La Comisión Provincial por la Memoria presentó un recurso ante la Cámara Federal de Casación Penal para que se revierta el sobreseimiento, dictado en primera instancia por el juez Marcelo Martínez De Giorgi y confirmado a comienzos de este mes por la Cámara Federal porteña, en favor del expresidente Mauricio Macri, los exfuncionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y otros imputados por tareas de inteligencia ilegal. Las mismas se desplegaron sobre correos electrónicos particulares de periodistas, políticos opositores, eclesiásticos e integrantes de movimientos sociales entre otros. Para el organismo, se trata de una investigación que no cumplió con los estándares elementales de debida diligencia ni se realizó en un plazo razonable, elementos que contribuyen a provocar la impunidad de estos delitos graves. La apelación fue presentada por el organismo que patrocina a los querellantes de la causa Gustavo Traverso y Gabriela troiano.

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(Agencia) “El sobreseimiento dictado y confirmado por la Cámara se da en el marco de una causa en la que, junto a otras, se investiga una compleja trama de accionar delictivo inserta en el mismo núcleo del Estado Nacional bajo el gobierno del entonces presidente y aquí imputado, Mauricio Macri, destinada a producir inteligencia ilegal y obtener información de opositores políticos, integrantes de movimientos sociales, eclesiásticos, periodistas, personajes de la cultura e incluso personas privadas de su libertad”, señala el escrito de la CPM, que patrocina a los querellantes Gustavo Tomás Traverso y Gabriela Alejandra Troiano.

El recurso de la CPM ante la Cámara de Casación Penal se presentó luego que la Cámara Federal porteña ratificara el sobreseimiento de los imputados: “Una investigación sin profundidad, dilatada, obstaculizada podría provocar la impunidad de delitos de una relevancia inusitada para nuestra vida democrática”, consideró el organismo.

De acuerdo a la investigación penal, existió una estructura conformada entre el entonces presidente Macri, los funcionarios de la AFI Gustavo Arribas, Silva Majdalani y Darío Alberto Biorci y, en este caso, dos agentes de inteligencia de identidad reservada, que habrían formado parte  de un entramado más amplio que de manera sistemática, organizada y sostenida en el tiempo, realizando numerosas actividades de inteligencia ilegal.

Y cabe recordar que el sobreseimiento dictado por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi se fundó en presuntas irregularidades en las que fue obtenida la principal prueba: la falta de garantías de que se hubiera preservado la autenticidad e integridad de los discos rígidos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en los que se hallaron correos electrónicos privados de numerosas personas vinculadas al ámbito político y periodístico.

Para la CPM, tanto el sobreseimiento original como su reciente confirmación no cumplieron con los estándares mínimos de justificación y argumentación exigidos por la ley en cuanto a la interpretación de la prueba.

En efecto, tal como consta en la causa, la forma en que los discos rígidos fueron hallados, resguardados y posteriormente puestos a disposición de la justicia se realizó en cumplimiento de los protocolos previstos legalmente para la intervención de la AFI.

Asimismo, por requerimiento fiscal al comienzo de la investigación, la interventora de la AFI, Cristina Caamaño –quien ocupó ese rol entre diciembre de 2019 y junio de 2022- detalló que no se había hallado ninguna orden de reunión de información respecto a las personas cuyos correos habían sido espiados y que se había respetado la cadena de custodia del material hallado, generando una copia de seguridad espejo para trabajar sobre ella y no sobre el material guardado en el disco original. Del análisis de todo el material, continuó Caamaño, es que se produjo el informe del 14 de mayo de 2020 y que daría origen a la presente causa penal.

Es por estos motivos que la CPM, en representación de dos querellas particulares, vuelve a reiterar los argumentos esgrimidos en la apelación del primer sobreseimiento dictado en primera instancia: la prueba obtenida (principal en este expediente) fue  debidamente identificada, resguardada y entregada a los organismos jurisdiccionales correspondientes.

La mera afirmación de que “en concreto, no ha logrado sortear el principal escollo que afectó a la prueba que dio origen a la presente causa: la forma en que fue obtenida” es meramente dogmática y no satisface los estándares mínimos de justificación y argumentación de una sentencia válida.

El organismo de derechos humanos enfatizó que de ninguna manera fue debidamente acreditado –como pretendió el juez de Giorgi- que existieron “serios defectos en las operaciones desplegadas” en torno a la obtención de la prueba principal, siendo que incluso el mismo perito oficial concluyó que el disco rígido no había sido adulterado.

“En suma, la resolución es sumamente prematura, adolece de interpretaciones que no tienen sustento legal ni probatorio y de ninguna manera fue alcanzado el grado de certeza negativo que la normativa procesal impone para dictar una resolución de este calibre que desvincula a los principales responsables de un aparato orquestado de espionaje que funcionó desde el seno del Poder Ejecutivo Nacional que gobernó nuestro país desde el año 2015 al año 2019, y que la multiplicidad de causas judiciales iniciadas junto con los contundentes elementos de prueba incorporados a cada una de ellas, denota una contundencia pocas veces vista”, concluyó.