La Fiscalía Federal de Río Grande, Tierra del Fuego, a cargo Marcelo Alejandro Rapoport, requirió la detención e indagatorias de 26 militares en la causa que investiga las torturas y malos tratos que sufrieron los soldados conscriptos por parte de sus superiores. Esta medida ya había sido solicitada reiteradamente por el centro de ex combatientes de Malvinas y acompañada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), como querellantes del proceso judicial. Once años después de iniciarse la causa, esta decisión de la fiscalía obliga a extremar los recursos para avanzar por el camino de la justicia y reparar a las víctimas.

ANDAR en Malvinas

(Agencia/ANDAR) Hace casi once años, el centro ex combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) denunció en el juzgado federal de Río Grande, las violaciones a los derechos humanos cometidas por superiores de las Fuerzas Armadas contra soldados argentinos durante la guerra. Durante todos estos años, a pesar de la gran cantidad de pruebas que obraban en el expediente, no se había realizado ni siquiera un llamado a indagatoria.

“El trabajo sostenido de todos los actores involucrados en la causa -CECIM, Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y otros organismos- posibilitó que la justicia advierta que estamos hablando de graves violaciones a los derechos humanos. La presentación del fiscal Rapoport viene a consolidar una línea ya definida, a su vez, por la Procuración en 2012, que señaló ante la Corte Suprema de Justica la obligación del Estado de investigar estos delitos”, remarcó el secretario de derechos humanos del CECIM y miembro de la CPM, Ernesto Alonso.

Como parte del acompañamiento al CECIM y ante la ausencia de avances en esta causa, en 2016 la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se presentó como querellante como una estrategia para impulsar el proceso judicial. Desde el primer momento, la CPM sostuvo que estos crímenes debían ser condenados como parte del terrorismo de Estado y era parte de las obligaciones del Estado ante los organismos internacionales.

En la causa hay 105 denuncias por hechos de torturas, vejaciones y malos tratos que incluyen estaqueamientos, enterramientos y exposición al frío extremo y el hambre, entre otras prácticas, y más de 90 oficiales y suboficiales señalados como responsables. El año pasado, el CECIM La Plata había reiterado la solicitud de indagatoria y, este año, la CPM adhirió al pedido solicitado por el centro de ex combatientes. A su vez, el organismo pidió que las medidas de investigación se amplíen sobre los hechos del Regimiento de Infanterías Patricio.

La reciente decisión de la Fiscalía Federal de Río Grande constituye el primer avance significativo de la causa en once años. La presentación se realiza sobre 26 militares por 22 hechos de torturas ocurridos en la Isla Gran Malvina, en el ámbito del Regimiento de Infantería 5. El escrito de la fiscalía señala que las autoridades militares habían ordenado y ejecutado contra soldados conscriptos diversos actos de tortura, entre ellos estaqueamientos y enterramientos.

“Esta investigación se funda también en la experiencia que fue dejando el proceso de justicia por delitos de lesa humanidad. Esas investigaciones fueron marcando una línea de acción basada en el análisis de las responsabilidades en las estructuras de la cadena de mando. Hoy vemos plasmados esos mismos argumentos en el pedido de indagatoria”, precisó Alonso.

Además de la solicitud de detención e indagatoria, el fiscal Rapoport también requirió una serie de medidas de pruebas para el esclarecimiento de otros hechos denunciados. Y fundó su presentación, como venían reclamando el CECIM y la CPM, en la necesidad de avanzar en la causa en virtud de la obligación internacional del Estado argentino de investigar esos crímenes.