Desde el Comité de prevención de la tortura del Chaco ven con preocupación distintos hechos de violencia institucional contra comunidades originarias del Impenetrable. Las medidas represivas se han recrudecido en el marco de la pandemia y se suman al abandono histórico de estas poblaciones sin acceso a derechos básicos.

ANDAR en Chaco

(Agencia Andar) Los últimos dos hechos que encendieron la alarma del Comité chaqueño fueron la represión a mujeres indígenas que habían cortado la ruta reclamando justicia por asesinatos y violaciones cometidos contra su comunidad, y la detención de un joven de la guardia indígena Whasek que sufrió prácticas de tortura durante su arresto.

“Aprovechando el decreto de aislamiento social, preventivo y obligatorio (decreto 297/2020) los poderes ejecutivos y judiciales de las diferentes provincias, ayudados por los aparatos de medios mercenarios de comunicación, sacan a relucir lo peor del sistema para el maltrato y discriminación contra nuestros hermanos. Si bien siempre estuvo presente  en todo el territorio nacional la represión y el armado de causa contra indígenas, hoy aprovechando la atención mundial por el Covid 19 hay un recrudecimiento de esta embestida que casi siempre está atada a intereses económicos por los territorios”, aseguraron desde el Comité de prevención de la tortura provincial.

Autodefensa contra el narcotráfico y criminalización de la protesta

Carlos Peñaloza es miembro de la guardia indígena Whasek, un grupo seguridad territorial indígena que crearon, ya que la mayoría de su territorio está siendo usado por el narcotráfico como lugar de paso sin control. El 13 de mayo fue detenido por orden del fiscal de Investigaciones de Misión Nueva Pompeya, Francisco Morales Bordón, cuando se presentó a declarar por un supuesto incidente. Semanas atrás la guardia había detenido una camioneta Hilux que transportaba 23 panes de hojas de coca y el asunto terminó en un altercado con el matrimonio que conducía la camioneta y con el comisario de El Sauzalito, que luego fue transferido.

“Nosotros hacemos controles en nuestro territorio para combatir los desmontes y el narcotráfico. Los hermanos vieron que esa camioneta transportaba algo sospechoso y decidieron ver que era”, explicaron desde la comunidad. Pero Carlos y varios integrantes más fueron imputados por “resistencia y atentado contra la autoridad, usurpación de autoridad y amenazas agravadas por el uso de arma de fuego”. Cuando él se presentó ante la justicia, el fiscal autorizó su detención a pesar de que los wichis denunciaban que la policía los tiene marcados, sobre todo a quienes integran la guardia.

“A raíz de denuncias de la comunidad wichi de la zona del Impenetrable nos trasladamos hasta el Sauzalito para tener reuniones con diferentes sectores sociales y con las comunidades que allí habitan, para conocer sus realidades, con el objetivo de articular acciones en relación a nuestras competencias que ayuden a bajar los niveles de violencia institucional y la desprotección que sufren esas comunidades -contó Silvio del Balzo, integrante del Comité de prevención de la tortura-. Y al conocer la represión a las mujeres indígenas por el buen vivir repudiamos enfáticamente todo uso de la fuerzas de seguridad para la represión de la protesta social, la protesta siempre tiene una raíz y un fondo legítimo y enriquece a la democracia y a la libertad que hacen los diferente sectores para poder expresar sus necesidades”.

La violencia contra mujeres fue ese mismo 13 de mayo por la tarde cuando la infantería de la Policía del Chaco las desalojó de un corte en la ruta 9 que realizaban las wichis auto convocadas de la comunidad de El Sauzalito. Protestaban por la detención de un integrante de la guardia Whasek y por “la falta de justicia en sus territorios”. La protesta se decidió en una asamblea de la comunidad: “nos reunimos como comunidad de El Sauzalito para que baje la autoridad el procurador del Chaco, Pablo Cantero, por los distintos inconvenientes en la comunidad Wichí. Vemos los atropellos a las comunidades de El Sauzalito. Y solicitamos la presencia de los Derechos Humanos, INADI, INAI y la presencia del presidente de Colonización del Chaco y el Ministro de Justicia de la provincia”, explicó Elvecia López, una de las mujeres que fue golpeada durante el desalojo.

“Observamos que históricamente desde las fuerzas de seguridad existe ese abuso de poder que se visibiliza y se nota mucho más en un contexto de emergencia sanitaria donde estas mismas fuerzas toman un rol tan importante frente a una situación de contagio y de pánico social como lo que se está dando respecto a  todo lo que sucede en relación al COVID 19. Hay una situación de conflicto entre pueblos, el criollo y el indígena, que termina siempre muy mal”, sintetizó Del Balzo.