El domingo 1 de marzo a la madrugada, un grupo de detenidos, luego de ser sacados de las celdas por personal penitenciario fueron fuertemente golpeados, tapados sus rostros, puestos de rodillas y les apoyaron la escopeta en la cabeza simulando cargar y disparar, mientras los amenazaban de muerte y les decían que si eran trasladados a otras unidades penales les pasaría lo mismo.La Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires presentó un hábeas corpus colectivo por la extrema violencia y las pésimas condiciones que padecen los detenidos en el sector de S.A.C. de la cárcel de Sierra Chica en Olavarría.

 ANDAR en Sierra Chica

(CPM/ Agencia) Cuatro personas en celdas de 2 x 3, colchones rotos tirados en el piso o gente directamente durmiendo sin colchones; sin atención médica, algunas celdas sin agua, paredes rotas y manchadas, comida en mal estado y escasa, aislados por 24 horas: ése fue el panorama que encontraron los integrantes del Comité contra la Tortura de la CPM cuando el pasado 2 de marzo inspeccionaron el sector de SAC (Separación del Área de Convivencia, más conocido como “buzones”) de la Unidad 38 de Sierra Chica. A esto se sumó un simulacro de fusilamiento que denunciaron haber vivido la madrugada anterior, cuando luego de sacarlos de las celdas fueron fuertemente golpeados, puestos de rodillas y con el rostro tapado les apoyaron la escopeta en la cabeza y simulaban cargar y disparar, mientras los amenazaban de muerte y les decían que si eran trasladados a otras unidades penales les pasaría lo mismo. Ninguno recibió atención médica después de este episodio.

[pullquote]La unidad penal 38 está sobrepasada en población ya que cuenta con un cupo de 640 personas, y en los últimos días albergaba a casi 800 detenidos[/pullquote]

El relato de los detenidos es contundente, tanto como las condiciones que surgen a simple vista. Los pabellones de aislamiento SAC, admisión y alojamiento transitorio son espacios de tránsito que funcionan como “depósito”  en donde los detenidos quedan aislados, y a la espera de alguna medida de traslado, o reubicación sin tiempo determinado, llegando a estar a veces, hasta un mes en esos lugares. La alimentación es muy escasa –sobre todo la ración de la noche- pero además está mal cocida, y en la mayoría de las ocasiones se sirve en mal estado.

La asistencia de salud es prácticamente nula: no son atendidas las personas con heridas o lesiones, que muchas veces supuran y tienen riesgo de infección por el deplorable estado de higiene de todo el pabellón. La CPM se entrevistó con la subdirectora del penal que no hizo ninguna mención a la situación que describen los detenidos y la golpiza denunciada por la población del SAC.

Las celdas donde viven y comen los detenidos FOTO: Andar – S.V

En el pedido de hábeas corpus colectivo, el CCT de la CPM refirió a que la golpiza y simulacro de fusilamiento del primero de marzo fue la consecuencia de algunas medidas que habían tomado los detenidos para pedir el traslado a unidades carcelarias cercanas al núcleo familiar. Algunos habían iniciado una huelga de hambre y otros habían tomado la decisión extrema de coserse la boca para hacer escuchar sus reclamos: “el hecho de que después de coserse la boca los detenidos logren el traslado, pone de manifiesto la violencia  con que deben expresar su reclamo las personas detenidas para que se cumplan sus derechos”, resalta la presentación judicial. Desde la CPM agregan que “Frente a la falta de respuesta en cuanto a la garantía de derechos tales como la vinculación familiar, la protesta desencadenó como respuesta penitenciaria un simulacro de ejecución extrajudicial acompañado de torturas no solo psicológicas sino físicas”.

La Comisión por la Memoria denunció una vez más que “desde la  gestión penitenciaria se instauran prácticas de delegación de la violencia con la finalidad de establecer un control sobre la población a cargo basado en la sumisión y humillación constante, para luego de producirse incidentes intervenir en forma directa reprimiendo los conflictos suscitados”.

Luego de una exhaustiva cita de tratados internacionales de derechos humanos que se están violando, así como de lo consignado en la propia Constitución Nacional, el hábeas corpus pide que en forma urgente el juez constate las condiciones en el lugar y, en caso de ser necesario, esté acompañado por peritos, “evaluando las condiciones de seguridad existentes y teniendo en cuenta que la construcción de la red hidrante demandaría un tiempo por demás prolongado, determinen (los peritos) qué otras medidas de seguridad se pueden disponer en el corto plazo a fin de garantizar la integridad física de los detenidos y el personal de la unidad para el caso de siniestros”.

Finalmente, el escrito solicita: se ordene la reparación y/o mantención  edilicia del sector denunciado, desratizacion y todas aquellas medidas que se considere pertinentes a fin de asegurar condiciones de habitabilidad acordes con los estándares internacionales; el cese inmediato del aislamiento absoluto y de los hechos de violencia producidos y/o gestionados por el S.P.B.; la inmediata provisión de colchones, medicación y alimentos y hace hincapie en la urgencia de una investigacion judicial de los hechos denunciados y el personal penitenciario en turno durante los sucesos.

“Hechos gravísimos como estos se enmanarcan en las practicas cotidianas de tortura llevadas a cabo por el SPB y demuestran la problemática estructural del sistema penitenciario y las cotidianas violaciones a los DDHH que son víctimas del régimen carcelario provincial , expresan el divorcio absoluto con el sistema democrático”, concluyeron desde la CPM.