La semana pasada el Juzgado de Ejecución de Dolores, a cargo del magistrado Matías Zabaljauregui, hizo lugar al habeas corpus colectivo presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en virtud de las graves deficiencias materiales y de alojamiento denunciadas en el pabellón 6B de la Unidad Penal 6 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). La presentación surgió a partir de la inspección que el organismo realizó en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura (MLPT) el pasado 11 de agosto. En ocho pequeñas celdas de seis metros cuadrados cada una se hallaban alojadas 17 personas, con hasta tres en una misma celda. Las autoridades penitenciarias tendrán ahora 60 días para resolver las obras y medidas exigidas por el juzgado.

ANDAR en Dolores

(Agencia) El pabellón 6B de la UP 6 de Dolores se encuentra en la planta alta y, al momento de la inspección de la CPM, registraba una sobrepoblación de casi el 150 por ciento respecto al espacio mínimo que debe garantizarse por persona detenida. Ninguna de las ventanas –ni de las celdas ni de la nave principal del pabellón- contaba con vidrios y la instalación eléctrica es tan precaria que los cables cuelgan de las paredes y techos, sin tomacorrientes ni teclas de luz.

De hecho, durante una de las entrevistas las conexiones eléctricas produjeron una pequeña explosión que provocó un apagón de luz. Una de las personas tocó uno de los cables y volvió a encenderse. En otras celdas los detenidos narraron que para apagar o encender las luces debían manipular los cables con la mano.

A este cuadro se suma el deplorable estado de limpieza de los habitáculos, falta de mobiliarios –cada detenidos apenas cuenta con una silla y un camastro- y la deficiente cantidad y calidad de las raciones de comida que reciben en dos momentos: al mediodía y a las 16 horas, en concepto de almuerzo y cena respectivamente. Requisas vejatorias y falta o deficiente atención a la salud son otras de las graves problemáticas denunciadas por la CPM a través del habeas corpus colectivo y de carácter correctivo.

Recibida la acción judicial, el magistrado Zabaljauregui requirió a las autoridades de la UP 6 respuestas sobre más de 20 puntos relativos a las condiciones materiales y del régimen de vida en el pabellón mencionado, además de haber ordenado un conjunto de medidas urgentes.

En ese marco, luego de reunidas las constancias necesarias, consideró que el SPB a través de las autoridades correspondientes debía resolver en el término de 60 días los graves problemas denunciados por la CPM. En primer lugar, respecto a las condiciones materiales ordenó la inmediata reparación o instalación de vidrios en todas las ventanas del pabellón, incluyendo la de la cocina.

Prohibió de forma terminante y definitiva el tendido aéreo de cables sin punto ni toma que la UP misma reconoció como una instalación insegura y que no cumple con la normativa vigente. Le exigió así presentar un plan de acción para la adecuación total de la instalación eléctrica del pabellón a la reglamentación aplicable, incluyendo la certificación técnica que así lo avale.

Respecto a duchas y sanitarios estableció que a la brevedad se deben instalar los adminículos necesarios para separar las duchas y colocar las rejillas de desagüe faltantes, a fin de garantizar un mínimo de privacidad e higiene en el sector.

Y sobre las requisas, el juez consideró que la UP no brindó la información precisa y necesaria a los fines de evaluar su regularidad y legalidad. Por eso intimó al SPB a remitir un registro de las últimas 10 requisas en el pabellón 6B detallando fecha, horario y personal a cargo para corroborar el cumplimiento del procedimiento.