La Sala I de la Cámara de Apelaciones de La Plata ordenó el desalojo de la masiva toma de tierras en Guernica, al sur del Conurbano, donde ya se instalaron unas 2.500 familias. Hace dos meses que miles de adultxs y niñxs resisten en la intemperie, dejando en evidencia la histórica crisis habitacional que se vive en todo el país. A su vez, el fallo ordena respetar los derechos humanos y cuidar la integridad de las personas que ocupan el predio pero en ningún momento aclara dónde irán esas personas, más de 3000 niñes, cuando sean afectadas por esta medida. Para el presidente de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel, el derecho a la vivienda continúa siendo vulnerado y negado por el Estado. Este jueves a las 10hs las familias organizadas en la toma  junto a organizaciones sociales movilizarán a la Municipalidad de Guernica para impedir el desalojo, exigen tierras para vivir.

FOTOS: Germán Romeo Pena

ANDAR en Guernica

(Agencia) “Yo vivía en Guernica, con mi mamá. Estaba trabajando pero esto de la cuarentena me sacó el trabajo así que quedamos ahí, a la espera de poder empezar de nuevo”, dice Aurora, una chica muy joven que alza su voz y queda registrada en el documental Guernica tierra de lucha y libertad, realizado al calor de la toma por Chasqui, colectiva de comunicación comunitaria. El material se difundió anoche en redes para dar a conocer el conflicto y la situación de las personas que se encuentran en la toma de tierras en Guernica.

Otro de los testimonios es el de Andrea, ex empleada doméstica. Su caso da cuenta de la necesitad de ir a tomar un pedazo de tierra porque peor es vivir en situación de calle. En la mayoría de las entrevistas queda de manifiesta la ausencia de un trabajo que les permita a quienes hoy ocupan tierras pagar los costos de una vivienda. Desde que comenzó la cuarentena muchas personas han perdido sus trabajos, sus casas y necesitan de la ayuda social para poder sobrevivir: “nos corrieron del  alquiler pese a que se suponía que en pandemia no podíamos ser echados. Acá la realidad es otra. Hay gastos que ya no podemos solventar”, dice Andrea.

El fallo emitido ayer por la Cámara desestimó la presentación que realizaron abogados de la Asociación Gremial de Abogadas y Abogados que representan a las familias que participan de esa toma. Los camaristas Raúl Dalto, Miriam Patricia Ermili y María Silvia Oyhamburu convalidaron lo que resolvió en primera instancia el juez Martín Miguel Rizzo, con asiento en Cañuelas, para que se avance con el desalojo del predio tal como lo reclamó la firma Bellaco S.A., quien afirma ser propietaria de uno de los terrenos en disputa. Indicaron que, para completar el desalojo, el fiscal a cargo de la causa podrá recurrir al “auxilio de la fuerza pública”.

Esta mañana circuló una carta dirigida a las ministras Elizabeth Gómez Alcorta y Estela Díaz, ambas ministras del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación y de la provincia de Buenos Aires respectivamente, donde las Mujeres de la Recuperación de Tierras piden a las funcionarias que las acompañen y ayuden para “echar atrás el desalojo” y “que se hermanen” con su reclamo de Ni Una Menos Sin Vivienda Digna.

“Muchas de nosotras hemos sufrido violencia de género y, sin poder tener otro recurso, tuvimos que abandonar la convivencia con nuestros violentadores para poder estar a salvo. Vinimos con lo puesto, no tenemos nada más. Muchas de nosotras somos jefas de hogar y madres solteras. Pasar las noches acá no es nada fácil, señoras ministras. Nuestro hogar son carpas hechas con cartones, lonas y chapas. En las últimas horas nos hemos enterado que la Cámara de Apelaciones de La Plata dio la orden para desalojarnos, nos preguntamos ¿dónde quieren los señores jueces que vayamos a vivir?”, se preguntan.

En la carta dieron cuenta de la escalada de hostilidades, amenazas y estigmatización que vienen recibiendo de parte de las fuerzas policiales, medios de comunicación y funcionarios gubernamentales: “la policía nos hostiga y amedrenta permanentemente. Los medios de comunicación intentan distorsionar la veracidad de nuestro reclamo, acusándonos de las cosas más horribles. Algunos políticos piden que la Justicia actúe y nos saque de estas tierras. En algunos casos, como Sergio Berni, han llegado a pedir que nos metan presas. Les preguntamos ¿por qué la condena antecede al entendimiento? Ellos, con sus decisiones de vista corta, alientan a que se nos condene”.

Por su parte, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, expresó que para el Gobierno “es un delito que está organizado; detrás de la necesidad habitacional aparecen vivos que se organizan para ver cómo sacan provecho”, dijo Berni, en declaraciones a radio Rivadavia, en las que afirmó que “irá preso” quien tome tierras en la provincia de Buenos Aires. “En la provincia el derecho a la vida y a la propiedad privada son dos cosas que no se discuten”, afirmó.“Los bonaerenses -insistió- tienen que estar tranquilos. El que hace una toma va a ir preso. El Gobernador me dio una misión muy clara para defender los intereses de los bonaerenses”.

En los últimos 20 años en las mismas zonas de Buenos Aires hay una clara disputa por la tierra. La crisis económica y habitacional ha expulsado y dejado a la intemperie a distintos sectores sociales. En diferentes experiencias, muchas familias se han organizado y tomaron tierras para garantizar la supervivencia. Estas acciones han entrado en disputa con la proliferación de negocios inmobiliarios multimillonarios pensados para personas con altos ingresos. En este contexto, la reactivación del proyecto de construcción del camino del Buen Ayre, una vía rápida que unirá CABA hasta la ruta 2, atravesando La Matanza y otras zonas, como es el caso de Guernica, reactivó la voracidad empresarial para construir barrios privados y emprendimientos afines que colisionan con la urgencia habitacional y el derecho a la tierra, y vivienda, para todos y todas las bonaerenses.

“Si miras las imágenes satelitales vas a ver como alrededor de este anillo nuevo que se va generando y que ya se está construyendo, empiezan a aparecer una serie de emprendimientos, construcción de country, canchas de golf y de rugby, como tenemos al lado de la toma en Guernica, que hace 20 años eran impensados”, dice Ricardo en el documental. Él es geógrafo y acompaña en la toma a los y las vecinas.  Un territorio donde los derechos se exigen con claridad: “Nosotros queremos que el Estado muestre la realidad y se haga cargo. Necesitamos que dejen de apoyar a los country porque la realidad es que estos terrenos tienen que ser populares. El Gobierno tiene que hacerse cargo, la realidad es otra.”