Como cada año, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó su informe anual sobre lugares de encierro, políticas de seguridad, salud mental, niñez y justicia penal de la provincia de Buenos Aires. Este 18° informe vuelve a confirmar los viejos problemas de siempre: desde hace más de 25 años la política criminal, asentada en las premisas del punitivismo y aprehensiones policiales de jóvenes no vinculados con el delito, no sólo no resuelve los problemas de seguridad sino que genera graves violaciones a los derechos humanos. En este Informe se señalan algunos indicadores positivos como el descenso de la sobrepoblación en cárceles y comisarías o la disminución de muertes en instituciones de salud mental, comisarias y cárceles. No obstante, en los lugares de encierro y en el despliegue de las fuerzas de seguridad en el territorio, la tortura sigue siendo una práctica sistemática, relevándose más de 54 mil hechos, crecieron los casos de letalidad policial y las políticas de niñez y adolescencia no dan las respuestas necesarias pese a la critica situación de las infancias. El estado provincial sigue incumpliendo leyes vigentes: consagrar la autonomía de la defensa pública, el pleno funcionamiento de la policía judicial y la creación de fiscalías especializadas para investigar la violencia institucional.

ANDAR en la Provincia

(CPM) La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) viene advirtiendo desde hace años que la política criminal, basada en el sobreencarcelamiento y la saturación policial de los territorios para control de las poblaciones más pobres a las que detienen sin relación con el delito, requiere cambios urgentes. Esa premisa se torna aún más necesaria frente a una nueva gestión de gobierno nacional que en sus discursos y proyectos, muestran una política más regresiva en materia de seguridad y justicia, como el protocolo de uso de arma de fuego por parte de las fuerzas de seguridad, la baja de edad de punibilidad o la represión a la protesta social.

A la par de un profundo proceso de deterioro de las condiciones de vida de la sociedad producto de la crisis socio-económica, los renovados discursos punitivistas y la posible sanción de leyes regresivas en la materia repercutirán de manera directa en la provincia de Buenos Aires donde las violaciones a los derechos humanos, siguen siendo sistemáticas en los lugares de encierro y en el despliegue territorial de la policía.

La Comisión provincial por la Memoria cumple estas funciones de control de lugares de encierro y de las fuerzas de seguridad, desde hace dos décadas. En 2019, la designación formal como Mecanismo local de prevención de la tortura permitió fortalecer su capacidad de intervención en el registro y la denuncia de la tortura. Durante el 2023 los equipos de trabajo de la CPM, sus Delegaciones en la provincia y las 11 organizaciones de familiares que integran el Programa Punto Denuncia Tortura, intervinieron por más de 13 mil víctimas de violaciones a los derechos humanos, a partir de las 852 inspecciones a lugares de encierro y 38.968 entrevistas realizadas.

Ese trabajo permitió relevar 67.725 hechos de vulneraciones a derechos humanos y de negación de acceso a la justicia en cárceles y alcaidías bonaerenses. De estas, 50.420 son hechos de torturas y/o malos tratos, dentro de los cuales la falta de asistencia a la salud es el principal en el encierro carcelario, con 15.977 casos registrados, el 32% del total.

Esto ocurre en un contexto de incremento de la población encarcelada, que pasó de tener mas de 55.000 detenidos en 2022 a casi 59.000 en el año 2023. La tasa de prisionización creció de 311 detenidos cada 100.000 habitantes a 327, de un año al otro. Esto provoca niveles de sobrepoblación y hacinamiento que generan una crisis humanitaria en los lugares de encierro.

No obstante, después de varios años, la sobrepoblación en cárceles se ubicó por debajo del 100%. Esto se logró con la construcción entre 2020 y 2023 de 6.000 plazas, un promedio de 1.500 plazas nuevas por año, el problema es que se agregaron 2.400 detenidos por año. La construcción de plazas nunca resuelve el problema, entre 2001 y 2023 se crearon 16.600 plazas y la población detenida aumentó en 35.400 personas. La solución es dejar de detener innecesariamente a los mas pobres y mejorar la persecución del delito complejo que pocas veces se persigue y atrapa.

El sobreencarcelamiento se sustenta en el uso abusivo de la prisión preventiva, el 50% de las personas alojadas en cárceles y alcaidías estaban detenidas sin condena; esa cantidad se extiende al 58% en el caso de las mujeres y al 74% en personas trans. En el extremo opuesto, el otro gran problema: la falta de acceso a medidas de morigeración de la pena, los juzgados de ejecución penal rechazan 8 de cada 10 pedidos. Hoy el 70% de las personas detenidas se va con la pena cumplida, es decir, el principio de progresividad de la pena es un derecho casi extinto en la administración de justicia provincial.

Un dato positivo es que bajaron las muertes bajo custodia del SPB en un 39 %: pasaron de 244 a 205 entre 2022 y 2023, una tasa de 3,1 personas de cada 1.000, la tasa más baja de los últimos 15 años. También se destaca la reducción de la cantidad de homicidios dolosos ocurridos en el SPB que fueron 3 en 2023, contra 36 ocurridos hace 10 años, en 2013. La reducción de este tipo de muertes y la disminución de los hechos de violencia que se relevan, si bien depende de diferentes causas, tiene en la habilitación de la telefonía celular un elemento central. Esta muy buena política pública de la actual gestión, fue un avance notable para la garantía de derechos. Los discursos de incremento de los delitos por esta razón, no se condicen con la realidad. Los teléfonos celulares, debidamente registrados y con un protocolo de funcionamiento, no son utilizados con esa finalidad. Los pocos casos amplificados por los medios de comunicación fueron realizados por teléfonos clandestinos sin registro, como antes de su autorización.

En comisarías la sobrepoblación también tuvo un descenso significativo: pasó del 252% al 95%, también se logró por primera vez que no se alojen personas en las 21 comisarías clausuradas por medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Estos avances mejoran la situación, pero no cambian el contexto que permite la continuidad de graves violaciones a los derechos humanos.

La política de seguridad, basada en la saturación policial de los territorios, se mantiene sin variaciones; cada vez más policías para el control de las poblaciones más vulnerables, especialmente jóvenes pobres. Ese control policial no se despliega para prevenir el delito sino para regularlo; eso impacta directamente en la tasa de encarcelamiento y amplia los márgenes de discrecionalidad y arbitrariedad de los funcionarios policiales en su accionar.

Esto queda en evidencia si se mira las estadísticas de aprehensiones: entre 2019 y 2022, la Policía Bonaerense aprehendió en promedio 285.520 personas por año; sólo el 14% fueron imputadas por un delito y el 6% ingresó al Servicio Penitenciario Bonaerense por el dictado de condena o prisión preventiva. Es decir, el 84% de las aprehensiones policiales no están vinculadas al delito.

Ese despliegue policial genera las condiciones de posibilidad para la consumación de hechos de tortura y muerte; en 2023, la CPM relevó 1.323 hechos de violencia policial que involucraron a 630 víctimas; la práctica más denunciada fue la agresión física, la tercera fue el uso letal de la fuerza con 114 casos registrados de los cuales 7 fueron mujeres y 19 menores de edad. El año 2023 habían sido 98 muertes en total. En comisarás bonaerenses se registraron 15 muertes, una baja significativa con relación al 2022 que había ascendido a 25 personas. Una de las muertes fue la de una mujer trans que se encontraba alojada en una comisaría destinada al alojamiento de varones.

La actual gestión de gobierno bonaerense, ya desde su anterior mandato y tal como reconoció la CPM en informes anteriores, viene haciendo esfuerzos necesarios para avanzar con la efectiva implementación de la Ley Nacional de Salud Mental. En ese sentido, y si bien queda mucho por hacer, este informe anual destaca el descenso significativo de la cantidad de personas internadas en los hospitales públicos monovalentes de la Provincia y de las muertes por razones de salud mental.

A pesar de estos avances, se siguen reportando graves violaciones de derechos en instituciones públicas y privadas como cárceles neuropsiquiátricas, clínicas privadas y comunidades terapéuticas. Estas violaciones incluyen prácticas como abuso sexual, aislamiento ilegal, sujeción mecánica indebida, sobremedicación y falta de cuidados adecuados.

En cuanto a las políticas de niñez seguimos advirtiendo los mismos problemas que observamos en el informe anterior: impulsado en parte por ese contexto de deterioro de condiciones de vida que afecta a gran parte de la población, el Sistema de Promoción y Protección de Derechos de niños, niñas y jóvenes realiza cada año más intervenciones, en 2023 fueron más de 70.000. De todos estos casos, 4.101 niños/as y jóvenes fueron institucionalizados durante el año 2023. La mayoría se encuentra alojada en dispositivos no oficiales y con fuertes déficits para efectivizar una medida de restitución de derechos.

En el otro extremo del abordaje, el Estado llega a esta población a través de las políticas represivas y punitivas, tarde para promover acciones preventivas que limiten el ingreso al ámbito penal. Durante 2023 ingresaron 828 jóvenes a los centros de detención, del total de ingresos el 82% tenía entre 16 y 17 años y el 16% eran menores de 16, es decir no punibles. Un dato preocupante si se cruza, como se señaló al principio, con el proyecto del gobierno nacional de promover el encierro a edad cada vez más temprana.

Los avances que se mencionan en el informe como positivos, ya que sin muchas de ellas seguramente la situación sería peor, no logran abordar los problemas estructurales que provocan las condiciones de posibilidad para la vulneración de los derechos humanos de los sectores más pobres de la sociedad, último eslabón de la cadena delictiva, perseguidos por el sistema penal y víctimas de la violencia estatal.

“No hay sistema penal y de encierro que resuelva la cuestión social de manera justa. Al desafío de luchar contra la desigualdad y pobreza que crecen, debemos darle carnadura con una política criminal con perspectiva de derechos humanos que cambie la dirección sostenida de manera transversal por todos los gobiernos en los últimos 25 años”, concluye la CPM en la introducción del Informe Anual 2024. El sistema de la crueldad XVIII.

Un informe que, como ocurrió siempre, será entregado al gobernador, a sus ministros, legisladores y funcionarios judiciales como un aporte a la discusión de políticas públicas que permitan revertir el actual estado de situación.

Mira el informe completo: https://www.comisionporlamemoria.org/informeanual2024/