La Casa Memoria José Domingo Cañas de Chile denunció graves vulneraciones a los derechos humanos durante la represión a la manifestación convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), realizada la semana pasada junto al Sindicato de Maestros de Chile y grupos feministas, por los recortes a la educación que impulsa el gobierno de José Antonio Kast. La denuncia fue realizada a partir de la tarea de monitoreo del despliegue de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones públicas, tarea que la institución de derechos humanos viene realizando desde 2011 y que fue un antecedente regional en la labor que la Comisión Provincial por la Memoria, en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, realiza en Argentina desde la sanción del protocolo antipiquetes.

ANDAR en Chile

(Agencia) “Estamos frente a un momento complejo de regresión importante de derechos conquistados en nuestro país por parte del nuevo gobierno, una política del shock, donde desde el comienzo fue súper complejo para el mundo de los derechos humanos”, contextualiza la directora ejecutiva de la Casa Memoria José Domingo Cañas, Marta Cisterna Flores, en diálogo con ANDAR.

De acuerdo a lo relevado por la Casa Domingo Cañas en la movilización del pasado 3 de junio, hubo 38 personas detenidas, de las cuales 9 eran periodistas, 7 eran estudiantes secundarios. “Ese día la brutalidad también se utilizó con animales. Yo había visto perros en las marchas, pero esta vez vimos a los perros actuando, nunca había visto que los agentes COP, Control de Orden Público, se lanzaran a repeler a la gente con los perros sin bozal. Hubo estudiantes mordidos. O sea, fue de verdad una brutalidad que yo no veía, ni siquiera durante el estallido social de 2019”, opinó.

En un extenso comunicado, la Casa Memoria describió que desde el inicio de la jornada del 3 de junio se observó “un despliegue policial desproporcionado de Control de Orden Público (COP), acompañado de intervenciones orientadas más al control y disuasión de la manifestación que a su facilitación y resguardo”. La Comisión de monitoreo denunció el uso desmedido de la fuerza contra manifestantes pacíficos, el uso de perros para el control y amedrentamiento de manifestantes, la ausencia de criterios de gradualidad y proporcionalidad en la actuación policial, detenciones arbitrarias y violentas, uso de armas menos letales contra estudiantes, agresiones y detenciones de periodistas, restricciones indebidas a la libertad de expresión mediante la incautación de lienzos, carteles y otros elementos, impedimentos para el uso legítimo del espacio público, particularmente explanadas, plazas y parques que constituyen lugares tradicionales de reunión y expresión ciudadana, el uso de celulares personales por parte de agentes COP para registrar a manifestantes, situación que hemos visto en otras manifestaciones y, finalmente, acciones de provocación por parte de agentes COP hacia nuestra Comisión, en tanto institución controladora del despliegue de las fuerzas de seguridad.

En el documento emitido por Casa Memoria, recordaron que las manifestaciones pacíficas son un uso legítimo del espacio público y el Estado tiene la obligación positiva de facilitar su realización, proteger a quienes participan en ellas y garantizar que puedan expresar sus opiniones sin temor a represalias, violencia o criminalización. Frente a este derecho señalaron con preocupación “la vigencia del Decreto Supremo 1086 de 1983, dictado durante la dictadura civil-militar, que continúa regulando el ejercicio del derecho de reunión en espacios públicos desde una lógica de autorización y control administrativo incompatible con el derecho internacional de los derechos humanos”.

La institución de derechos humanos también señaló que el Estado debe garantizar la no repetición de las graves violaciones a los derechos humanos durante el estallido social de 2019, sin embargo “los hechos observados evidencian preocupantes continuidades en las prácticas de control policial de la protesta social y ponen en cuestión los avances comprometidos en materia de reforma policial y adecuación de protocolos a estándares internacionales de derechos humanos”.

Cabe recordar que la experiencia de monitoreo que la Casa Domingo Cañas realiza desde 2011, como organismo de derechos humanos, fue un antecedente regional en la labor que la Comisión Provincial por la Memoria, en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, realiza en Argentina desde la sanción del protocolo antipiquetes. En 2023, integrantes de la CPM viajaron a Chile para interiorizarse sobre ese trabajo y formaron parte del equipo que monitoreó la represión a la movilización por la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile.

Más protesta y más represión

En diálogo con ANDAR, la directora ejecutiva de Casa Memoria, Marta Cisterna Flores, afirmó que “este gobierno retiró un montón de decretos, más de 20 decretos de cuidado del medio ambiente, y esto ha generado conflictos por temas ambientales y por el ingreso nuevamente con toda la fuerza de las empresas extractivistas en nuestro país”, remarcó. Asimismo, dijo que los recortes en salud generan protestas también, así como los que afectan a la educación, lo que ha generado una reactivación del movimiento estudiantil universitario. En este sentido, precisó que el movimiento estudiantil secundario en rigor nunca ha parado de estar en las calles.

“Debo decirte que durante el gobierno anterior se sancionaron leyes criminalizantes de la protesta social que lamentablemente facilitan el camino a esta oleada regresiva en materia de derechos humanos. En este momento tenemos un corpus legal que ni siquiera en dictadura tuvimos en materia de criminalizar la protesta social”, aseguró la directora de Casa Memoria. “Se han elaborado leyes, insisto, en el gobierno anterior, la ley Naim-Yamada, Naim-Retamal, por ejemplo, que garantiza la impunidad para los perpetradores de crímenes contra los derechos humanos, específicamente las policías”, precisó. De hecho, hay muchas causas judiciales del periodo del estallido social en las que han salido los perpetradores libres por la ley Naim-Retamal, que da plenas facultades a las policías para justificar su actuar y violar derechos humanos.

Cisterna Flores mencionó que hay otras leyes, como la ley Aula Segura, que es para los colegios secundarios, que permite sacar del sistema a estudiantes por supuestas faltas graves a nivel de conducta, con el objetivo de desmovilizar a los estudiantes secundarios. Y también criminaliza la toma de establecimientos educacionales. Por otra parte, comentó que se ha endurecido la ley de responsabilidad penal adolescente, que espera su confirmación en el Senado. “El proyecto de ley permite la revisión de mochilas dentro de los colegios, la revisión de cuerpos, y el control al ingreso a los liceos de los estudiantes. Es una ley absolutamente regresiva en materia de derechos humanos”.

En su tarea de monitoreo de la represión a la protesta social, Cisterna Flores afirmó que “la crueldad por parte de Carabineros es la brutalidad que nosotros vimos en los 2011-2012, cuando iniciamos el monitoreo de derechos humanos, hemos visto situaciones que yo diría que aplican como tortura. En contextos de manifestación, detenciones de estudiantes, niños, niñas, adolescentes que son golpeados, que son impregnados en gas pimienta cuando ya están reducidos”.

El ensañamiento también es legislativo porque hay otro proyecto, que es el Registro Nacional de Vándalos, impulsado por el gobierno de Kast, que va a implicar que una persona que haga un rayado, por ejemplo, en un muro, puede pasar a este Registro Nacional de Vándalos, donde se le van a quitar beneficios sociales, por ejemplo, postular a la gratuidad en la universidad.

Para ella, es bien complejo el panorama. “Carabineros está como brazo armado del Estado, utilizando la brutalidad en su máximo esplendor. Se nota, se ve, se observa que ellos saben que van a quedar en impunidad, porque en este minuto hay un corpus legal que garantiza esa impunidad. Por lo tanto, no tienen ningún problema en traspasar todas las barreras que alguna vez creyeron tener. En este minuto, yo te diría que no tienen muchos límites, lamentablemente”, describió.

Por último la directora de Casa Memoria, Marta Cisterna señaló que en noviembre se aprobó una ley de presupuesto, pero el nuevo gobierno llegó con un discurso de que estábamos en crisis, una crisis inventada, porque no es real, y en ese contexto se generaron recortes vía decretos en salud, en educación muy importantes, en cultura. “Esto ha afectado particularmente a los sitios de memoria, porque en Chile los sitios de memoria estamos alojados en el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio”, apuntó Cisterna Flores. Y agregó que “esto ha hecho que todos los fondos que en Chile son concursables se hayan retrasado y en algunos casos que hayamos sitios que fuimos, bueno, dejados fuera del presupuesto. Nosotros pudimos acceder a un fondo basal que paga las cuentas del sitio de memoria, pero el fondo que paga los sueldos no fue posible. De hecho, nos dejaron fuera”.

Para revertir esta situación han tenido una audiencia con la relatora de Memoria, Verdad y Justicia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para plantear este tema. La Casa Memoria José Domingo Cañas es uno de los sitios más antiguos de Chile.