SEGURIDAD La justicia suspendió la medida que permitía alojar detenidos en comisarías
El juez Luis Arias dictó una medida cautelar que suspende la aplicación de la Resolución 642/2014 que permitió el alojamiento de personas en comisarías.
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(CIAJ) El magistrado dispuso, además, que los jueces a cargo de los detenidos que hoy están en las comisarías resuelvan su situación. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) habían presentado una denuncia pidiendo la anulación de ese acto administrativo. El juez, de acuerdo con la presentación de los organismos de derechos humanos, entendió que prima facie el contenido de la medida “resulta regresiva respecto de los estándares mínimos en materia de condiciones de detención y podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado” y que desde la declaración de la “emergencia de seguridad” la situación se agravó.
El magistrado señaló, además, que de acuerdo a “los relevamientos efectuados por los peritos como los informes producidos por las autoridades se desprende que la estructura edilicia de las seccionales policiales bonaerenses no es apta para cumplir con las detenciones ordenadas por los magistrados de la justicia penal, toda vez que no cumplen con los estándares internacionales”. La resolución del ministro Alejandro Granados implica para el juez un retroceso respecto del cierre progresivo de los calabozos de comisarías que había implementado el Ministerio de Justicia y Seguridad en resoluciones anteriores.
[pullquote]también se dispuso que los jueces a cargo de los detenidos que hoy están en las comisarías resuelvan su situación[/pullquote]
La norma que el ministro Granados firmó en mayo de este año contradice lo fijado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Verbitsky H. s/habeas corpus” que exigió la adecuación de las condiciones de detención a las reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos. El Relator para las personas privadas de libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también había recomendado en 2010 el cese del uso de “calabozos” en la Provincia de Buenos Aires.
En mayo de 2014 la provincia alcanzó la cantidad de detenidos más alta de la historia: 33.166. El 60% de estas personas no tiene condena judicial. La decisión del juez Arias ratifica que las advertencias que se habían realizado sobre el aumento de las detenciones en la provincia de Buenos Aires iban a conducir al colapso del sistema penitenciario bonaerense. Las personas privadas de su libertad sufren las violaciones de sus derechos por el hacinamiento, la tortura y otras formas de violencia institucional
