El Observatorio de violencia de género de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires presentó un informe ante la ONU, en el que puso el eje en los femicidios.

ANDAR en la Provincia

(Defensoría del pueblo) Un informe con especial mención a los casos de femicidio y las condiciones de detención de las mujeres y personas trans presentó hoy la Defensoría de Pueblo de la provincia de Buenos Aires, ante el Comité Contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas, en Ginebra. En el marco de la evaluación que realiza el Comité al Estado argentino, el Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría hizo una exposición sobre los hechos de violencia contra las mujeres en la Provincia, y puso el foco en los crecientes casos de femicidio.

Sobre este punto, el OVG señaló que “para prevenir los actos de torturas y garantizar una vida libre de violencia, sería importante que los estados definan políticas públicas que promuevan el empoderamiento económico de las mujeres,  el acceso  a la tierra, la vivienda y al empleo formal”.

En esa línea, el documento presentado por la Defensoría apunta a la necesidad de  creación de programas de asistencia a víctimas de violencias, programas de protección de testigos y la implementación de políticas reparatorias por los daños sufridos.

“La definición de políticas integrales contra la violencia hacia las mujeres en aún una deuda pendiente en Argentina”, señala en informe.

Durante la exposición, la responsable del Observatorio, Laurana Malacalza, señaló que en la Provincia de Buenos Aires hay 1.530 mujeres presas, el 40 % por delitos de venta de drogas; mientras que casi la totalidad de las mujeres trans están encerradas por este motivo. “Estas cifras dan cuenta de una política criminal que se ha concentrado en la persecución de los sectores más vulnerables de la cadena del narcotráfico, promoviendo el encarcelamiento de mujeres y mujeres trans migrantes en todo el país”.

En el escrito elaborado por las profesionales, se advierte la preocupación frente a los casos de requisas policiales contra el colectivo trans y travestis en la vía pública o en sede policial utilizando la modalidad de la desnudez forzosa. “Ningún miembro de las fuerzas ha sido investigado por el delito de tortura o malos tratos a partir de estas prácticas”.

Además, en el registro se destacó que las mujeres con hijos a cargo, tienen serias dificultadas de obtener medidas alternativas a la prisión.

Finalmente, se dejó constancia de la interrupción de tratamientos de hormonización y  contra el VIH sida, y denuncias de violencia obstétrica en cárceles.