A pedido de la titular de la Fiscalía Federal 2 de Posadas, Silvina Gutiérrez, y por orden de la jueza María Verónica Skanata, 16 efectivos de la Policía de Misiones, algunos en actividad y otros retirados, fueron detenidos el pasado lunes en el marco de la investigación por la desaparición forzada de Mario Fabián Golemba, ocurrida en marzo de 2008. “Hubo un pacto de silencio institucional”, afirmó la fiscalía federal.

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(Agencia) La fiscalía les atribuye distintos grados de participación en la privación ilegítima de la libertad de Golemba, su permanencia bajo una custodia estatal clandestina y las maniobras posteriores destinadas a ocultar lo ocurrido. En ese marco, sostiene que los hechos formaron parte de un plan común en el que los imputados habrían realizado aportes funcionales cada uno desde su respectivo rol. “Se configuró una maniobra coordinada entre policías para encubrir la desaparición mediante falsas hipótesis, omisiones en registros oficiales, versiones uniformes y contradicciones entre las actuaciones judiciales y administrativas”, informó el sitio del Ministerio Público Fiscal que señaló la fiscalía federal.

El 27 de marzo de 2008 Mario Golemba, de 27 años, salió de su casa, recorrió los diez kilómetros del camino de tierra roja hasta la ruta 14 para ir a Oberá a una consulta médica con una nutricionista. Le mandó un mensaje de texto a su novia para decirle que tenía que esperar los resultados de unos estudios, que volvería ya de noche, pero nunca regresó. Dos días después su familia denunció su desaparición. La investigación judicial recayó en el Juzgado de Instrucción 1 de Oberá, a cargo de la jueza Alba Kunnzman de Gauchat, que impidió el acceso a la causa a la abogada de la familia.

Como es habitual en estos casos circularon varias hipótesis, sin respaldo en el expediente, que sugerían que Mario podría haber salido del país por voluntad propia. Todas fueron descartadas. Tres presos aseguraron que Mario entró esposado a la comisaría de Dos de Mayo, le dieron una paliza y se lo llevaron en un patrullero. Habría sido torturado para que reconociera que él era otra persona a la que estaban buscando. Sin embargo, la jueza jamás realizó un careo entre los testigos y la causa no tuvo ningún avance significativo.

A la fecha continúa sin conocerse el paradero de Mario y tampoco fueron hallados sus restos. “Necesitamos saber la verdad, la Justicia debe esclarecer el caso porque no puede haber democracia con desaparecidos”, afirmó su hermano Eliezer Golemba.

Tras un largo periodo de inactividad, testigos de identidad reservada declararon ante la justicia provincial y federal que Golemba estuvo detenido en la comisaría de Dos de Mayo, dependiente de la Policía de la provincia de Misiones donde habría sido golpeado, tal como habían asegurado los tres detenidos a los pocos días de la desaparición sin que los funcionarios judiciales a cargo de la causa siguieran esa línea de investigación.

En junio de 2021, a partir de un planteo de la querella que representa a los familiares de Golemba, el expediente pasó a la justicia federal de Posadas, que inició una investigación por el delito de desaparición forzada de persona.

La causa cuenta con la intervención del Centro de reunión de información Misiones (CRIMIS) de la Gendarmería Nacional Argentina, y en la investigación también colaboraron la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) y la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Los procedimientos de detención de los 16 policías fueron realizados por la Gendarmería Nacional Argentina en distintos puntos de la provincia de Misiones. Hay una persona que permanece prófuga y tiene pedido de captura.

Entre los imputados se encuentran el comisario retirado Evaldo Katz, los oficiales de guardia Edgardo Andrés Arce y Liliana Margarita Saft, el jefe de guardia retirado Carmelo Alberto Cerdán Cruz, el secretario José Roberto Pereyra Da Silva, el chofer de turno Alejandro Alfonso González Samudio, Wiliams Gabriel Lunge (cumple funciones en Seguridad Vial), los guardias Maximiliano Gabriel Gutiérrez, Ramón Aníbal Cardozo, Mario Francisco Villar y Diego Armando Amarilla, los radioperadores Alfredo Lorenzo Ortiz y Cristian Andrés Silva (retirado), Baldemar Parra, Juan Ramón Ferreyra (retirado), Ofelia Gladys Ziller y Eduardo Pellizer (retirado).

Violencia, clandestinidad y un pacto de silencio

De acuerdo con la investigación, los funcionarios policiales habrían utilizado la estructura funcional y operativa de la comisaría de la localidad de Dos de Mayo para concretar la detención ilegal de Golemba, someterlo a violencia física y hacerlo desaparecer. Para la fiscalía no se trató de hechos aislados, sino de la ejecución de un plan criminal común con distintos aportes funcionales.

La acusación sostiene además que desde el momento de la desaparición se habría desplegado un “pacto de silencio institucional” destinado a impedir que se conociera lo ocurrido. Según la imputación, ese entramado se habría manifestado “mediante la negativa sistemática a reconocer la privación de libertad de la víctima, las omisiones en los registros oficiales, la uniformidad de determinadas versiones brindadas por funcionarios policiales, las contradicciones detectadas entre distintas actuaciones administrativas y judiciales y la instalación de hipótesis alternativas que habrían desviado la investigación”.

La fiscalía también considera que, por tratarse la desaparición forzada de persona de un delito de carácter permanente, la responsabilidad penal no se limita a quienes habrían intervenido directamente en la violencia ejercida contra Golemba. Alcanza también a quienes, según la imputación, habrían tomado conocimiento de su presencia clandestina y omitido deliberadamente denunciar la situación o adoptar medidas para hacerla cesar.

Según la hipótesis fiscal, esos comportamientos “habrían contribuido a preservar el pacto de silencio, mantener oculta la suerte de Mario Fabián Golemba y prolongar hasta la actualidad el desconocimiento acerca de su destino”.