El 11 de septiembre pasado ocurrió una inédita y brutal represión policial en Chile cuando miles de familiares de víctimas, sobrevivientes, organismos de derechos humanos, estudiantes y espacios sociales volvieron a marchar en conmemoración por un nuevo aniversario del golpe de estado de 1973. En diálogo con ANDAR, una de las referentes de la Casa Memoria José Domingo Cañas, Marta Cisternas, afirmó que “lo ocurrido en el Cementerio General fue un atentado contra la memoria y las familias de las víctimas, y confirma que en este país la crueldad de la represión se ha desatado”.

ANDAR en Chile

(Agencia) Como corolario de varias jornadas conmemorativas llevadas a cabo, durante la semana previa, por los movimientos feminista y de estudiantes secundarios de Chile –que terminaron con detenciones de niñas y niños de hasta 14 años y un despliegue de violencia inédito con móviles de choque y miles de efectivos de Carabineros en las calles-, la represión policial durante la marcha al Cementerio General de Santiago de Chile y la naturalidad con la que los integrantes de las fuerzas especiales destrozaron, pisaron y gasearon las tumbas del Memorial de Detenidos-Desaparecidos de la última dictadura, marcaron un nuevo piso para el desmadre de la violencia institucional al mismo tiempo que el gobierno eludió su compromiso para la realización de un acto oficial en memoria de las víctimas.

“La violencia institucional desatada en estos días de conmemoración comenzó dirigida a los estudiantes secundarios, que realizaron en Santiago, Valparaíso y Concepción, entre otras ciudades, jornadas previas en el interior de sus colegios y en la vía pública junto al movimiento feminista y a los organismos de derechos humanos, en la búsqueda de concientización por los crímenes ocurridos en nuestro país y en la construcción de la memoria colectiva”, explicó a ANDAR Marta Cisternas, referente de la Casa Memoria José Domingo Cañas.

La evaluación de ese organismo de derechos humanos chileno respecto al accionar policial sostiene que, en 2019, se profundizó respecto a años anteriores –ya de por sí, elevadas- la brutalidad y visibilidad que la violencia de Carabineros y sus fuerzas especiales despliegan sobre la movilización, manifestación y protesta social. En particular, destacan la inédita reforma de marzo pasado de los protocolos de actuación de esa fuerza, en base a la cual ahora pueden ingresar a establecimientos educativos con móviles, bastones, gases químicos y hasta con armas letales.

“Esta práctica siempre existió en Chile, pero lo que resulta muy grave es que hoy el Estado lo formaliza, lo legaliza y lo incorpora a unos protocolos en base a los cuales las fuerzas especiales pueden golpear a niñas, niños según sus criterios. Ya denunciamos este protocolo ante el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas, y solicitamos que se le prohíba al Estado chileno esos ingresos a las escuelas”, detalló Cisternas.

Entre los casos registrados, los organismos han denunciado decenas de niñas y niños en comisarías que llegan a pasar hasta 24 detenidos; relatos de malos tratos, golpes y hasta la obligación de desnudarse en los calabozos; se les ha negado información sobre el paradero de sus hijos a los padres que deambulan por las comisarías, hasta que finalmente les notifican sobre la ubicación real de los niños; entre otras prácticas.

“Situaciones de este tipo precedieron a la 43° marcha en conmemoración por las víctimas de la dictadura, que fue convocada en Plaza de los Héroes, a pocas cuadras del Palacio de la Moneda, y se dirigió hacia el Cementerio General de Santiago donde está el Memorial de los detenidos-desaparecidos, entre ellos Salvador Allende, Víctor Jara, y cientos de víctimas de crímenes cometidos por el estado”, narró Cisternas.

Tal como se observa en los videos que circulan por redes sociales, desde el comienzo de la marcha las fuerzas especiales de Carabineros no sólo provocaron, hostigaron y empujaron a las columnas de varios miles de personas en dirección al Cementerio, sino que varios marchantes fueron escogidos con algún criterio policial y, abierta y violentamente, sacados de la marcha para luego ingresarlos a los furgones policiales y enviarlos a comisarías.

En cuanto al despliegue de móviles policiales, también sorprendió la cantidad y diversidad: conocidos como “arietes” (conjunto de distintos móviles que incluye carro lanza-agua, carros lanza gases, un furgón para traslado de detenidos y una radio patrulla), se registraron al menos 11 en las inmediaciones del Cementerio, además de drones que sobrevolaban el predio y un helicóptero.

De acuerdo al relato de Cisternas, un episodio en el interior del memorial –cuando las corridas, golpizas y detenciones arbitrarias se habían generalizado- provocó un profundo impacto: uno de los abogados del Instituto Nacional de Derechos Humanos (que depende del Estado y permite que sus integrantes ingresen a los furgones policiales para evaluar el estado de los detenidos) estaba adentro del vehículo junto a dos detenidos cuando explotó una bomba de gas lacrimógeno. Fueron los manifestantes, y no los integrantes de las fuerzas especiales, quienes lucharon para abrir las puertas y pudieran así salir las tres personas encerradas.

Agrega Marta Cisternas: “Hay que considerar que, en el Cementerio General, mientras ingresan centenares de miembros de Carabineros, había familiares de las víctimas junto a las tumbas dejando ofrendas florales y recordando a sus seres queridos. Ese fue el contexto de las corridas entre las tumbas. Y ocurrió un episodio que nos desbordó, por lo inédito del accionar policial: como los integrantes de nuestro espacio teníamos máscaras antigases, nos quedamos allí, mientras la gente se dispersaba. Una joven se aferró al brazo de un compañero nuestro –llevamos chaquetas que nos identifican-  y detrás de ella llegó un piquete de agentes que comenzaron a golpearla. Es decir, la golpearon junto a un observador de derechos humanos”.

Para la referente de la Casa Memoria José Domingo Cañas, la responsabilidad de lo ocurrido en esta fecha tan relevante para el pueblo chileno es del Ministerio del Interior y la Municipalidad de Santiago, quienes todavía no han respondido los pedidos de información pública respecto a cuántos detenidos hubo, cuantas personas lesionadas, si se utilizaron armas letales o no, entre otros aspectos que los organismos intentan aclarar.

“Desde el Ministerio del Interior es cada vez más difícil acceder a la información pública porque han empezado a justificar la negativa en base a la Ley de Seguridad Interior”, explicó.

“Tristemente vivimos un  momento de nueva oleada negacionista desplegada desde el gobierno de Chile, que no hizo nada en relación al golpe, ningún acto oficial, algo imprescindible en una democracia que recuerda a las víctimas y que promueve el estado de derecho. Hace unos días apareció una columna a página competa en el diario El Mercurio donde se hace alusión a lo bueno que fue el golpe de estado que evitó que nos convirtiéramos en otra Venezuela. Frente a todo esto es que seguiremos trabajando con la sociedad civil para mantener viva nuestra memoria como pueblo y lograr que la violencia de estado sea definitivamente erradicada”, concluyó Cisternas.