A casi 4 meses de la peor masacre en comisarías bonaerenses, los diputados Victoria Donda, Leonardo Grosso y Remo Carlotto –los primeros dos, presidenta y vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos respectivamente-  se reunieron con familiares de las víctimas que fallecieron en la Comisaría Primera el pasado 2 de marzo. La CPM participó de la reunión acompañando a los familiares  junto con  la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos de Pergamino. También estuvieron presentes representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales.

ANDAR en la justicia

(Agencia) Como un primer acercamiento y apoyo en la búsqueda de justicia por parte de legisladores nacionales de distintos bloques, el miércoles 28, se realizó una importante reunión a la que asistieron familiares de Sergio Filiberto, Fernando Latorre, Franco Pizarro y Alan Córdoba, cuatro de las siete víctimas de la peor masacre ocurrida en la historia de las comisarías de la Provincia de Buenos Aires.

La CPM manifestó la preocupación en torno al reciente otorgamiento, por parte del juez de Garantías César Solazzi, de la medida de prisión domiciliaria para los 5 policías imputados

Al comienzo del encuentro, los diputados escucharon el relato de las familias sobre el accionar del personal policial de la Comisaría Primera que derivó en un incendio fatal en el calabozo 1 de esa dependencia y que provocó, por inhalación de monóxido de carbono y graves quemaduras, el fallecimiento de los siete alojados allí.

Asimismo, las familias explicaron las actividades, marchas y movilizaciones que realizan desde el primer momento con el objeto de visibilizar la lucha por la verdad y la justicia y solicitaron el apoyo institucional del Congreso y de las distintas fuerzas políticas.

En ese sentido, los diputados Donda, Grosso y Carlotto se comprometieron a convocar, en las próximas semanas, a una reunión del pleno de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja y a realizar una serie de pedidos de informes tanto al gobierno provincial como a las distintas instancias y jurisdicciones estatales con responsabilidad sobre lo ocurrido el 2 de marzo en Pergamino.

Por su parte, la CPM –que patrocina a las familias de 3 víctimas: Pizarro, Filiberto y Latorre-, explicó a los legisladores la estrategia judicial integral que lleva adelante la institución y al mismo tiempo manifestó la preocupación en torno al reciente otorgamiento, por parte del juez  de Garantías César Solazzi, de la medida de prisión domiciliaria para los 5 policías imputados.

Para el organismo, resulta de particular importancia la condición de funcionarios públicos de los imputados por la masacre –que tenían el control de la escena y la responsabilidad de cuidar la integridad de los detenidos a su cargo-, que debería haber sido considerada por parte del magistrado al momento de dictar la prisión domiciliaria.

La CPM también manifestó a los legisladores la necesidad imperiosa de que la Provincia detenga al por entonces  titular de la comisaría Primera de Pergamino, Alberto Sebastián Donza,  quien se dio a la fuga al ordenarse su detención. No obstante los requerimientos efectuados por la CPM, Donza sigue prófugo sin haber, hasta el momento, avances al respecto.

Por último desde la CPM destacaron que  la masacre de Pergamino, tal como se viene denunciando, es un caso grave de violencia estatal que se da en un contexto de sobre-encarcelamiento y hacinamiento crítico de cárceles y comisarías.