El ex combatiente de Malvinas e integrante de la Comisión Provincial por la Memoria Ernesto Alonso participó de la reunión informativa de la comisión de Ciencia y Tecnología del Senado por el tratamiento de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que impulsa el Gobierno nacional y tiene dictamen de mayoría. Para Alonso la ley afectaría las reservas de agua dulce y zonas estratégicas de frontera.

FOTO de portada: Paloma Cerna/Enfant Terrible

ANDAR en el Senado

(Agencia) En la reunión informativa realizada el pasado miércoles 24 en la comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la Nación por el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, Ernesto Alonso, secretario de derechos humanos del CECIM e integrante de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), expresó que ése proyecto y otras iniciativas del gobierno de Javier Milei constituyen “un plan sistemático de entrega de la soberanía nacional, no hay ninguna duda” y que está en riesgo la “gobernanza del territorio nacional”. El ex combatiente explicó que “con la actual Ley de Tierras podrían venderse al extranjero más de 20 millones de hectáreas, pero no les alcanza con eso”.

El dictamen de mayoría fue firmado en un plenario conjunto de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General. El proyecto sufrió modificaciones en el trayecto (como la exclusión inicial del capítulo de regularización dominial) y ha generado fuertes críticas y dictámenes de minoría por parte de bloques opositores, además de rechazos de sectores académicos y científicos por preocupaciones sobre la soberanía nacional.

Para Alonso, esta reforma afectaría a “zonas estratégicas de frontera, del litoral marítimo y recursos de agua dulce, es decir, todo lo que escasea en el planeta lo tenemos en Argentina, y es todo lo que necesitan estas grandes potencias, estos grandes nuevos estados, Peter Thiel y aquellos que funcionan con la inteligencia artificial, que son más poderosos que los propios estados, en muchos casos”.

La ley de tierras, vigente desde 2011, establece un límite del 15% a la titularidad de tierras rurales por parte de extranjeros y prohíbe la venta en zonas estratégicas como áreas de fronteras, ríos, glaciares y lagos. El nuevo proyecto promueve eliminar estas restricciones para facilitar el ingreso de capitales privados extranjeros.

Alonso enfatizó que “hay que llamar la atención sobre esto”, porque “el sillón de Rivadavia lo gestiona el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en el ministerio de Defensa lamentablemente está el Comando Sur, es una intervención directa, impensada y hasta similar a lo que fue la dictadura militar”. Y recordó que tras la guerra de Malvinas, Gran Bretaña multiplicó en 23 veces los territorios usurpados. A su criterio, “estamos a un paso de que nos instalen una base militar en Tierra del Fuego con esa proyección Antártica, es decir, hay que comprender que “sin un proyecto basado en la defensa de políticas soberanas, no vamos a tener posibilidad de salir de este enredo”.

El secretario de derechos humanos del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata recordó que “nuestro pueblo tiene una historia magnífica de lucha y reparación permanente contra todo aquello que fue contrario a los intereses nacionales”.

Antes de terminar su discurso, Alonso destacó la necesidad de “darle corporeidad a quienes hoy van a permitir la posibilidad de que se derogue la Ley de Tierras” y manifestó que sería importante que los ciudadanos de cada provincia le pregunten a sus senadores, y los fue nombrando: Maximiliano Abad de la provincia de Buenos Aires, a Patricia Bullrich y Agustín Monteverde de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a Flavio Fama de Catamarca, a Juan Cruz Godoy y a Silvana Schneider de Chaco, y así hasta completar el total de los miembros del Senado.