Durante la semana del 16 al 20 de marzo se realizaron las jornadas de producción de prueba en el debate oral y público que investiga la muerte del joven Francisco Valentín Cruz, cuyo cuerpo sin vida fue hallado en una tosquera de la localidad de Ingeniero Allan, en Florencio Varela, y la última vez que fue visto con vida ocurrió durante la madrugada del 14 de marzo de 2020 cuando un grupo de policías lo subieron a un patrullero. La CPM, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, patrocina a la familia de la víctima y considera que ha quedado suficientemente probada en el debate la responsabilidad de los funcionarios policiales por los delitos imputados. El veredicto y la sentencia se darán a conocer el próximo 10 de abril.

ANDAR en Florencio Varela

(Agencia) El Tribunal Oral en lo Criminal 2 de Florencio Varela lleva adelante el juicio por delito de abandono de persona seguido de muerte en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público que tiene como imputados a cinco policías integrantes del Comando de Patrulla de Florencio Varela: Ezequiel Carlos Rodríguez, Virginia Noemí de la Vega, Emanuel Maximiliano Peralta, Sergio Esteban Barboza y Facundo Alan Iván Rolón.

Tanto para la fiscalía de juicio como para la CPM, que representa a la familia como particular damnificado, Rolón y De La Vega fueron partícipes necesarios, mientras que Rodríguez, Peralta y Barboza fueron coautores de los delitos de abandono de persona seguido de muerte en concurso ideal con el incumplimiento de deberes de funcionario público.

Cabe recordar que los hechos que se ventilan en este juicio ocurrieron después de la medianoche del 14 de marzo de 2020 en la intersección de la Avenida Hudson y calle 1356 de la localidad de Ingeniero Allan, partido de Florencio Varela, cuando una comisión de cinco policías acudió al llamado de vecinos por un posible intento de robo.

En efecto, Francisco Valentín Cruz, de 29 años, había sido visto en un patio de una vivienda particular, lo que motivó el llamado al 911 y la llegada del móvil policial. El joven -de acuerdo al relato de los vecinos- estaba desorientado, balbuceaba y no se le entendía lo que decía. Horas antes había estado en una guardia de salud mental, y cursaba un tratamiento ambulatorio.

Sin embargo, los policías decidieron igualmente ingresarlo al patrullero y llevárselo con la excusa de que lo trasladarían a un centro de atención de la salud. Fue la última vez que alguien lo vio con vida, y tres días después su cuerpo apareció tendido sobre un charco de brea en una tosquera de la zona.

Entre los testimonios brindados en el juicio se destaca el de las hermanas de Francisco, Celeste Cruz y Esther Quijano, quienes describieron el cuadro de salud y el tratamiento que cursaba la víctima, lo que resulta fundamental para establecer que –tal como pudieron interpretar los propios vecinos que llamaron al 911- la irrupción en un patio no implicó ningún riesgo para los propietarios ni para el barrio.

Otra prueba que resultará fundamental es la del propio jefe del Comando de Patrullas de Florencio Varela, quien señaló que los cinco policías imputados actuaron por fuera de la ley durante aquella madrugada del 14 de marzo de 2020.

Ante el tribunal también declararon bomberos y policías que intervinieron en el hallazgo del cuerpo sin vida de Francisco, los vecinos del barrio que presenciaron el momento en que lo suben al patrullero, una médica que había atendido a Francisco en el hospital Alejandro Korn, de Melchor Romero, entre otros.

Asimismo, como prueba documental se incorporó por lectura el resultado de autopsia, un informe de Gendarmería Nacional respecto a las circunstancias del hallazgo del cuerpo y otro informe relativo al sistema de geolocalización automática de vehículos que permite establecer los detalles de tiempo y lugar en los que se movió el patrullero en el que cargaron a Francisco.

Para esta CPM ha quedado probada más allá de toda duda razonable la autoría de los delitos endilgados a los policías y, al igual que el ministerio público fiscal, solicitó en sus alegatos que Peralta, Barbosa y Rodríguez sean condenados por resultar coautores del delito de abandono de persona seguido de muerte, y que Rolón, oficial de servicio de la Comisaría 6°, y De la Vega, una de las policías que intervino en el hecho pero con un rol menor, sean condenados como partícipes necesarios. Esto implica el requerimiento de 8 años de prisión para los primeros, y 7 años y 6 meses para los últimos.

Ahora sólo resta la resolución del juicio, que se dará el viernes 10 de abril.