El viernes pasado el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe  -integrado por los jueces Ricardo Vázquez, Mario Gambacorta y Osvaldo Facciano- dio a conocer el veredicto condenatorio para los cuatro imputados en la causa conocida como Laguna Paiva II. Los delitos ventilados fueron privación ilegítima de la libertad, tormentos, violación de domicilio, apremios ilegales, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica y abandono de persona, este último considerado crimen de lesa humanidad por primera vez –y por iniciativa del equipo jurídico de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos- desde que se realizan este tipo de juicios.

ANDAR en la Justicia

(Agencia) “Esta no es una condena más sino una muy especial porque reconoce por primera vez en Argentina el abandono de persona, en este caso de niñas y niños, como un crimen de lesa humanidad. Y al mismo tiempo se suma a las 365 sentencias ya dictadas desde la nulidad de las leyes de impunidad en 2006 hasta el presente que demuestran, con rigor judicial, que en el país se desarrolló un genocidio”, afirmó a ANDAR el abogado Guillermo Torremare, de vasta experiencia en juicios de lesa humanidad y referente de la APDH así como miembro de la CPM.  

El juicio Laguna Paiva II ventiló un conjunto de delitos cometidos desde comienzos de 1980 por parte de integrantes de la estructura represiva que operó en torno al Departamento de Informaciones D2 de la Policía provincial de Santa Fe. Entre los casos juzgados, se reconstruyó el derrotero y el padecimiento de 16 niñas y niños cuyos hogares fueron asaltados por patotas policiales y sus padres secuestrados, torturados y privados de libertad durante largo tiempo.

Esas infancias, de entre 1 y 13 años, sufrieron los tormentos propios de la situación que vivieron en los allanamientos clandestinos, y luego quedaron en total desamparo, por largos meses al cabo de los cuales algunos de sus familiares recuperaron la libertad. Tal desamparo implicó todo tipo de padecimientos, desde hambre, miedo y enfermedad hasta la total incertidumbre sobre el futuro, lo que signó la vida de cada una de esas víctimas.

Durante el juicio llevado a instancias del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe  -integrado por los jueces Ricardo Vázquez, Mario Gambacorta y Osvaldo Facciano-se pudo demostrar que las niñas y niños no fueron meros damnificadas colaterales de la represión, sino que constituyeron un blanco autónomo y estratégico dentro del plan sistemático de exterminio desarrollado por la dictadura cívico militar.

En ese sentido, los magistrados -siguiendo el pedido de la fiscalía y de la querella de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos- determinaron que las conductas del exjuez Víctor Brusa y los tres expolicías Eduardo Riuli, Oscar Valdéz y Antonio Parvelotti resultan constitutivas de delitos de lesa humanidad y recibieron penas que van desde los 9 a 18 años de prisión. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el próximo 7 de septiembre.

“A la sentencia de Laguna Paiva II se llegó porque las organizaciones de derechos humanos y las de protección de las infancias apoyaron que se investigaran y juzgaran los terribles padecimientos de aquellos niños y niñas abandonados a su suerte luego del secuestro de sus padres”, enfatizó Torremare y agregó: “Que uno de los condenados sea un ex juez –Víctor Brusa- demuestra que la represión clandestina tuvo la cobertura civil de un sector del Poder Judicial”.

Por último y con respecto al tiempo transcurrido para el juzgamiento de los delitos sobre las niñeces, el abogado explicó que se trata de procesos dinámicos: “Hasta 2010 no se habían reconocido como crímenes de lesa humanidad a los abusos sexuales cometidos en centros clandestinos. Y hoy nos parece increíble que eso no haya sido visto o tratado antes. Con el abandono de persona, que tardó muchos años más, pasa algo parecido”.