El 15 de marzo, el policía bonaerense Matías Vizgarra Riveros estaba fuera de servicio y solicitó un viaje a través de la plataforma Didi, que fue tomado por Cristian Pereyra, un docente que trabajaba en la aplicación para incrementar sus ingresos. Durante el recorrido, Vizgarra lo mató de cinco disparos con su arma reglamentaria y luego le robó el auto. Este jueves la familia de Cristian se reunió con el fiscal Andrés Arribas, que en los últimos días requirió la elevación a juicio de la causa. La Comisión Provincial por la Memoria acompaña el reclamo de justicia y, en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, patrocina a la familia del docente junto al Centro de Profesionales por los Derechos Humanos.

ANDAR en La Matanza

(Agencia) “Nuestro hermano, Cristian Pereyra, era docente de una escuela técnica, y como muchos docentes no llegaba a fin de mes, por eso es que se encontraba realizando viajes en la plataforma de Didi y fue así que subió a su auto este asesino, Matías Vizgarra Riveros, que se hizo pasar por pasajero, le roba el auto y lo termina asesinando de cinco disparos por la espalda, para luego irse a trabajar como si nada hubiera pasado”. Con estas palabras, Brenda Pereyra describió la secuencia en la cual este policía bonaerense mató a su hermano, hace poco más de tres meses, el 15 de marzo en la autopista Presidente Perón, mano a Ezeiza. “Lo hizo con su arma reglamentaria, estaba fuera de servicio, por eso queremos saber cuál es la responsabilidad estatal en este caso”, agregó.

La fiscalía a cargo de Adrián Arribas, que conduce la investigación, formuló el requerimiento de elevación a juicio. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) participan del expediente como particulares damnificados, en representación de la familia Pereyra.

“En cuanto al aspecto probatorio en concreto puedo afirmar que, tanto la materialidad ilícita como la autoría, y participación del imputado, se encuentra debidamente acreditada con la certeza que este estadio procesal requiere, según resulta de mi sincera convicción y en base a los elementos probatorios”, escribió el fiscal Arribas. En su dictamen, detalló los testimonios, las imágenes de cámaras de seguridad públicas y privadas, los informes de balística, de telefonía celular y de la aplicación Didi, y el resultado de la autopsia. En el escrito consta que la propia víctima dijo “me robaron el auto, estaba haciendo Didi, me pegaron tres tiros, es un Corsa verde oscuro”, cuando ya tenía dificultades para respirar y había perdido mucha sangre”.

Arribas solicitó que el policía Matías Vizcarra Riveros, de 23 años e integrante de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), sea juzgado por robo agravado por el uso de arma de fuego y homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por ser criminis causa. A la hora de describir lo sucedido, el fiscal expresó: “En ejecución de un designio previamente orientado al desapoderamiento ilegítimo, el imputado generó las condiciones para consumar el ilícito patrimonial, abusando de la confianza de la víctima en la relación contractual temporaria previamente asumida por ambos. Fue entonces cuando, con pleno dominio de la situación y aprovechando esa relación que lo unía momentáneamente a Cristian Eduardo Pereyra, Vizgarra Riveros desplegó una conducta violenta de máxima intensidad, dirigiendo contra aquél una agresión letal”. A criterio de la fiscalía, “el ataque, lejos de constituir un exceso o una reacción improvisada, se inscribió dentro de la lógica del plan criminal, teniendo por finalidad inmediata neutralizar cualquier resistencia y, de modo mediato, evitar la posterior identificación del autor”.

Dijo Arribas: “La muerte de la víctima fue así procurada como un medio necesario para asegurar tanto la consumación del robo como la impunidad del imputado. Consumado el hecho, y tras haber causado la muerte de Cristian Eduardo Pereyra, el imputado se apoderó ilegítimamente de efectos pertenecientes a la víctima, dándose posteriormente a la fuga, procurando de ese modo consolidar el provecho del delito y sustraerse de la acción de la justicia”. Respecto de las pruebas, el fiscal ponderó que “la secuencia fáctica descripta se encuentra robustamente respaldada por la evidencia colectada a lo largo de la investigación, la cual, valorada de manera integral y armónica, permite reconstruir no solo el itinerario previo al hecho, sino también la mecánica comisiva y la clara direccionalidad del accionar desplegado por el encausado”.

En definitiva, el fiscal destacó que “el suceso aquí ventilado revela un cuadro de extrema gravedad, en el cual la víctima fue seleccionada y colocada en una situación fácilmente vulnerable, siendo finalmente privada de su vida como consecuencia de un accionar deliberado, funcional a la concreción de un ilícito patrimonial y a la procuración de la impunidad de su autor”. De modo tal que concluyó que está “suficientemente acreditada la forma en que ocurrió el hecho descripto, así como la autoría y participación del imputado en los ilícitos que se le atribuyen”.

Justicia por Cristian

El pasado jueves 18 familiares y compañeros del profesor se movilizaron junto al Suteba La Matanza hasta la Fiscalía que lleva la causa. “Nos reunimos con el fiscal Adrián Arribas y su asistente, nuestras dudas son porque él ya elevó la causa a juicio, y a nosotros nos parece muy rápido porque falta investigar en profundidad lo que es el celular del asesino, Matías Vizgarra Riveros”, dijo Victoria Pereyra en diálogo con ANDAR. “Él, cuando le hace hacer el trayecto a mi hermano, llama a dos personas, y si bien estas dos personas no lo atienden, nunca se contactaron para ver quiénes eran y por qué las llamó”, agregó. Además, el policía mandó mensajes que fueron borrados, por lo tanto las hermanas quieren que se amplíe el peritaje del celular.

“Le dijimos al fiscal y al asistente que pidan a Meta y a Google la manera de que se puedan recuperar los mensajes que borró porque hay evidencia de que borró mensajes a un compañero del hospital Evita a las seis de la mañana y a las nueve preguntando si había llegado un herido de bala,  después este compañero y da testimonio y muestra el mensaje pero en el celular del asesino no aparece”, detalló Victoria Pereyra. Y agregó: “Queremos saber el contexto del viaje porque es muy raro toda la circunstancia, si él está ocultando otro delito, o sea sabemos que él disparó pero queremos saber si hay cómplices, si él estaba hablando con otras personas haciendo entrega de algo, si hay más policías implicados, en las cámaras hay muchos cortes justo cuando pasa mi hermano y casualmente siempre aparece un patrullero”.

Cristian Pereyra tenía 39 años, una hija de tres llamada Olivia y daba clases en las escuelas 8 y 10 de La Matanza. Como el sueldo no le alcanzaba, comenzó a hacer viajes con su auto para la app Didi. La manifestación del jueves estuvo acompañada por partidos de izquierda, cuyos referentes señalaron que el profesor se había convertido en un emblema de la precarización salarial que afecta a los trabajadores y trabajadoras de la educación.