Las familias de la masacre de Monte y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) expresaron su rechazo a la designación de María Alejandra Cotignola como titular de la Dirección de Asuntos Institucionales del Municipio, cargo que implica el control de las fuerzas de seguridad en la ciudad. Cotignola fue agente de la Policía Bonaerense, es familiar de uno de los agentes detenidos por la persecución mortal y, como abogada penalista, defendió a policías involucrados en otros delitos; su designación es una clara señal de amparo a las políticas de seguridad y las prácticas policiales que hicieron posible la masacre.

ANDAR en Monte

(Agencia/CPM) “A las familias que somos víctima de este crimen atroz, no sólo nos indigna, sino que también nos revictimiza y vulnera”, señalan familiares de Aníbal, Camila, Danilo, Gonzalo y Rocío en una carta que presentaron este mediodía a la intendenta de San Miguel del Monte, Sandra Mayol, en la que pidieron que la jefa municipal revierta la designación de la doctora María Alejandra Cotignola como titular de la Dirección de Asuntos Institucionales del Municipio.

La presentación, realizada de manera conjunta con la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y los abogados patrocinantes de las familias, advierte que la designación de Cotignola contiene un mensaje político claro: la confirmación de una política de seguridad y el amparo de las prácticas criminales de agentes policiales que generaron las condiciones de posibilidad para la consumación de la masacre del 20 de mayo pasado. También siembra de dudas la existencia de un compromiso sincero con la verdad y la justicia por las cinco víctimas de la persecución mortal.

En el rechazo a la designación de Cotignola, las familias, los abogados y la CPM remarcan que los antecedentes de la nueva funcionaria resultan poco pertinentes para el desempeño de su función en un cargo estratégico: el control de las fuerzas de seguridad en el distrito. Cotignola está formada en la Policía Bonaerense, la misma fuerza involucrada en la peor masacre ocurrida en la ciudad, con cuatro agentes imputados por cuádruple homicidio y lesiones graves a la única sobreviviente y otros ochos acusados por encubrir el delito.

El otro imputado por encubrimiento es el ex funcionario municipal Claudio Martínez, también designado por la intendenta Mayol y también formado en la Policía Bonaerense. Lejos de hacer una autocrítica, respetar el dolor de las familias y asumir el compromiso político para evitar la reiteración de estos hechos, Mayol designa una nueva funcionaria que favorece la continuidad de la misma política de seguridad.

Además de su formación y desempeño en la Policía Bonaerense, entre los argumentos para rechazar su designación, se señaló que Cotignola, en su práctica profesional como abogada penalista, fue defensora de agentes policiales en numerosos casos. A esto se le suman los vínculos sociales y familiares que mantiene con uno de los agentes detenidos por la masacre, aspecto conocido por la comunidad de Monte que le resta la necesaria objetividad con lo acontecido y podría condicionar su desempeño.

En ese sentido, en la presentación a la jefa municipal también se remarca que, desde el hecho, algunas de las familias fueron amenazadas, amedrentadas u hostigadas de diversas maneras. Estas situaciones se repiten una y otra vez en casos de violencia institucional como una estrategia corporativa que busca quebrar la voluntad de las víctimas para garantizar la impunidad de los integrantes de las fuerzas de seguridad implicados.

Tal como se demuestra en las imputaciones, la persecución y masacre del 20 de mayo fue el resultado de una consolidada práctica policial en el marco de la ilegalidad y de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, que estaban amparadas en la complicidad de funcionarios municipales.

“Esperábamos un cambio y que el municipio pudiera desarrollar acciones tendientes al control del accionar policial. Esta designación implica la reconfirmación de una política que nos ocasionó un daño enorme e irreparable, es asumir que no hay nada que revisar”, cierran las familias en la carta entregada a la intendenta.