Llegó la hora de los alegatos en el juicio a 6 funcionarios del Servicio Penitenciario Bonaerense por matar a golpes y patadas a un detenido durante una visita. Los representantes de la familia de Patricio Barros Cisneros y la fiscalía pidieron condenar a todos los imputados a cadena y prisión perpetua, respectivamente, por tortura seguida de muerte.

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(Agencia) La lluvia sonaba contra los techos cuando, a partir de las 11 de la mañana, en el TOC 4 de San Martín se desarrollaron los alegatos en el juicio en el que se acusa a una patota de penitenciarios de ejecutar a golpes a un detenido. En la descripción de los hechos que llevaron a la muerte de Patricio Barros Cisneros, tanto la fiscal Paula Leiva como Eva Asprella y Mariano Lanziano -los abogados del CELS que representan a la familia Barros- coincidieron en que estos funcionarios deben ser condenados a perpetua por tortura seguida de muerte.

Ambos alegatos se detuvieron en fundamentar por qué se trata de un caso de torturas y en explicar por qué cada uno de los acusados tuvo una participación necesaria en la coautoría del asesinato, a la vez que destacaron como prueba central, por su contundencia, el testimonio de los detenidos que presenciaron el crimen.

Otro punto importante de la jornada fue que la fiscal solicitó se investigue a la jefatura de la unidad y a los responsables ministeriales que difundieron y avalaron la versión de que Patricio se había suicidado golpeándose él mismo contra las rejas del pasoducto donde fue asesinado. Con amplia adhesión del CELS, Leiva pidió se investigue por encubrimiento agravado quiénes participaron de la construcción de “una versión que luego ni las defensas pudieron sostener”. También se requirió que los dos acusados que no se encuentran detenidos sean enviados a prisión por peligro de fuga.

Ignacio Di Giano, integrante del Comité Contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria que se encuentra acompañando al CELS y la familia en el juicio, destacó “La contundencia del CELS, la valentía de la fiscalía, y el dolor de una familia. La verdad,  la realidad es clara, ahora esperamos por la justicia”.

Transformar “el dolor en lucha”

“La golpiza empezó con 3 penitenciarios, después se fueron sumando los otros, cada uno con su función. Nadie intentó detenerse o detenerlos, sólo se retiró Chaparro cuando Mario le ordenó que retirara a la única testigo no detenida del lugar. Tomaron una decisión en común y sabían que estaban excediendo el uso legítimo de la fuerza”, repasó Asprella.

“Esta muerte les debe ser imputada a todos como dolo eventual. Quienes participaron de la golpiza se representaron la posibilidad de esa muerte pero continuaron perpetrando el hecho, aun cuando Patricio suplicaba que pararan y cuando un testigo les advirtió que lo iban a matar”, había desarrollado Leiva, quien por eso consideró que “no hay eximentes ni justificación que se pueda valorar” menos teniendo en cuenta que son personas formadas para la custodia de detenidos.

Además, Patricio “fue denigrado psicológicamente durante toda la golpiza”, añadió Lanziano y describió el clima hostil que implica el contexto de encierro donde el detenido estaba esposado con las manos en la espalda y en un estado de total indefensión ante el  grupo de personas que estaban cometiendo el delito cuando eran los que estaban a cargo del lugar. Este  contexto de la cárcel fue tomado también como agravante en el alegato de la fiscal.

Para concluir, Asprella evaluó que “estamos ante un delito que constituye graves violaciones a los derechos humanos, por eso necesita que el estado ejerza la protección a las víctimas e investigue y castigue a quienes lo llevaron a cabo, más aun tratándose de los agentes penitenciarios que debían velar por la integridad de las personas privadas de su libertad”. Desde el CELS también subrayaron que la tortura, en este caso padecida por Patricio Barros Cisneros, “no es un hecho aislado sino una situación constante en el Servicio Penitenciario Bonaerense”.

A estas graves vejaciones, la abogada agregó que para determinar la gravedad de la situación también era necesario tener el cuenta el dolor causado a la familia de Patricio “y a su mujer, Giselle que, con sólo 18 años y embarazada, vio cómo mataban a su pareja. A este gran dolor se sumó otro, uno de los peores -y nos cuesta decir esto- porque Giselle perdió a su hijo. De todas formas esta familia pudo transformar su dolor en lucha, y por eso tienen esperanzas en este proceso”, cerró.

La Comisión Provincial por la Memoria, que viene acompañando el caso y en esta instancia el juicio, realizó el registro audiovisual de los alegatos.

La cobertura de Andar