Este lunes 30 de marzo el Juzgado en lo Correccional 7 de Lomas de Zamora notificó la sentencia por la que el ex subcomisario de la comisaría 3° de Esteban Echeverría, Jesús David Muñoz, fue condenado a la pena de 4 años de prisión y 10 de inhabilitación, y la oficial Edith Giselle Juárez a la pena de 3 años, ambos por el delito de estrago culposo agravado que derivó en la muerte de 10 detenidos y graves lesiones en otros dos. El hecho ocurrió durante la madrugada del 15 de noviembre de 2018 durante una protesta por las condiciones de alojamiento y por falta de controles en las requisas, terminó en un letal incendio en el interior del calabozo 1. La Comisión Provincial por la Memoria, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, intervino como particular damnificado institucional y patrocinó a varias familias. El organismo considera que la condena es valiosa porque reconoce la responsabilidad policial, aunque tardía e insuficiente por la calificación legal, las irregularidades de la instrucción y la nula vocación judicial de perseguir a los responsables políticos de la masacre.

ANDAR en las comisarías 

(Agencia) La imprudencia y la falta de controles y requisas adecuados para que no ingresaran a los calabozos elementos que pudieran poner en riesgo a los detenidos –entre esos objetos un encendedor- fue lo que el juez Carlos Esteban Gualtieri, titular del Juzgado Correccional 7 de Lomas de Zamora, consideró suficientemente probado para determinar la responsabilidad penal de dos de los cinco imputados. Esto, más allá de haberse verificado y confirmado durante las audiencias, las irregulares y deficientes condiciones de detención además de la prohibición que pesaba sobre esa seccional policial para alojar personas.

Este lunes se conoció que el ex subcomisario de la comisaría 3° de Esteban Echeverría, Jesús David Muñoz, fue condenado a la pena de 4 años de prisión y 10 de inhabilitación, y la oficial Edith Giselle Juárez a la pena de 3 años, ambos por el delito de estrago culposo agravado que derivó en la muerte de 10 detenidos y graves lesiones en otros dos.

En la misma sentencia, el juez no hizo lugar al pedido de detención, por lo cual el ex subcomisario Muñoz no cumplirá la pena en prisión hasta tanto la sentencia quede firme. En el caso de la oficial condenada, por tratarse de una pena de menos de 3 años de prisión, el cumplimiento de la pena es condicional.

En ese sentido la CPM, que intervino como particular damnificado institucional y en el patrocinio de varias familias, señaló que en aquella comisaría no debió haber detenidos en función de varias prohibiciones judiciales que habían sido dispuestas años antes por varios magistrados, entre ellos el juez de Garantías Javier Mafucci Moore, el mismo juez que sin embargo siguió disponiendo la detención de personas en la dependencia y que terminó interviniendo en la instrucción de esta causa. El juez prohibió alojar personas en esa comisaría, luego consintió que detenidos a su disposición se alojen allí y más tarde intervino en el procedimiento que incluso debió investigar su responsabilidad.

Pero esa circunstancia fue también conocida y avalada en el momento de la masacre por el jefe de la Policía bonaerense Fabián Perroni y el entonces ministro de Seguridad Cristian Ritondo.

Todos conocían -ya habían sido debidamente notificados- las graves y riesgosas condiciones de detención, la falta de colchones ignífugos, la falta de planes de contingencia y elementos adecuados para prevenir siniestros. Ninguno actuó para revertir esto.

Es más, la frase de Ritondo, “prefiero a los delincuentes amontonados que liberados”, dicha dos meses antes del hecho, en septiembre de 2018, da cuenta de su escasa valoración de la vida humana. Un año y medio antes, en marzo de 2017, siete jóvenes murieron en la masacre ocurrida en la comisaría 1 de Pergamino por responsabilidad policial y esto no le importó. No sólo no hizo nada para revertir la situación sino que la justificó. Y volvió a producirse otra masacre más grave con diez personas fallecidas.

Si bien la cantidad de personas detenidas en comisarías bonaerenses se redujo considerablemente, circunstancias similares de condiciones inhumanas y riesgosas se replican hoy en varias dependencias policiales, persistiendo el riesgo de que otra masacre pueda ocurrir en cualquier momento.

Asimismo, el organismo de derechos humanos consideró que el fiscal Fernando Semisa que intervino inicialmente en la investigación penal preparatoria nunca tuvo como principal hipótesis la responsabilidad de los policías en el resultado de las muertes y las graves lesiones de dos sobrevivientes. Mucho menos la de los funcionarios y responsables políticos. Desde las primeras horas orientó la investigación a responsabilizar a los propios detenidos y cerrar la causa rápidamente. Por esta razón fue recusado por el organismo por falta de imparcialidad, objetividad y equilibrio al investigar los hechos. La mala investigación inicial provocó que se perdieran pruebas valiosas y que muchas se produjeran de manera deficiente.

En su fallo, además de las penas, el magistrado Gualtieri estableció que “conforme al  dato objetivo del siniestro y los fallecimientos bajo custodia estatal, habré de oficiar, con prescindencia de la firmeza, al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, para que por su intermedio se brinde contención y asistencia profesional a los damnificados directos del hecho y sus familiares, autorizándose al diligenciamiento al Sr. titular de la Comisión Provincial por la Memoria y/o personal que este designe”.

Cabe recordar que tuvieron que pasar casi 8 años para que la causa llegara a juicio y cinco años desde que el fiscal Jorge Rolando Grieco, titular de la UFIJ 18 de Lomas de Zamora, formulara el requerimiento de elevación a juicio ante el Juzgado de Garantías 2 departamental a cargo del magistrado Javier Leandro Mafucci Moore.

Los fallecidos en la masacre de Esteban Echeverría fueron Juan Bautista Lavarda, Jeremías Aaron Rodríguez, Jorge Luis Ramírez, Juan Carlos Fernández, Walter Gabriel Barrios, Miguel Ángel Sánchez, Elías Daniel Soto, Fernando Martín Argüello, Eduardo Rogelio Ocampo y Carlos Ariel Corvera. Además, sufrieron lesiones graves Rodrigo Leonel Osuna y Blas Martínez Vera.

El resultado del juicio fue un nuevo y duro golpe para las familias de las personas fallecidas que esperaban que el poder judicial  investigue y condene a todos los responsables de la masacre, reparando su dolor. Esto no ocurrió: para ellas la justicia sigue pendiente y el sufrimiento sin alivio.