A una semana de la masacre de Monte, las pericias y pruebas testimoniales terminaron por derribar la versión policial y demuestran que, en la madrugada del lunes pasado, tres patrulleros persiguieron y dispararon contra el Fiat Spazio en el que circulaban los jóvenes. La investigación también da cuenta de las maniobras de encubrimiento perpetradas por la policía y el secretario de seguridad municipal para esconder la verdad. El funcionario y doce agentes de la bonaerense están detenidos. Mañana se exhuma el cadáver de Camila para una segunda autopsia. La CPM patrocina a las familias de dos de las víctimas fatales, Danilo Sansone y Camila López.

ANDAR en Monte

(Agencia Andar) A una semana de la masacre de Monte, doce agentes de la Policía Bonaerense y de la estación comunal y el secretario de Seguridad comunal Claudio Martínez están detenidos por la persecución fatal; el subcomisario Julio Franco Micucci, jefe de la seccional de San Miguel del Monte, fue el último en ser aprehendido luego de permanecer prófugo un par de días.

Hoy en la Unidad fiscal descentralizada de Cañuelas fueron llamados a prestar declaración indagatoria los mencionados Martínez y Micucci, el teniente Héctor Ángel, el oficial inspector José Manuel Durán y la oficial subayudante Nadia Genaro. Todos imputados por encubrimiento agravado y falsificación de documento público. Estas últimas imputaciones evidencian el intento por ocultar el accionar policial que terminó con la muerte de cuatro jóvenes y graves heridas a otra adolescente.

En ese mismo sentido, mañana se realizará la exhumación del cadáver de Camila para realizar una segunda autopsia en la Asesoría pericial de Lomas de Zamora, dependiente de la Corte bonaerense. El cuerpo será sometido a una prueba de rayos X ante la posibilidad de que haya recibido un disparo durante la persecución. Con el correr de los días de investigación, y ante la evidencia del encubrimiento, la primera autopsia a Camila fue cuestionada porque fue realizada por los médicos forenses de la Policía Bonaerense; es decir, los compañeros de fuerza de los policías que intervinieron en la persecución.

En los primeros minutos de la madrugada del lunes 20 de mayo, dos patrulleros de la provincia de Buenos Aires persiguieron a los tiros el Fiat Spazio en el que se trasladaban cinco jóvenes hasta que el vehículo impactó contra un acoplado detenido al costado de la colectora 9 de Julio. Danilo de 13 años, Camila de 13, Gonzalo de 14 y Aníbal de 22 murieron tras el choque; Rocío, la otro ocupante, tiene 13 años continúa internada en estado reservado en el hospital El Cruce de Florencio Varela.

En los primeros días que siguieron al hecho, la versión policial —como se sabe ahora, con la connivencia del funcionario municipal de seguridad— quiso ocultar lo que verdaderamente había ocurrido. Habían pasado 48 horas cuando las pruebas que aportaron los propios familiares de las víctimas y habitantes de San Miguel del Monte comenzaron a torcer la historia de impunidad y encubrimiento.

Juan, el papá de Danilo, presentó a la justicia cuatro vainas de 9 mm que un vecino encontró en el trayecto de la persecución. Las pericias posteriores indicaron que esas balas habían sido disparadas con el arma reglamentaria del capitán Rubén Alberto García. García iba de acompañante en el móvil que perseguía por detrás el auto de los jóvenes; el oficial Leonardo Daniel Ecilape conducía el patrullero. Los dos están acusados de homicidio agravado.

En un momento, otro móvil policial se suma a la persecución y pretende emboscar el Fiat Spazio: el oficial Manuel Monreal, el oficial subayudante Mariano Ibáñez y Melina Bianco iban a bordo de ese segundo patrullero, desde donde también abrieron fuego contra el auto que conducía Aníbal Suárez, el joven de 22 años. En la autopsia realizada a Gonzalo se encontró una herida de bala a la altura del glúteo, ese disparo fue realizado por Monreal. Él e Ibañez están también acusados de homicidio agravado; Melina Blanco está imputada por abuso de autoridad.

La persecución termina con el Fiat Spazio chocando contra el acoplado de un camión estacionado; tras ese desenlace, la misma policía que persiguió a tiros a los jóvenes se hizo cargo de la escena del crimen y tomó las declaraciones de testigos en la dependencia policial. Esas diligencias mencionan un “accidente de tránsito”, en cuyas circunstancias se habrían oído “estruendos” o “cortes de moto”, en vez de disparos de armas de fuego, tal como en realidad habrían declarado los testigos ante la policía.

Una de las pruebas fundamentales que permitió desmontar esa versión fue aportada por un empleado del centro de monitoreo, que presentó un video grabado con su celular de la persecución policial en donde se ve al capitán Rubén García sacando el cuerpo por la ventana del acompañante en posición de estar disparando contra el auto.

Además de los policías que participaron de la persecución, el subcomisario Julio Micucci y todos los agentes que estaban de servicio aquella noche —José Alfredo Domínguez, Cristian Righero, Juan Gutiérrez, Héctor Ángel, José Durán y Nadia Genaro— están siendo acusados por los delitos de encubrimiento agravado y falsedad ideológica de instrumento público.

Domínguez era el oficial de servicio y firma todas las actas de procedimiento y declaración de testigos; Durán y Ángel eran los oficiales de calle de guardia y tomaron los testimonios, Ángel además estaba en el centro de monitoreo; Genaro firma el libro de guardia y hace figurar en Tres Arroyos a uno de los móviles que participó del hecho.

El jefe de la departamental Julio Micucci fue inculpado por Melina Bianco, hasta hoy, la única que había declarado ante el fiscal. Bianco se había incorporado recientemente a la fuerza policial e iba en la parte trasera del patrullero que emboscó el Fiat Spazio; en su larga declaración ubicó a Micucci en la comisaría. Además el sello de Micucci también aparece en todas las actas confeccionadas esa madrugada.

Por los mismos delitos de encubrimiento agravado y falsificación de documento público, el fiscal Lisandro Damonte imputó al secretario de seguridad municipal, Claudio Martínez; se investiga en estos momentos si ordenó adulterar las grabaciones de las cámaras de seguridad del centro de monitoreo para que no se supiera lo que había pasado.

Las familias de las víctimas fueron recibidas ayer por Damonte en la Unidad Fiscal descentralizada de Cañuelas. Durante esa reunión se labró el acta aclaratoria donde se consignaron los particulares damnificados y sus representantes legales. En ese sentido, quedó formalizado que la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) representa a Yanina Zarzoso, mamá de Camila, y a Juan Carlos Sansone y Gladys Ruíz Díaz, papá y mamá de Danilo.

Para la CPM, es indispensable seguir avanzando en la investigación para llegar a las condenas de los responsables, pero también para desentrañar el contexto de persecución, hostigamiento y violencia policial que, a partir de este hecho, vecinos y vecinas de Monte comenzaron a denunciar.