El 15 de abril se cumplieron cinco meses de la masacre de la comisaría 3ª de Esteban Echeverría, donde diez personas murieron quemadas y asfixiadas en una dependencia policial que estaba clausurada para alojar detenidos. A cinco meses de los hechos, las familias de las víctimas reclaman que se investiguen las responsabilidades institucionales de la masacre: ¿por qué estaban ahí?; ¿cuáles eran las condiciones de detención?; ¿quién desoyó las órdenes administrativas y judiciales de clausura? La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que representa a nueve de las diez familias, pidió que se llame a declarar al comisario Barrientos.

ANDAR en Esteban Echeverría

(Agencia Andar) La madrugada del 15 de noviembre de 2018 se produjo un incendio en los calabozos de la comisaría 3ª de Esteban Echeverría que dejó un saldo de 10 muertos; dos personas murieron en el lugar, otras ocho en hospitales en los días siguientes. La comisaría estaba en funcionamiento a pesar de que la justicia había dictado una orden de clausura. Pese a esta orden judicial, esa noche había 26 personas detenidas en un espacio que -según la misma policía- sólo podía alojar 10 personas que se encontraban en condiciones gravosas de hacinamiento y aislamiento extremo.

La grave situación estructural de esa dependencia policial sigue el mismo derrotero de todas las comisarías de la Provincia y es el resultado inmediato de una política de seguridad de claro tinte punitivista. Uno de los jóvenes muertos estaba detenido por tenencia simple de estupefacientes, otro por intentar robar una cortadora de césped. Casi la mitad llevaba más de cuatro meses en ese lugar y todos habían superado el plazo máximo de 48 horas que puede permanecer una persona alojada en comisarías.

A cinco meses de la peor masacre en comisarías de todo el país, las pruebas que constan en la investigación judicial desmienten la versión policial de que el incendio se trató de un intento de fuga. Por otro lado, los investigadores intentan dar respuesta a algunas de las preguntas que se hacen los familiares de las víctimas: ¿por qué estaban ahí?; ¿cuáles eran las condiciones de detención?; ¿quién desoyó las órdenes administrativas y judiciales de clausura?

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que actualmente patrocina a nueve de las diez familias, remarcó desde el primer momento que debían indagarse las responsabilidades institucionales para llegar a la justicia en este caso y para desmontar un aparato policial, judicial y administrativo que permite la reiteración de estos episodios de graves violaciones a los derechos humanos en el encierro.

Al momento de la masacre, la comisaría tenía siete órdenes de clausura: seis judiciales y una del Ministerio de Seguridad. La última había sido dictada por el Juzgado de Garantías 2 de Lomas de Zamora en marzo de 2018. Esa decisión fue notificada al ministro de Seguridad, al Ministro de Justicia, a la Corte Provincial y a la propia Gobernadora. Ningún funcionario dio respuesta. Desde el primer momento, el gobierno intentó restarse responsabilidad al señalar que los propios funcionarios judiciales mandaban detenidos a las mismas comisarías que clausuraban.

Además de las condiciones materiales en que se encontraba esta dependencia policial -que a pesar de haber sido clausurada por la justicia, seguía alojando detenidos-, la investigación judicial avanza en otro sentido importante para el esclarecimiento los hechos: la actuación policial de los agentes que prestaban servicio esa dependencia.

En ese sentido, poco después de la masacre, la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense desafectó a los cinco policías que prestaban funciones la noche del 15 de noviembre en la comisaría 3º de Esteban Echeverría. Esa decisión forma parte de la causa y abre la posibilidad para investigar la conducta disciplinaria de los efectivos que trabajaban en esa dependencia.

Al cumplirse los cinco meses de la masacre, acompañados por el cuerpo de abogados de la CPM, las madres de Fernando Argüello y Elías Soto se reunieron con el fiscal y le exigieron celeridad con las medidas de pruebas pendientes en la causa. Durante esa misma reunión, la CPM requirió que, a la brevedad, sea convocado a declarar el sargento Hugo Barrientos, máxima autoridad de la comisaría.

“Seguimos sosteniendo la necesidad de que se investiguen tanto las responsabilidades inmediatas de quienes prestaban servicios en la comisaría como la responsabilidad de los funcionarios de mayor rango policial y ministerial que hicieron caso omiso a las sistemáticas condiciones de detención en las comisarías bonaerense y que ponen en riesgo la vida de las personas alojadas como ya sucedió en Quilmes, después en Pergamino y ahora en Esteban Echeverría”, señalaron desde el programa de Litigio Estratégico de la CPM.

En paralelo a la intervención judicial, los familiares siguen movilizando cada 15 de mes en Esteban Echeverría. Esta semana, se cumplieron cinco meses, y más de 150 personas acompañaron la marcha. En la calle también se libra esta lucha para que la justicia haga justicia. Y mantuvieron una reunión con la fiscal. Las madres de Soto y Argüello víctimas de la masacre, acompañados por la CPM, donde le exigieron la celeridad con las medidas de prueba pendientes.