Lucas Adrián Gómez, el agente de la Policía de la Ciudad que en marzo disparó y mató a un joven que iba con un amigo en moto a jugar al fútbol, ya había sido el responsable de otro episodio de uso letal de la fuerza en mayo del año pasado. Esa investigación no avanzó. Ahora está detenido con prisión preventiva por el último caso: la muerte de Juan Cruz Leal, al que le disparó porque supuso que quería asaltarlo.

ANDAR en Ituzaingó

(Agencia Andar) Un orificio de bala ingresa de atrás hacia adelante: lesiona hígado, aorta, arteria pulmonar y pulmón derecho. Es mayo de 2025 y el agente de la Policía de la Ciudad Lucas Adrián Gómez quedó involucrado en un caso de uso letal de la fuerza al disparar y matar a Rodrigo Raffa, un joven que presuntamente intentó robarle cuando iba de civil en moto con su novia en Merlo. En el arma del policía, con capacidad para 17 cartuchos, había 12. Se encontraron cuatro vainas servidas en la escena del hecho; como indican las lesiones, el policía disparó por la espalda.

Diez meses después y a 4 kilómetros de ese lugar, en Ituzaingó, el mismo policía volvió a disparar contra dos jóvenes en moto porque creyó que querían asaltarlo. Juan Cruz Leal y un amigo simplemente se lo cruzaron yendo a jugar al fútbol. En menos de un año, el policía Lucas Gómez mató a dos personas con el arma provista por el Estado.

Después de que un policía mata con su arma reglamentaria no hay un protocolo estandarizado que se aplique desde la justicia, o incluso desde lo administrativo, mientras avanza la investigación y sea posible determinar si la actuación fue en legítima defensa o si hubo excesos. En la instrucción que se abrió por la muerte de Raffa no se tomó ningún tipo de medida: no se hicieron pericias balísticas, no se tomó declaración a ningún testigo ni al policía. La investigación simplemente quedó abierta sin ningún movimiento durante todos estos meses.

En el último caso, la muerte de Leal, la fiscal solicitó la prisión preventiva, y Gómez quedó detenido por los delitos de homicidio agravado por ser cometido por un miembro de fuerza de seguridad pública y por la utilización de un arma de fuego, en concurso real con homicidio agravado por ser cometido por un miembro de fuerza de seguridad pública y por la utilización de un arma de fuego en grado de tentativa. El juez de Garantías N° 2 de Morón, Ricardo Fraga, al resolver la medida de privación de libertad consideró que a partir de la prueba producida –testimonios y pericias- el accionar de Gómez se puede enmarcar en “una clara manifestación de violencia institucional y violación brutal de los derechos humanos”.

En esa causa, la Comisión Provincial por la Memoria interviene como particular damnificado institucional en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura y representa tambien a Daniel, el joven que sobrevivió al ataque.