La defensa ya tiene los fundamentos de la sentencia que condenó a Reina Maraz a prisión perpetua y tiene 20 días para apelarla. Organizaciones de género y de pueblos originarios marcharon a los Tribunales de Quilmes en defensa de la joven.

ANDAR en Quilmes

(Agencia) Tras conocerse la sentencia a prisión perpetua contra Reina Maraz Bejarano, la mujer migrante boliviana acusada de asesinar a su marido en complicidad con un vecino, la Campaña Nacional contra las Violencias hacia las Mujeres se concentró a repudiar esta decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 1 de Quilmes, por violar la legislación argentina de violencia de género y todas las garantías procesales.

La movilización coincidió con la fecha en que se dieron a conocer -a última hora- los fundamentos de la sentencia.

Movilización frente a los tribunales de Quilmes

En ese marco, los manifestantes realizaron una asamblea en quechua y español exigiendo justicia por Reina y reparación de los daños ocasionados, ya que la mujer boliviana pasó un año y medio en prisión sin poder comunicarse en su idioma ni entender lo que firmaba. Luego de 4 años de encierro fue condenada a prisión perpetua acusada de matar a su marido. El Tribunal Oral en lo Criminal Nro 1 de Quilmes, conformado por las juezas Silvia Etchemendi, Marcela Alejandra Vissio y María Florencia Butiérrez no dio a conocer los fundamentos de la sentencia al momento de su lectura y lo pospuso para el 11 de noviembre.

“Mi hermana es inocente y voy a luchar hasta las últimas consecuencias. Ella y yo no podemos hablar bien castellano, por eso ha sido discriminación. Pido justicia por mi hermana, agradezco mucho a toda esta gente que se está manifestando”, expresó Flora, hermana de Reina.

Eugenia Lara, integrante de la Campaña Nacional contra las Violencias hacia las Mujeres, declaró: “Esta movilización es para que se haga visible el repudio a este fallo que no tuvo en cuenta la condición de mujer, migrante y pobre de Reina”.

Organizaciones pidieron la libertad de Reina Maraz

Desde la Campaña detectaron al menos cinco tipos de violencias prohibidas por la ley 26.485 que se ejercieron sobre Reina Maraz: sexual, institucional, económica, física y psicológica. “Todas estas violencias más el entramado de otros sistema de opresión son lo que nosotros vemos que se ponen en juego en este tema”, consideró Lara. “Que tres mujeres por unanimidad hayan avalado el pedido del fiscal no tiene asidero”, agregó.

Miguel Ángel Alvarez, de la Asamblea por la Soberanía de los Pueblos de Ezpeleta, Quilmes y Berazategui, que también participó del reclamo subrayó que “lo que reclamamos al estado es que en el caso de pueblos originarios no puede ser que haya costado tanto tener una traductora. Me extraña que la justicia no tenga en cuenta esto”.