La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Argentina (APDH) y su regional Mar del Plata, la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA), regional Mar y Sierras y la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina Autónoma (CTA-A) se presentaron como amicus curiae en el marco del habeas corpus colectivo presentado por la Comisión Provincial por la Memoria a favor de las personas que trabajan en la vía pública y/o se encuentran en situación de calle en Mar del Plata, y que vienen siendo víctima de la violencia estatal desplegada por los funcionarios de la patrulla municipal de General Pueyrredón.

ANDAR en Mar del Plata

(Agencia Andar) Es un proceso que tramita ante el Juzgado de Garantías N° 4 de Mar del Plata y busca proteger a las víctimas de la violencia estatal desplegada por funcionarios de la Secretaría de Seguridad del Municipio de General Pueyrredón en perjuicio de personas en situación de vulnerabilidad, y que se modifiquen estas prácticas ilegales. El amicus curiae es una figura que permite a terceros presentarse en un litigio judicial en el que acrediten interés para ofrecer opiniones y argumentos en torno al proceso y velar por que no se viole ningún derecho.

La APDH y las dos centrales sindicales se presentaron ayer ante el juzgado a cargo de Juan Tapia para hacer un seguimiento y apoyar este habeas corpus a través del cual la Comisión por la Memoria, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, documentó y denunció operativos violentos, ilegales y discriminatorios desplegados desde el ejecutivo municipal que incluyen delitos como privaciones ilegales de la libertad, agresiones físicas, verbales y psicológicas, cacheos, requisas y sustracción de pertenencias.

En el marco de este trámite ya se concertó una audiencia a fines del mes pasado en la que participó el intendente Guillermo Montenegro y su secretario de Seguridad, Rodrigo Gonçalves. En esa oportunidad los funcionarios reconocieron que la Patrulla Municipal debe actuar ajustándose a derecho, pero negaron la violencia con la que realizan sus intervenciones y que difunden y celebran a través de las redes sociales. Próximamente se concretará otra instancia en la que serán llamados a declarar más personas afectadas por estas prácticas.

“Los gobiernos de origen democrático que devienen en autoritarios se caracterizan por la concentración ilegítima de poder estatal, amplios espacios de discrecionalidad, ausencia de mecanismos institucionales y sociales de control, garantía generalizada de impunidad y una normalización de la ilegalidad”, indican desde la APDH y las centrales de trabajadores en la presentación.

Además de este habeas corpus, en enero la CPM presentó una denuncia penal por estos hechos junto a la regional Mar del Plata de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos que tramita en la Fiscalía N° 12 de esa ciudad. Consideran que las acciones desplegadas por los agentes municipales y promocionadas por las máximas autoridades municipales además de arbitrarias e ilegales constituyen delitos de acción pública “en tanto las facultades desplegadas no encuentran respaldo en la normativa municipal y aunque estuvieran contempladas excederían el marco legal previsto por la ley de seguridad pública de la provincia de Buenos Aires y las propias reglamentaciones del Ministerio de Seguridad Provincial”.

Ayer representantes de ambas centrales sindicales, la APDH y varios representantes de sindicatos y organizaciones sociales acompañaron la presentación judicial en los tribunales marplatenses.