Un equipo ad honorem y sin presupuesto ni financiamiento logró después de dos años de trabajo un primer orden y descripción de lo que fue el archivo de inteligencia policial perteneciente al Departamento de Informaciones de la Policía de Mendoza (D2), o lo que queda de ese material. Más de 200 cajas de papeles con miles de prontuarios políticos y fichas personales que esperan poder abrir para la consulta pública al cerrar este año y después de un largo derrotero en el que los archivos peligraron más de una vez.

ANDAR en Mendoza

(Agencia Andar) “Pese a la falta absoluta de personal y financiamiento hemos logrado prácticamente finalizar la organización del archivo”, dice con orgullo Laura Rodríguez Agüero; ella Paula Ferreira, Patricia Galarza, Macarena Casal, Stella Tortolini, Begoña García, Julieta Lisanti, Mara Díaz y Alba Vega retomaron un trabajo que había iniciado Susana Muñoz, otra mujer y referente de las organizaciones de derechos humanos de la región que se había hecho cargo de un valioso archivo. Su trabajo quedó inconcluso cuando enfermó y uno de los principales obstáculos con que se encontraron sus sucesoras es que no hubo posibilidad de garantizar la transmisión del trabajo. Susana murió en diciembre del 2022.

El archivo está ubicado en el subsuelo de lo que fue el mayor centro clandestino de detención de Mendoza, el Departamento de Informaciones de la Policía de Mendoza (D2), que ahora es el Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos exD2, aunque parte del edificio todavía no fue desafectado.

El mayor fondo documental con el que cuenta corresponde a lo producido por el D2 entre su creación en 1970 hasta su disolución en 1998, en el marco de una reforma policial. Los papeles tuvieron idas y vueltas y eso fue afectando el acervo. Los registros sobre los años previos al golpe de Estado y durante la dictadura, por ejemplo, son escasos y se cree que fueron destruidos. Sobre los  años ’70 lo que hay mayoritariamente son prontuarios y lo llamativo es que “el espionaje también fue sobre los referentes de la derecha local, ellos también tiene su prontuario político así como todos los referentes del radicalismo, por ejemplo”, dice la historiadora. Con el regreso de la democracia el material llegó a la justicia “pero como los juicios por delitos de lesa se demoraron bastante fue devuelto a la fuerza”, se lamenta Laura. Una persona del poder judicial fotocopió una hoja de la documentación del D2 que prueba lo que se eliminó.

Cuando “hacia fines del ‘90 con una reforma policial el D2 desaparece, quien era ministro de seguridad en ese momento, Javier Conte, decide entregar los prontuarios políticos a sus dueños. Entonces hace una convocatoria pública y muchas personas retiran sus prontuarios”, retoma Rodríguez Agüero. El resto de la documentación fue salvada de la incineración en 2002 y entregada a los organismos de derechos humanos en 2003. Es ahí cuando Susana Muñoz, referente de la Casa por la memoria y la cultura popular de Godoy Cruz, queda como depositaria del archivo y, a falta de un espacio físico para su guarda, convenia con la Universidad Nacional de Cuyo la custodia provisoria. En ese periodo inició la tarea de ordenar, limpiar y describir de forma general la documentación.

“Susana comenzó el proceso de organización con distintas personas, lo hizo durante años pero cuando ella muere queda abandonado. Al año siguiente nosotras tomamos esa posta, pero no tuvimos la oportunidad de que nos contara cómo era que lo estaba trabajando, y tuvimos que empezar a tratar de descifrarlo. Así nos contactamos con la Comisión por la Memoria de Buenos Aires, y Julieta Sahade vino a Mendoza y nos capacitó para organizar el inventario que incluye miles de prontuarios y cientos de cajas que contienen mesas, casos y partes de novedad”, cuenta Laura.

“De hecho gran parte del material es de los ’90 y en esa época las características de las personas peligrosas cambian: hay un espionaje dirigido a jóvenes rockeros o a vecinos de barrios que se organizan contra una planta química que contamina o a sectas religiosas, personas en situación de calle o incluso lo que aparecen como “sidosos”, aparece el HIV como problema público”, enumera Laura.

Todo ese trabajo se viene haciendo sin ningún tipo de financiamiento porque la ley que creó en 2009 la Comisión por la Memoria de Mendoza le traslada los archivos a esta estructura, pero “es una cáscara vacía” nunca fue reglamentada ni recibió presupuesto. “Tenemos que hacer campañas de donaciones, o poner nuestro dinero para comprar insumos mínimos como guantes”, dicen desde el equipo. Un equipo de mujeres que tomó un legado de trabajo y lo continuó con compromiso y responsabilidad, la de saber que tienen un registro en el que se materializa la historia.