La Comisión Provincial por la Memoria realizó un acto público para recordar a las 33 personas asesinadas en la Masacre de Magdalena, exigir justicia y reclamar el respeto de los derechos de las personas privadas de su libertad. El evento contó con la participación de familiares de las víctimas, otros organismos patrocinantes (CIAJ y CELS) y organizaciones sociales contra la tortura y la violencia carcelaria (ACIFAD, Asociación Civil Camino al Siglo XXI, FAVISIC, La Cantora, Covic, APDH La Plata y la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional) y familiares víctimas de la violencia policial.

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Con la adhesión de organismos de derechos humanos y actividades durante todo el día, más de 150 personas conmemoraron ayer la Masacre de Magdalena. La jornada finalizó con un acto público convocado por la CPM que contó con la presencia de familiares de las víctimas, la participación de Hugo Cañón, consultor académico de la CPM, y los miembros Mauricio Tenembaun, Roberto Cipriano García.

“Quiénes estamos comprometidos con la vida humana, debemos estar cargado de indignación para que la demanda de justicia sea constante. Los jueces tienen responsabilidad primaria, y también son responsables quienes dirigen el aparato de poder carcelario”, expresó Hugo Cañón durante el acto de cierre realizado en el auditorio de la CPM de calle 54 en la ciudad de La Plata.

Hace diez años, personal del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) ingresaba al pabellón 16 de la Unidad Penal 28 de Magdalena portando escopetas con munición antitumulto para responder a una discusión entre dos internos. Los agentes dispararon balas de goma a quemarropa provocando heridas graves, golpearon a los detenidos que se tiraban al piso y lanzaron a los perros contra ellos.

Frente a la violenta represión, algunos internos iniciaron un foco de incendio en el fondo del pabellón. Los penitenciarios se replegaron y cerraron la puerta con candado. 58 personas fueron encerradas en un pabellón en llamas por decisión de las autoridades que las custodiaban, 33 murieron quemadas y asfixiadas. Fue una masacre: no un motín, no una tragedia ni un accidente. “Los elementos de la causa hablan de una acción deliberada que impidió que los detenidos pudieran salvarse”, mencionó Rodrigo Pomares, coordinador del área de Justicia y Seguridad Democrática de la CPM.

“La crueldad se prolongó después cuando se ordenó aislar a los sobrevivientes en distintas cárceles de la provincia como para que no pudieran articular un relato dolido sobre lo que en realidad había pasado. En definitiva, existe un mecanismo de la perversión que lleva al descarte de las personas”, amplió Hugo Cañón.

Magdalena no fue un episodio azaroso: unos días antes de la masacre, la CPM había realizado una inspección y se había detectado un alto índice de sobrepoblación. Se había presentado un habeas corpus que denunciaba las condiciones de posibilidad para que eventos trágicos como este ocurrieran.  “Todas las autoridades políticas de la época estaban en conocimiento pleno del hacinamiento, condiciones de detención,  falta de sistemas y protocolos básicos de seguridad, por lo que volvemos a decir que hay responsabilidades materiales y políticas, que su siguen sin pagar los costos”, detalló Pomares.

Diez años después, la causa todavía no ha llegado a juicio. Como sucede cada vez que se intenta condenar los delitos perpetrados por las fuerzas de seguridad del Estado, los familiares luchan durante años para lograr justicia y, sin embargo, existen escasas condenas. “Hay una intencionalidad política en la demora de estas causas y constituye, en efecto, una negación de justicia”, sostuvo Margarita Jarque, directora del programa de Litigio Estratégico de la CPM.

“Es injusto que diez años después tengamos que seguir acá y que mi hijo no esté”, expresó con dolor Rufina Verón, madre de César Javier Magallanes, una de las 33 víctimas de la masacre de Quilmes. “Cada aniversario es revivirlo otra vez. Les quitaron el derecho a la vida y la justicia tiene que poner un límite para que no siga pasando”, mencionó Carina, la hermana de César, y agregó: “Las cárceles no permiten la resocialización de ningún interno”. También estuvieron presentes en la jornada de reflexión y memoria las familias de Abraham Mosqueira, de Abel Pereyra y de los hermanos Lucas y Marcos Granado, quienes coincidieron en denunciar las extremas condiciones de detención y sostuvieron la necesidad de juntarse y organizarse ante la impunidad y complicidad judicial.

En la misma línea, Eva Asprela en representación del CELS explicó que la situación carcelaria “es también una responsabilidad de los que administran justicia: la justicia penal se vale del discurso del encarcelamiento para seguir funcionando”. Por su parte, Esteban Rodríguez Alzueta habló en representación del CIAJ y advirtió que “la desidia institucional es posible porque hay sectores judiciales y actores sociales que consideraron a las víctimas de esta masacre como ciudadanos de segunda”.

Recién 10 años después, la causa llegará a juicio con 17 funcionarios y agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense acusados, algunos por abandono de persona seguido de muerte y otros por homicidio culposo agravado. Pese a los reclamos y pedidos de la CPM, no se ha conseguido que sean imputados los responsables políticos.

“La masacre fue parte de un diseño institucional estructurado por el Servicio Penitenciario. Un diseño que emplea la tortura como práctica sistemática, la sobrepoblación, hacinamiento y corrupción. Y que provoca muchas muertes, violentas o por cuestiones de salud no asistidas. Estas masacres son posibles porque el poder judicial garantiza impunidad. A 10 años, los crímenes de Magdalena reclaman verdad, justicia y memoria”, concluyó Roberto Cipriano García.