Patricia Solorza cumplía condena en la Unidad Penitenciaria 47 de José León Suarez y murió por una enfermedad en la vesícula que no fue tratada a tiempo; murió esposada de pies y manos en una cama en una cama del hospital Bocalandro. Tenía 40 años, una hija de 10, otra de 17 y un hijo de 19 con retraso madurativo e hipoacúsico. Muchos meses antes de enfermarse en la cárcel, Patricia tendría que haber recibido la libertad condicional. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) hizo 5 presentaciones por su estado de salud; en 2016 ya había solicitado atención médica por un dolor en la vesícula, el mismo padecimiento que terminó con su vida. Nadie hizo nada. La desatención de la salud es la principal causa de muerte en las cárceles bonaerenses.

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“Cómo la tuvieron tanto tiempo mal sin llevar a un médico. No tuvieron ni un poco de humanidad y nada. Mi hermana se estaba muriendo en el penal y nunca la escucharon”, dice Luján Solorza. Y agrega: “No les importa la vida de las personas detenidas: ir a prisión es casi una condena de muerte”.

Patricia era madre soltera de tres hijos: una de 10 años, otra de 17 y Alejandro de 19, un chico con retraso madurativo e hipoacúsico por una meningitis adquirida cuando era niño. En 2014 Patricia fue condenada, en un juicio abreviado, a ocho años de prisión y trasladada a la Unidad Penitenciaria 47 de José León Suárez. En la cárcel comenzó a estudiar trabajo social en el Cusam (Centro Universitario San Martín), formaba parte del plantel de rugby de las Espartanas y del taller Yo no fui. Su conducta en el encierro, sumada al hecho de ser madre soltera y jefa de hogar con un hijo con discapacidad, debería haber sido tenido en cuenta por la justicia para adoptar una medida morigeratoria del encierro. Sin embargo, le negaron siempre la prisión domiciliaria.

Sólo, en el último tiempo, había logrado que le redujeran la condena un año y cuatro meses: iba a salir en noviembre en libertad condicional. “Ni antes ni ahora, nunca existió la justicia para mi hermana”, se lamenta Luján

Patricia enfermó en la cárcel y su estado de salud se fue empeorando cada vez más ante la desidia o el completo abandono del Servicio Penitenciario Bonaerense, que desoyó o minimizó cada uno de los dolores de su cuerpo.

“En mayo pidió que la vea un médico en un hospital. Venía de antes con dolor, pero esos últimos dos meses no aguantaba más y en el penal siempre le ponían trabas, que no había turno, que no había para trasladarla”, cuenta su hermana.

Patricia estuvo dos meses con diarrea y vómitos, en pocas ocasiones fue derivada al área de Sanidad donde le daban una inyección de buscapina. Durante dos meses, a pesar de los recurrentes dolores cada vez más intensos, no le realizaron ningún estudio que permita arribar a un diagnóstico.

“Había adelgazado mucho, se le notaban los huesos en las manos y en la cara, no tenía fuerza. La veíamos cada vez peor pero no hacían nada por ella”, recuerda Luján. “Las inyecciones de buscapina le servían un rato, le calmaba el dolor una hora y nada más. Había veces que dormía en el piso del dolor, pedía auxilio y no le daban bola”, agrega.

Luján también recuerda de aquellas visitas que su hermana sabía o, por lo menos, creía que era la vesícula. Ya había pasado por eso antes. El 20 de julio de 2016, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) había presentó un informe urgente ante el Juzgado de Ejecución 1 de Quilmes donde se solicitó atención médica por problemas en la vesícula y cálculos renales; es decir, las mismas dolencias que la llevaron a la muerte tres años después. Todos estaban al tanto de la situación de Patricia, pero nadie hizo nada.

Después de tantos reclamos, y ante un cuadro clínico que empeoraba cada vez más rápido, Patricia consiguió un turno en la Unidad Hospitalaria 22 de Olmos, pero no llegó. Un día antes, se descompensó gravemente y fue derivada hacia el hospital zonal general de agudos Dr. Carlos Bocalandro de San Martín.

El cuerpo médico del nosocomio determinó su internación de urgencia y comenzaron a realizarle estudios de vesícula; 11 días después, fue operada y le sustrajeron cálculos biliares. Patricia no podía ingerir alimentos y vomitaba: volvieron a operarla, primero, para colocarle una malla, después para realizar una limpieza interna por una infección intrahospitalaria que había adquirido y que comprometía varios órganos.

El 22 de julio, casi un mes después de ingresar al hospital, fue internada en terapia intensiva y dos días después operada por cuarta vez. Desde entonces, hasta el día de su muerte, permaneció inducida a un coma farmacológico. También permaneció, a pesar de su grave estado de salud, esposada a la cama de pie y mano. Aun cuando los integrantes del cuerpo médico habían manifestado su rechazo.

En ese momento, en un habeas corpus presentado por la CPM ante el Juzgado de Ejecución 1 de Quilmes, el organismo destacó que la sujeción de pies y manos de una persona con las afecciones de salud y en el estado de Patricia no sólo era una medida de seguridad ilógica, irracional y contraria a la dignidad humana sino que también dificultaba el desempeño del personal médico.

“Los médicos nos decían que había llegado mal, que no debería haber pasado tanto tiempo para ser operada. Pero se murió en terapia, esposada de manos y pie. No tuvieron compasión”, se lamenta.

Siete de cada diez personas que mueren en las cárceles bonaerenses, mueren por problemas de salud no atendidos. Son muertes evitables, como la de Patricia.

“Era mi hermana mayor, siempre hizo todo por la familia. La esperábamos de vuelta, sus hijos la estaban esperando. Sólo puedo sentir que la justicia no exista, no existió para mi hermana”, cierra Luján.