La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) celebra la sentencia dictada el 26 de julio por el TOF 1 de Mendoza en la causa que juzgó, entre otros, a cuatro ex jueces por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. En un hecho sin precedentes, Luis Miret, Otilio Romano, Guillermo Petra y Rolando Carrizo fueron condenados a prisión perpetua por complicidad en los delitos cometidos en el centro clandestino de detención conocido como D2 y por no haber investigado delitos graves denunciados por familiares de detenidos desaparecidos.

ANDAR en la justicia

(CPM) La CPM había aportado importante documentación del archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA).
Los delitos juzgados incluyeron la apropiación de una menor -la nieta restituida Celina Manrique Terrera-, secuestros, torturas, delitos sexuales, desapariciones forzadas y asesinatos contra más de 200 víctimas. Estos crímenes de lesa humanidad fueron perpetrados por las Fuerzas Armadas, la cúpula y subalternos de Policía de la Provincia, los responsables de las torturas en la Penitenciaría Provincial, y jueces que omitieron investigar los asesinatos y otros crímenes. El Tribunal Oral Federal 1 estuvo presidido por Alejando Waldo Piña, y acompañado por los jueces Raúl Fourcade y Juan A. González Macías.
En abril de 2014, la CPM aportó documentación muy valiosa referida a 12 de las víctimas cuyos casos se ventilaron en este juicio. Se trató de un informe que incluía fichas personales, órdenes de captura y otros documentos que daban cuenta de la persecución política o ideológica a la que fueron sometidas.
La lucha de los organismos de derechos humanos, los familiares de las víctimas y los sobrevivientes ha sido larga, difícil y persistente. Pero finalmente tuvo sus frutos: la bandera de verdad, justicia y memoria representa para la mayoría de los argentinos un reaseguro de la democracia, un pilar fundamental, un emblema en la construcción de una sociedad más justa.
Esta sentencia refuerza el compromiso de llevar a la justicia también a los cómplices civiles de los delitos de lesa humanidad. Con esta sentencia se consolida el camino de verdad, justicia y memoria que la sociedad argentina recorre para consolidar las bases de construcción democrática y el estado de derecho, y garantizar la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad.
Es un fallo histórico que revela una dimensión clave para comprender cómo fue posible el terrorismo de estado en Argentina: el rol de la justicia y la responsabilidad de los jueces. Las acciones y omisiones que aquí han sido juzgadas y condenadas en la figura de estos jueces no fueron, lamentablemente, la excepción en aquellos años, y formaron parte fundamental de la maquinaria de terror que llevó adelante la dictadura militar. Por eso, este fallo es tan importante para entender la trama de complicidades que hicieron posible el terrorismo de estado más allá del poder militar, al tiempo que significa, o debería significar, un llamado de atención para el funcionamiento de la justicia en el presente.