Federico Zalazar murió en abril de 2018 en un centro cerrado para jóvenes de La Matanza. Lo atacaron otros detenidos en un contexto de serias irregularidades. El lunes comienza en el TOC 1 de La Matanza el juicio a sus agresores. Todavía falta que avance el proceso contra los funcionarios responsables de la institución.

ANDAR en La Matanza

(Agencia Andar) Decir que a Federico Zalazar (19) lo mató otro detenido es contar sólo una parte de esa historia. La parte que ahora tiene una instancia judicial que comienza este lunes con quienes empuñaron el arma como acusados y quienes lo permitieron sólo como testigos. “Solamente pido justicia para mi hijo” dice Romina Baruta, su mamá, que se prepara para enfrentar este proceso parcial de justicia.

Cuando murió, Federico estaba bajo custodia del Estado y detenido en el centro cerrado Virrey del Pino, una cárcel para jóvenes que organismos como la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) venía denunciando por sus condiciones desde 2014. Lo hirieron por la espalda con un arpón, un arma construida con un palo y una faca en la punta. Ningún funcionario vio nada, las cámaras estaban desviadas y dicen que sus agresores estaban drogados. El ataque fue alrededor de las 15 hs pero nadie se comunicó con sus familiares hasta la noche. Les dijeron que se había tratado de una pelea, pero el joven no tenía heridas de defensa. Pudieron reconstruir los hechos gracias a los chicos que estaban tomando mate con él cuando sucedió el ataque. “Eso pasó a las 15.20, agonizó una hora, lo dejaron morir cuando hay un hospital a 5 minutos, y cuando ellos tienen una ambulancia en la puerta. Nosotros nos enteramos a las once y media de la noche porque nos avisó la psicóloga. Nadie daba la cara. Unos dos meses antes habían puesto cámaras nuevas y estaban dadas vuelta, después apagadas y después las volvieron a encender. Por eso llamaron a indagatoria a los responsables del centro también”, describe Romina.

Esa crónica es la de una muerte anunciada. Ella ya había pedido que sacaran a su hijo de ese lugar porque él le había escrito cartas diciendo que lo querían matar; “la gorra está tumbeando”, le había dicho por teléfono. En las denuncias de la CPM ya advertían la implementación de un régimen carcelario basado en la administración de la violencia y el aislamiento extremo como política de control del espacio.

“Quería que lo saquen de La Matanza, es un lugar horrible. Mi hijo cometió un delito y yo se lo entregué a la justicia, yo lo convencí de que se entregue y él lo hizo. Era la jueza la que lo tenía que cuidar”, explica su mamá. Se refiere a Marta Pascual, la magistrada a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil 2 de Lomas de Zamora, que definió ese destino. Antes estaba alojado en Abasto, en el Almafuerte, donde hacía un curso de durlock y estaba por terminar el secundario. “En Virrey del Pino nada, no había nada para hacer”, cuenta Romina que recuerda que, en el traslado entre un centro cerrado y otro, Federico “estuvo desaparecido 48 horas. Yo sin saber dónde estaba, no me atendía la jueza, me tuve que atrincherar en el juzgado hasta que me atendió la secretaria y me lo llevaron. Llegó muerto de hambre y sed, lo habían golpeado. Ya ahí sentí ahí que estaba en peligro. La jueza nunca me dio la audiencia ni escuchó mi reclamo”.

Tampoco logró tener entrevistas con las autoridades del centro cerrado. ¿Cómo fue posible que otros detenidos estuvieran armados? ¿Qué pasó con las cámaras? ¿Quiénes estaban a cargo de la custodia de los jóvenes ese día? ¿Por qué no advirtieron nada? ¿Quiénes son los responsables de garantizar los derechos y velar por las vidas de los chicos allí alojados?

Los amigos de Federico relataron en sus testimonios ante autoridades judiciales que las peleas eran habituales, que existían muchas facas en el lugar, que es habitual el consumo de estupefacientes y que tienen que estar todo el día luchando para preservar su vida, su integridad y sus cosas. También dijeron que los directivos y el personal del Organismo de Niñez y del Servicio Penitenciario Bonaerense estaban al tanto de todos esos problemas y que no hacían nada, que no intervenían y que la única posibilidad de ser atendidos por un directivo era cortarse o autolesionarse. La responsabilidad de esos funcionarios, del Organismo de Niñez de la Provincia y del Servicio Penitenciario Bonaerense a cargo de la institución se deberá determinar en la otra causa en curso.