Suprema, que rechazó un recurso extraordinario del Estado nacional en contra de su aplicación. Smart reclama 12 millones de pesos…. Smart integró el gobierno dictatorial de la provincia de Buenos Aires en calidad de Ministro. La Justicia federal lo halló culpable de delitos de lesa humanidad cometidos durante aquellos años de terror y lo condenó. La sentencia aún aguarda confirmación: hace cinco años que está frenada en la Cámara de Casación. Pero aquel puesto no fue el comienzo de la “lucha antisubversiva” de Smart. En 1968 fue nombrado fiscal por el presidente de facto Juan Carlos Onganía. En 1971, el gobierno militar de Roberto Levingston lo promovió como juez de la Cámara Federal porteña creada para perseguir opositores políticos y guerrilleros.” (Pagina12, 26/07/17)

El proceso de Memoria, Verdad y Justicia está amenazado por estas tres operaciones de impunidad que se proyectan al presente para colonizar por completo el Poder Judicial y garantizar el libre accionar de los grupos económicos que ayer perpetraron el Genocidio y hoy se enriquecen vorazmente con la devaluación, el ajuste y las políticas macristas de endeudamiento y sumisión colonial.

La Corte Suprema garantiza todas las formas de impunidad, por eso se niega a liberar a Milagro y derogar el dos por uno.
Con este Poder Judicial la democracia es más formal y minimalista que nunca.

Liga Argentina por los Derechos del Hombre