Dos testigos presenciales indicaron que cuando las Fuerzas de Tareas Conjuntas (FTC) de Paraguay arribaron al lugar donde estaban Lilian Mariana y Maria Carmen, de 11 años, asesinadas en Paraguay el 2 de septiembre, “las detuvieron y se las llevaron con vida”. Esto desacredita las versiones circuladas por el Gobierno de ese país que dijeron que habían sido “abatidas en un enfrentamiento”.

ANDAR en Paraguay

(María Sol Wasylyk Fedyszak para ANRed) Esta información fue brindada en conferencia de prensa el martes la Gremial de Abogados y Abogadas, entidad que acompaña el caso. No hay detenidos en la causa del asesinato de las niñas, la única detenida es Laura Villalba, de 19 años, familiar de ellas, quien fue retenida al querer regresar a la Argentina. Tampoco se sabe qué pasó con Carmen Elizabeth, otra de las niñas que estaba con ellas.

“Después de que se llevan detenidas a las niñas logran escapar Laura Villalba, Carmen Elizabeth, cuya madre está detenida en Asunción hace 17 años, Anahí y Tania. Las hostigan permanentemente. El 20 de noviembre son asesinadas tres personas que las acompañaban, con tiros a la distancia. Carmen Elizabeth queda herida. Las chicas no conocen la zona, quedaron expuestas, con helicópteros que las seguían, sin comida ni agua. En un momento Carmen Elizabeth se queda en un lugar mientras las otras chicas buscan agua, y cuando regresaron no la encuentran. Luego de esto salieron del país el 23 de diciembre pero Laura fue detenida en un retén. Ella se identifica, no había motivo para que la retuvieran y le plantaron una mochila con un uniforme. Las propias declaraciones oficiales hablan por sí mismas. Ella está detenida en un cuartel militar sola, única mujer, acusada de ser parte de una supuesta red de reclutamiento de niñas para el EPP que es la forma que encuentra el gobierno de Paraguay de encubrir los hechos”, denunció Laura Taffetani, integrante de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina.

El motivo de esta conferencia es porque Tania y Anahí  declararon frente a la Relatoría de Ejecuciones Especiales de Naciones Unidas y en el caso de Anahí ha declarado en el Comité de los Derechos del Niño con un relato pormenorizado de todo esto”. Por el testimonio de ellas “tenemos certeza de que se las llevaron con vida, de lo que sucedió después, no se sabe”. Pero más allá del apoyo y la solidaridad de un amplio sector del pueblo paraguayo, los medios no dejaron criminalizar a la familia. “Cuando ellas regresaron al país, nosotras tratamos, por cuestiones de seguridad, de no hacer pública la situación. El tema fue que en Paraguay hicieron una conferencia donde denunciaron a la familia mostrando fotos de las niñas, las expusieron y por esta situación se hizo público que fueron testigos presenciales”, señaló Taffetani.

“El único camino es que haya una pericia propia de Argentina para saber qué pasó”. Taffetani resaltó la situación de alarma que genera este caso. “La única salida en la solidaridad internacional ante la actitud de encubrimiento del Gobierno paraguayo.

Parte de la familia Villalba hace más de 10 años reside en Misiones “por las persecuciones que se habían desatado en el país vecino. Estamos hablando de familiares que no son beligerantes, aquí nacieron, crecieron”, narra Taffetani. En noviembre de 2019 viajó a Paraguay un grupo de esta familia integrado por una joven de 19 años y cuatro niñas quienes fueron a visitar a sus padres y a pasar las vacaciones. Llegó la pandemia por lo que debieron quedarse. Las FTC, que es una fuerza creada para combatir al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) detectaron la llegada de estas niñas y comenzaron tareas de inteligencia. El 2 de septiembre, mientras se encontraban desayunando, los militares se acercaron al lugar y se llevan detenidas a Lilian Mariana Villalba y María Carmen. Esto lo pudieron contar dos de las testigos presenciales, pero ambas fueron llevadas con vida”, relata.

Lo que se le reclama al estado paraguayo “es la investigación por el asesinato de las dos niñas”, indicó en la conferencia Marisa Graham, defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación. “El estado paraguayo fue confuso en su comunicación. Primero dijeron que eran mayores de 18 años, luego quemaron las ropas supuestamente por protocolo de covid. Luego pidieron al estado argentino el  envío de partidas de nacimiento, de los DNI de ambas niñas asesinadas (para corroborar si eran argentinas) y después de que fueron aportados esos elementos pusieron en cuestión la validez de esos documentos y el actuar de funcionarios del Registro Civil de la República Argentina,  lo que genera tensión entre ambos países”, indicó.