La Comisión Provincial por la Memoria, presentó un habeas corpus colectivo ante el Juzgado de Garantías N° 5 de Morón, por las personas alojadas en la comunidad terapéutica Soltar, ubicada en la localidad de Udaondo partido de Ituzaingó, donde en el mes de enero murió un joven ahogado. Al conocer el caso el organismo, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura realizó una inspección en el lugar, donde relevó graves violaciones de derechos humanos: sobremedicación, ausencia de un tratamiento integral y acorde a la ley de salud mental, espacios de aislamiento como castigo, malas condiciones edilicias y varias irregularidades tratamentales y administrativas.

ANDAR en Ituzaingó

(CPM) La intervención sobre la comunidad terapéutica Centro Soltar comenzó el 6 de febrero del corriente, cuando se tomó conocimiento mediante el periodista Pablo Galfré, sobre la muerte de Santiago Tobías Hellman Suarez, un joven de 17 años proveniente de la provincia de Santa Fé, hecho que se había producida el 25 de enero.
Al momento de la inspección que realizó la Comisión Provincial por la Memoria, en su calidad de Mecanismo local de prevención de la tortura, había casi una decena de jóvenes menores de edad oriundos de Santa Fe y adultos provenientes de San Luis y Misiones, lejos de sus comunidades de pertenencia.

El equipo interdisciplinario de los programas de Salud Mental y Niñez de la CPM relevó además que las personas alojadas en esta comunidad terapéutica padecían graves violaciones a sus derechos: desde la libertad hasta la salud física y psíquica, educación y alimentación. Durante la inspección se examinaron las historias clínicas y libros de actas, se entrevistó de forma confidencial a las personas usuarias y se relevaron las condiciones materiales del lugar.

Además de los incumplimientos a las leyes de salud mental, promoción y protección de derechos de la niñez y de derechos del paciente, se registraron irregularidades en la legalidad de las internaciones, un régimen de vida restrictivo, sometimiento a aislamiento y condiciones de alojamiento riesgosas y con falta de higiene.

Muchos de los alojados en Soltar son menores de edad, y casi en su totalidad oriundos de otras provincias. Las derivaciones se hacían desde lugares como la Secretaría de Niñez de Santa Fe, y el CPAA (Centro de Prevención y Asistencia de las Adicciones) de San Luis aun cuando -según informaron los mismos responsables de la institución- funcionan hace aproximadamente 5 años sin habilitación del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.

En cuanto al abordaje de los consumos problemáticos por los que supuestamente llegan al lugar, se encuadra esencialmente en una lógica disciplinaria y conductual a través de la modalidad premios-castigos, y no se adecuan a lo estipulado por la ley de salud mental.

Los jóvenes están lejos de su casa, vigilados las 24 horas, sin acceso a la educación ni a comunicarse con sus familiares y referentes afectivos, sometidos a aislamiento, malos tratos y violencia psicológica. Adultos y menores de edad se encuentran alojados juntos, sin ningún tipo de separación o diferenciación en cuanto a espacios, tratamiento y acceso a derechos. La medicación no es administrada por un profesional de enfermería sino por los mismos operadores. En las entrevistas surgió que la aplicación de inyectables como método de sedación se da de forma violenta y recurrente, y se observaron signos de sobremedicación en los entrevistados como somnolencia, salivación excesiva, enlentecimiento del discurso y de los movimientos.

Frente a este escenario, en el habeas corpus presentado la CPM solicitó que se designen peritos expertos para evaluar las diferentes áreas comprometidas: salud en función del abordaje y tratamiento, ingenieros y arquitectos en función de las condiciones edilicias, expertos en seguridad e higiene, y trabajador social para un informe socio-ambiental.

Luego de ocurrida la muerte del menor de 17 años, y la presentación administrativa realizada, la oficina de Fiscalización Sanitaria del Ministerio de Salud inspeccionó el lugar, disponiendo la clausura provisoria e indicando una serie de modificaciones y dejando disponible una vía institucional para que se habiliten formalmente, lo que aun no ocurrió. La inspección de la CPM fue una semana después de esto y si bien se dispusieron algunas refacciones en el lugar, no se había considerado la palabra de las personas alojadas para identificar vulneraciones de derechos.
Pese a las iniciativas desarrolladas por el Ministerio de Salud provincial, como el Registro Único Provincial de Establecimientos de Salud (RUPES), que incluye Comunidades Terapéuticas y Clínicas psiquiátricas privadas, es indispensable profundizar el control de estas comunidades, decenas de las cuales aún no se han registrado, no cumplen con la normativa vigente y violan los derechos de las personas allí alojadas.