En diálogo con ANDAR, dos delegados de la comunidad diaguita calchaquí El Divisadero –situada en Salta, a 5 kilómetros de la ciudad de Cafayate y con una extensión de alrededor de 11000 hectáreas- explicaron que el empresario Agustín Lanús, ingeniero a cargo del proyecto, pretende instalar una bodega y un emprendimiento turístico sobre las tierras de la comunidad, cuyo derecho ya fue reconocido y protegido por la ley 26160 sobre la posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos originarios: “El proyecto no es una situación aislada en el Valle Diaguita Calchaquí de Salta y en otras provincias, sino un intento más por avanzar con enfoques de interés económico y vulnerando los derechos de nuestra comunidad, nuestros sitios sagrados, así como la flora y fauna de la zona”.

ANDAR en Salta

(Agencia) El sitio donde pretenden instalar ilegalmente la bodega y el proyecto turístico se encuentra en la zona de baja montaña de las tierras reconocidas y amparadas por ley como pertenecientes a la comunidad Diaguita Calchaquí El Divisadero, a pocos kilómetros de Cafayate, Salta. Allí atraviesa un sector del río y se encuentran asentadas la mayor parte de las familias de la comunidad.

Hace pocas semanas se realizó una audiencia pública a instancias del municipio de Cafayate y la Provincia de Salta, y que la comunidad Diaguita Calchaquí aclara que no tiene carácter vinculante.

“No se cumplió con el procedimiento de consulta libre, previa e informada. Tampoco se han presentado estudios de impacto ambiental ni sobre nuestros sitios sagrados. Aquella audiencia fue un intento de legitimar el emprendimiento privado y nosotros repudiamos los actos violentos que pretenden vulnerar los derechos de nuestra comunidad”, afirmaron a ANDAR dos de los delegados de la comunidad, Juan y David.

En este sentido destacaron que Agustín Lanús presentó el proyecto productivo y turístico y que no le dio importancia a la consulta del municipio con respecto a las consecuencias sobre la flora y fauna nativa, ni tampoco al valor arqueológico, cultural e identitario que las tierras poseen para la comunidad originaria.

Se contempla la construcción de una caballeriza para hacer cabalgatas; un sector de viñedos; un loteo privado para la instalación de una especie country; un sector de cabañas y restaurant con comidas étnicas; cultivos de papas, maíz, y otros productos; y un dique de decantación de desechos de la bodega que van a caer en el río -también pretenden usarlo para evitar inundaciones en Cafayate-.

“A metros de donde pretenden instalarse están las casas, un sector al que llamamos ‘Pinturas Rupestres’, y hay prácticamente 14 o 15 familias que se verán directamente afectadas por la fumigación que usan para las viñas. Esto ya lo estamos sufriendo por parte de otras bodegas instaladas en el área lindante de Cafayate”, destacan los delegados.

“Para nosotros es un sitio arqueológico, un patrimonio preservado y garantizado por ley. Con este tipo de imposiciones y de atropellos atentan contra nuestros espacios sagrados que nos vinculan a nuestros usos y costumbres ancestrales. Hay bosques nativos, plantas medicinales, de pastoreo de las familias y es un espacio único e indivisible. Constituye una mirada identitaria, cultural, ligada a la agricultura de nuestro pueblo. Y no sería esta la primera vez que perderíamos parte de nuestras tierras: los alambrados van avanzando y pretenden que nos vayamos cada vez más a las zonas altas, de piedra y poca vegetación y agua”, agregan.

Por otra parte, aseguran haber visto en el último tiempo a personas desconocidas  y vinculadas al proyecto del empresario Lanús recorrer la zona donde pretenden instalar la bodega, con la intención de comenzar a realizar actos posesorios y luego hacer valer esos actos por encima de los derechos ancestrales y protegidos por la ley 26160 de la comunidad Diaguita Calchaquí El Divisadero.

“Usan el discurso de la creación de muchos puestos de trabajo para la zona, cosa que ha quedado demostrada no ser así de acuerdo a las experiencias de otras bodegas instaladas por la fuerza en cercanías de Cafayate, y al mismo tiempo a nosotros nos identifican y señalan como si fuéramos usurpadores de nuestros propios territorios. Y mientras tanto, el municipio dice no poder hacer nada”, denuncian.

“Acá hay intereses inmobiliarios y del monocultivo de la vid, con complicidad del poder político y judicial. Por eso buscamos, no un estado paternalista, sino un estado que reconozca y defienda nuestros derechos adquiridos. Queremos resguardar nuestros bienes culturales y nuestro derecho, y para eso es necesario que los estados intervengan”, concluyen los delegados Juan y David.