En la jornada del martes 11 de agosto la fiscalía –representada por el fiscal general Adolfo Villatte y el auxiliar fiscal Álvaro Baella- completó su decimocuarta jornada de alegato con el pedido de penas para los 8 imputados que llegaron con vida a esta instancia del debate, y resta todavía una jornada más para el cierre del MPF que será el próximo 26 de agosto. Cabe recordar que recientemente la CPM presentó un escrito ante el presidente de la Cámara de Casación Penal manifestando su preocupación por las dilaciones y el letargo en el que se encuentra el juicio y pidió que se “conmine a los miembros del tribunal a fijar un cronograma de audiencias que se condiga con la importancia, lesividad y antigüedad de los hechos bajo proceso”.

ANDAR en la Justicia

(Agencia) “Aún hoy en día, habiendo pasado 50 años de la ocurrencia de los hechos, los imputados no han demostrado remordimiento alguno y mucho menos voluntad de subsanar los hechos causados, de modo alguno aportando información que permita esclarecer los hechos que aquí se investigaron”, afirmó al comienzo de la jornada el fiscal Baella, en lo que sería la 14° de su alegato y todavía resta una más, que se realizará el 26 de agosto para, recién, dar paso a los alegatos de las querellas.

En esta ocasión, el MPF formuló el pedido de penas para los imputados que llegaron con vida a esta etapa del juicio. Así, para los oficiales de la delegación San Nicolás de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) solicitó la pena de 8 años de prisión para Miguel Ángel Amarillo y 6 años para Oscar Alberto Parodi y Raúl Calabresi por ser coautores de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas, y por los tormentos agravados por tratarse la víctima un perseguido político.

Respecto al cuarto integrante de esa delegación de DIPPBA que está siendo juzgado, Enabel Otilio Cappa, se requirió la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua por ser coautor de los mismos delitos que los otros tres agentes, pero con el agregado del delito de homicidio de seis víctimas.

Para el ex coronel Carlos Manuel Biglieri, quien al momento de los hechos ocupaba el cargo de subteniente de la Sección Antisubversiva del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás, la fiscalía pidió seis años de prisión, y para el ex mayor del Destacamento de Inteligencia 101 de San Nicolás, Omar Andrada, la pena de prisión perpetua.

En cuanto a los ex cabos de la delegación San Nicolás de la Policía Federal, Adrián Domingo Meisner y Gregorio Florentino Mancilla, la fiscalía requirió la pena de prisión perpetua. Y para todos los juzgados se solicitó, como medida cautelar y ante la posibilidad de una sentencia condenatoria, la prisión preventiva.

Frente a los magistrados del Tribunal Oral Criminal Federal 2 de Rosario -Román Lanzón, Eduardo Rodrigues Da Cruz y Elena Beatriz Dilario-, la fiscalía pidió que se declaren los crímenes juzgados como “delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio implantado en nuestro país”.

Datos sobre el juicio

Iniciado en marzo de 2024, el juicio por el cuarto tramo de la megacausa Saint Amant lleva más de dos años de avances breves y esporádicos, con alegatos finales de la fiscalía que comenzaron a mediados de febrero pasado y aún no se concluyeron y con jornadas aisladas que han sido tan breves que no llegaron a superar los 30 minutos de duración.

Se trata de un juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos bajo la jurisdicción del Área Militar 132 de la que resultaron víctimas 59 personas del noroeste de la provincia de Buenos Aires, con hechos cometidos en los distritos de Pergamino, San Nicolás y Baradero, y que inicialmente tuvo 11 imputados de los cuales 4 integraron la delegación DIPPBA de San Nicolás: Enabel Otilio Cappa, Miguel Ángel Amarillo, Oscar Alberto Parodi y Raúl Calabresi.

Respecto a los delitos por los que se acusa a estos últimos cuatro, la CPM participa como querellante teniendo en cuenta que, por ley, es el organismo que preserva y gestiona el acervo documental de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Hay que destacar que los aportes documentales de la CPM a esta causa acreditan el modo en que los servicios de inteligencia de la policía bonaerense los utilizaban como insumo para secuestrar personas, pero también cómo los mismos agentes de inteligencia participaban de los operativos comandados por los grupos de tarea de la zona. Así lo manifestó el abogado que representa a la CPM en la querella, Gabriel Ganon: “En San Nicolás hubo muchos procedimientos contra militantes del PC [Partido Comunista] y de la Fede [Federación Juvenil Comunista] que estaban mencionados en los archivos de la DIPPBA”.

“La DIPPBA fichaba y perseguía a distintos grupos de personas que eran considerados peligrosos por la propia inteligencia, establecían cuáles eran sus domicilios y con esos datos se llevaban adelante los allanamientos ilegales. Así, los servicios de inteligencia detectaban militantes del Partido Comunista, dirigentes sindicales y peronistas, se les abría una ficha, se anotaban en esos legajos qué tipo de actividades desplegaban, a dónde iban, con quiénes se reunían, etc., con esos datos los grupos de tareas se juntaban y allanaban sus casas para secuestrarlos”, completó el abogado.