La semana pasada el vocero presidencial Manuel Adorni había anunciado el cierre y desalojo de la redacción de un medio digital que –de acuerdo al funcionario- ocupaba ilegalmente un sector del Espacio de la Memoria Virrey Cevallos y que se financiaba con recursos del presupuesto nacional gracias a “acuerdos políticos promovidos por la gestión anterior”. Sin embargo, los integrantes del proyecto El grito del Sur desmontaron rápidamente la acusación al recordar que hasta la señal de wi-fi era pagada por ellos mismos y que nunca recibieron recursos económicos ni del sitio de memoria ni del gobierno nacional. En diálogo con ANDAR, el ex coordinador del sitio, Osvaldo López, detalló que el proyecto periodístico surgió a raíz de un convenio de prácticas preprofesionales con la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y se enmarca en los objetivos de la ley nacional de sitios de memoria.

ANDAR en la memoria

(Agencia) “Somos parte de los espacios que quedamos en la mira del gobierno en su ofensiva contra las políticas de memoria, porque lo que buscan es silenciar el relato histórico antagónico al propuesto por el gobierno. Y para no enfrentarse directamente con todos los organismos de derechos humanos eligen el camino del vaciamiento presupuestario, los despidos masivos y la consecuente parálisis de las actividades que en cada sitio se desarrollan”, afirmó a ANDAR uno de los despedidos del Espacio Memoria Virrey Cevallos, el ex coordinador del sitio Osvaldo López.

El Cevallos es uno de los ex centros clandestinos de detención que mayor recorte de personal ha sufrido en el último año y medio: quedaron sólo cuatro personas contratadas de un total de ocho. Asimismo, dos de los que aún mantienen su puesto lo hacen sin haber firmado una renovación de contrato ni nada que certifique su prestación de servicios, más allá de la cuenta sueldo en la que reciben sus haberes.

De todas las actividades que se ofrecían en el sitio (capacitaciones pedagógicas y prácticas profesionales de formación docente, ciclos de cine, talleres artísticos, muestras fotográficas, biblioteca popular, ciclo de charlas debate) sólo se mantienen las visitas guiadas, aunque en menor frecuencia y cantidad de visitantes en cada recorrido.

Cabe recordar que Virrey Cevallos funcionó como CCD entre 1976 y 1983 en un inmueble del barrio porteño de Monserrat. Dependía del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea pero según testimonios de sobrevivientes también operaron en el lugar miembros de la Policía Federal Argentina y del Ejército Argentino. En 2004 la legislatura de la ciudad de Buenos Aires declaró al edificio sujeto a expropiación y como sitio histórico, y finalmente en enero de 2009 la casa fue abierta al público.

Tras más de 15 años, todas sus iniciativas, proyectos y programas funcionaron acorde  a los objetivos y bajo las exigencias de la ley 26.691 de Preservación, señalización y difusión de sitios de memoria, y allí se enmarca el funcionamiento del proyecto periodístico El grito del Sur en las propias instalaciones del Virrey Cevallos. En ese sentido, la ley propicia “la participación de universidades nacionales u otras instituciones educativas para cooperar en el estudio y la investigación sistemática de los hechos históricos acontecidos durante el terrorismo de Estado”, al tiempo que promueve “todo tipo de actividades educativas, de investigación, capacitación y difusión relacionadas con los hechos allí acaecidos”.

Según detalló a ANDAR Osvaldo López, inicialmente un grupo de estudiantes de Comunicación Social y de otras carreras de Ciencias Sociales de la UBA realizaron prácticas pre-profesionales en el Virrey Cevallos; luego, una vez recibidos, presentaron formalmente un proyecto periodístico a desarrollar en el sitio con el objetivo de visibilizar su historia y la del resto de los espacios, así como el desarrollo de una agenda informativa con perspectiva en derechos humanos y memoria.

Todo esto quedó formalizado en un convenio, y en ningún momento los integrantes de El Grito del Sur recibieron una contraprestación económica desde el sitio ni de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. Hasta la red wi-fi que utilizan fue contratada por ellos mismos, paralela a la que abastece de señal de internet al sitio Virrey Cevallos. Lo mismo ocurre con los teléfonos celulares y el mobiliario de la oficina de redacción, todos elementos adquiridos por los integrantes del medio digital.

Aun así, el gobierno nacional, a través del vocero Manuel Adorni, acusó al proyecto periodístico de recibir más de 200 millones de pesos anuales por “acuerdos políticos con la anterior gestión” y de realizar una “ocupación ilegal” de un sector del inmueble, evidenciando la estrategia estigmatizante contra los sitios y políticas de memoria, verdad y justicia, y abonando en la creación caprichosa de sospechas de corrupción respecto a los organismos de derechos humanos.

“Los sitios de memoria son el resultado de una larga lucha social y su existencia es muy fuerte para este gobierno por lo que los quieren borrar. Sin embargo, podrán borrar instituciones, símbolos, conquistas, pero no borrarán de la memoria de la gente la conciencia de lo que provocó el terrorismo de estado en Argentina”, concluyó Osvaldo López.